Aún no se sabe quién pagará por el plan de cierre de la mina ubicada en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón, antiguamente concesionada a la empresa Minera Panamá, S.A. (filial de First Quantum Minerals).
“Estamos ejecutando las bases para el plan de cierre”, dijo este miércoles 24 de enero de 2024 el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, en una entrevista en Telemetro Reporta. No mencionó quién pagará por la ejecución de dicho plan de cierre total.
En el noticiero matutino, el funcionario se refirió también al programa de preservación y manejo seguro de la mina, el cual −según los cálculos dados por la propia minera− costaría entre $15 millones y $20 millones mensuales.
“Estamos evaluando este plan de cuido y mantenimiento que nos permita validar la información que ellos están presentando”, dijo el ministro, luego de que Minera Panamá entregara, el 16 de enero pasado, el plan de mantenimiento y gestión que le había exigido el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Sobre el aporte de $567 millones que Minera Panamá entregó al Estado panameño en noviembre pasado, Rivera indicó que los mismos no se han devuelto a la empresa y permanecen en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá (BNP).
Agregó que actualmente, el costo del plan de mantenimiento y gestión lo asume Minera Panamá, la cual, insistió, no está realizando más labores de extracción y comercialización de cobre, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara que su contrato de concesión era inconstitucional, en un fallo divulgado el 28 de noviembre pasado.
Elaborar ese plan usualmente toma entre seis a 18 meses, pero el ministro dijo que “no tenemos ese tiempo”, por lo que toca hacer “ajustes”. Una vez adoptado el plan, ejecutarlo podría tomar entre siete a ocho años, calculó el ministro.
En medio de este proceso, se deben desarrollar auditorías ambientales, económicas y fiscales. “Esas auditorías nos va a decir si hemos tenido afectaciones ambientales, si hay pasivos ambientales que compensar y todas las circunstancias”, dijo el ministro. Esos estudios sí los pagaría el Estado panameño. “Lo último que podemos permitir es que tengamos una circunstancia que ponga en riesgo la estabilidad del sitio”, aseveró.
Hay que recordar que el 28 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
