La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate este miércoles 12 de febrero el primer grupo de artículos del proyecto de ley No. 10, que reforma la Ley No. 22 de 2006, que dicta el régimen de contrataciones públicas de Panamá.
Entre las propuestas aprobadas se incluyó la incapacidad legal para contratar a personas naturales que hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva en los cinco años que anteceden al acto público por la comisión de delitos contra la administración pública; delitos contra el orden económico; delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de uno o más años por un tribunal panameño o extranjero.
En el caso de compañías, quedarán incapacitadas cuando hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva por la comisión de los delitos citados anteriormente por tribunal panameño o extranjero, “siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas”.
Si el texto se mantiene según ha sido aprobado en primer debate, tampoco podrán participar en licitaciones públicas las personas y empresas que hayan alcanzado acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública; contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública.
Entre las causas para que una empresa quede incapacitada se incluye, además, que haya abandonado obras sin justificación.
