El abogado Edgar Alexis Iglesias, recién designado agente residente de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), ejerce esa misma función en Grand Bell International, S.A., una concesionaria de la terminal de carga que recientemente ganó un arbitraje al Estado sobre la construcción de bodegas de almacenaje.
Grand Bell obtuvo la concesión directa por 20 años para subarrendar galeras el 2 de abril de 2012, cuando el gerente de Aitsa era Juan Carlos Pino. Para entonces, el gerente de Asesoría Legal de aquella época en Aitsa era Iglesias, quien ahora ha regresado a Tocumen, dos administraciones después.
El pasado 8 de julio, la junta directiva de Aitsa (que todavía preside el exministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro), en una “reunión de urgencia extraordinaria”, otorgó poder “general, amplio y suficiente” al nuevo gerente de la terminal, José Antonio Ruiz Blanco, quien reemplazó a Raffoul Arab.
Este poder permitirá a Ruiz administrar todo el patrimonio de Aitsa, convocar a actos públicos, celebrar contratos por hasta $300,000, firmar los documentos sobre gastos de funcionamiento presupuestados, otorgar concesiones por hasta $10,000 con entidades gubernamentales (bancos, lotería, correos, promoción del turismo), presentar demandas y/o denuncias y firmar adendas, convenios y arreglos de pago, entre otros asuntos.
La decisión fue apoyada por Alfaro y el resto de la junta directiva, en la que todavía figuran otros tres miembros del gabinete de Laurentino Cortizo: Rafael Sabonge e Iván Eskildsen, ministros de Obras Públicas y de Turismo, respectivamente, y Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas.
Almengor, Sabonge y Eskildsen fungen como vicepresidente, tesorero y secretario de Aitsa, respectivamente. Alfaro, como ya se dijo, es el presidente. La junta directiva la completan Elida Vargas, Vidalia de Casado y Silvana Gómez, representantes de los trabajadores, de las aerolíneas y de los concesionarios, respectivamente.
La junta directiva también acordó nombrar a Iglesias como agente residente de Aitsa. El pasado 10 de julio, el propio Iglesias se presentó a una notaría para protocolizar el acta de la reunión de urgencia extraordinaria de la junta directiva.
Contactado por La Prensa, Iglesias envió una copia de su renuncia como agente residente de Grand Bell International, con fecha del 12 de junio. Sin embargo, esta aún no se refleja en el sistema de consultas electrónicas del Registro Público. En cambio, la designación de Iglesias en Aitsa, acordada cuatro semanas después, ya consta en el Registro Público.
“Había acordado con la empresa que ellos se encargarían del trámite. Lamentablemente para mí en este caso, no lo han hecho. Por tanto, les voy a solicitar que lo tramiten de una vez. Consciente de la situación renunciamos oportunamente”, aclaró a La Prensa.
Contrato, rescisión y arbitraje
La construcción de las mencionadas galeras en la terminal de carga se inició el 25 de junio de 2014, apenas una semana antes del cambio de gobierno y la consecuente toma de posesión del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
La nueva administración del aeropuerto ordenó una auditoría al contrato de Grand Bell y, el 21 de septiembre de 2017, se firmó la rescisión del contrato. Al año siguiente, la sociedad presentó la demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Grand Bell logró que el tribunal arbitral (integrado por José Javier Rivera, Sheyla de Arias y Dilio Arcia, hoy fiscal electoral) declararan ilegal la decisión de rescindir la concesión. También se ordenó a Aitsa definir un nuevo cronograma de ejecución del contrato y pagar las costas del proceso, como gastos de administración y honorarios de abogados, árbitros, peritos, etc. (en total, $836,382).
Además, el aeropuerto debe reconocer que, cuando el contrato fue rescindido, la concesionaria ya había invertido $3.2 millones. Si hay algo que reponer, producto del deterioro, lo deberá costear Aitsa.
El pasado 3 de julio, la terminal envió a la Contraloría un pago de $6 millones a favor del concesionario. El trámite no ha sido refrendado aún.
En enero de 2015, La Prensa publicó una nota sobre el alquiler de tres edificios en el Casco Antiguo a favor de la Presidencia de la República. En esa publicación, se vinculó a Gabriel “Gaby” Btesh con Grand Bell International, S.A.
Aunque el nombre de Gaby Btesh no está visible, en el Registro Público figura que la secretaria y suscriptora de Grand Bell es Ailedsabel González, persona de confianza de Btesh y abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi, que el empresario fundó con el fallecido exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi.