La propuesta de presupuesto para el año fiscal de 2025 que contempla una reducción de 15% en los recursos asignados en comparación con la partida de gastos que se ejecuta este año, fue calificada como positiva por analistas económicos del país.
El Consejo de Gabinete aprobó un presupuesto por $26,084 millones de los cuales $20,739 millones serán para funcionamiento y $5,345 millones para inversión.
Esta propuesta, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, representa una reducción de $5,402 millones con respecto al monto del presupuesto en ejecución del año fiscal de 2024 que sufrió un recorte de $1,387 millones.
El economista Carlos Araúz, indicó que aunque es positiva la decisión del actual gobierno de proponer un menor presupuesto para el año 2025 y seguir con una política de reducción del gasto, la realidad es que las finanzas del país se encuentran en una situación difícil con menores ingresos y compromisos legales que atan al Ejecutivo para poder maniobrar y hacer más eficiente el gasto.
“El tema es que los números reflejan la cruda realidad del endeble estado de las finanzas públicas. No estamos recaudando el nivel de impuestos que necesitamos, el nivel de ingresos. Y por otro lado, tenemos una acumulación de ineficiencias absurdas que no contribuyen a la productividad. ¿A qué me refiero? Los últimos 10 años de negociaciones con maestros, profesores, doctores, enfermeras, médicos, en fin, han creado una situación de ajustes por el lado del gasto, que en la actual administración hay muy poco margen para hacer por el lado de gasto”, planteó Araúz.
Indicó que la reducción en más de $4,000 millones planteada para 2025 lamentablemente tendrá un efecto en la partida de inversiones.
“Nosotros albergábamos la esperanza de que hubiese espacio para más inversión, para que la balanza finalmente se convirtiera de nuevo, en un presupuesto que genera empleo, un presupuesto que busca bienestar, pero aparte de educación y salud, pues es muy poco lo que vamos a poder hacer con ese presupuesto”, dijo Araúz.
Por su parte el economista Eric Molino Ferrer, indicó que es positivo que el país marche hacia un presupuesto que demuestre una disciplina fiscal.
Mencionó que la administración pasada fue irresponsable al aprobar un presupuesto que proyectaba unos ingresos ilusorios los cuales, comparados con la recaudación real a agosto, muestran estar 15% por debajo de la meta y casi 3% por debajo del 2023. Lo que ha dejado a las finanzas públicas comprometidas.
Sostuvo que la propuesta del ministro Felipe Chapman de presentar un presupuesto que no solo es inferior al inflado de 2024, sino inferior al de 2023, transmite confianza en el manejo de las finanzas públicas.
“Esto seguramente será bien recibido por los mercados de capitales globales. Esta confianza debe traducirse en un menor costo de financiamiento para el Estado, lo que a su vez deberá ayudar a acercarnos a la meta de déficit sobre el producto interno bruto”, apuntó.
Revisar subsidios y gastos innecesarios
El economista Fernando Aramburú Porras, dijo que es vital que se mantenga la disciplina fiscal para reducir el déficit fiscal desde más de 4.5% en el que se proyecta cerrar este año, a 1.5% dentro de tres años.
“Tiene que tener un presupuesto más ajustado, más prudente y más austero. Se tendrán que reducir gastos innecesarios, pero también revisar exoneraciones, incentivos tributarios y subsidios”, indicó Aramburú Porras.
Precisó el economista Aramburú Porras que ante la negativa de elevar impuestos y aplicar una reforma tributaria y fiscal para el año 2025, la opción que debe aplicar el gobierno es ser más eficiente en la recaudación.
Carlos Araúz, por su parte, insiste en que aunque no se hará de inmediato una reforma fiscal y tributaria, la es que el país sí la necesita.
“Es tiempo de empezar a poner barbas en remojo y quizás analizar la posibilidad de una reforma fiscal y tributaria en los próximos dos años. Es un tema real. El presupuesto lo está reflejando a gritos”, dijo sobre el déficit fiscal es decir la falta de recursos que se percibe dada la reducción en los ingresos.
Molino Ferrer expresó que históricamente se ha tenido un gobierno interventor enfocándose en subsidios, exoneraciones y gastos, desplazando la gestión privada, para sostener el crecimiento del país sin que esto se haya traducido en desarrollo para todos.
“La transición hacia un estado facilitador que promueva la inversión privada local y extranjera permitiría que el Estado se enfoque en salud, educación y administración de la justicia, lo que hará de Panamá un país encaminado a un desarrollo más sostenible y equitativo”, sostuvo.