La relación entre Panamá, First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá ha dado un giro sin aparente retorno. La mañana de este 24 de diciembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) informó que ambas empresas adelantan “gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá”.
Uno de los procesos implica un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y el otro es un arbitraje de inversión, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC), país de origen de la inversión minera.
“A lo largo de este proceso, el Gobierno de Panamá ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina”, dijo el Mici a través de un comunicado divulgado a las 6:00 a.m. de este sábado.
El pasado 19 de diciembre de 2022, el Gobierno ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato ley de 1997 mediante el cual se otorgaba la concesión para la explotación en Donoso, provincia de Colón.
El Gobierno adoptó esa decisión casi un año después de haber aprobado un acuerdo preliminar con Minera Panamá, en enero de 2022, en el que se pactó un esquema de pago que garantizaba mayores aportes de la empresa al Estado.
El Gobierno de Panamá está preparado para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores con respecto a la mina de Cobre Panamá. pic.twitter.com/7rYJjwlbRk
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) December 24, 2022
Sin embargo, en la fecha programada para oficializar ese acuerdo, el Estado anunció que Minera Panamá había presentado un nuevo esquema fiscal que no guardaba relación con lo conversado y acordado 11 meses antes. Fue así que se tomó la decisión del cese de operaciones comerciales y el presidente Laurentino Cortizo contó que se buscaba otro operador para la mina que estuviera dispuesto a pagar un mínimo de $375 millones en aportes al Estado, que era lo que se había acordado con First Quantum en enero pasado. Cortizo dijo entonces que, en ese proceso de búsqueda, no se descartaba a Minera Panamá.
Posterior a esto, dijo el Mici, los directivos de First Quantum Minerals solicitaron a Panamá una reunión, la cual fue aceptada por el Gobierno.
Pero el viernes 23 de diciembre, a pesar del acuerdo de ambas partes en reunirse, First Quantum y Minera Panamá “adelantaron gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje”.
