Durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 186, que busca inyectar fondos del gobierno central por 91.6 millones de dólares al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), el diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raphael Buchanan, cuestionaron la legalidad y el procedimiento utilizado para lo que él considera debería ser un traslado de partida.
Palacios expresó sus dudas respecto a la justificación legal de este mecanismo. “Nos surge la inquietud de por qué se está llevando esto como una ley y no como un traslado de partida ante la Comisión de Presupuesto. No logro encontrar en la ley del Seguro ni en la ley del Presupuesto algo que prohíba al gobierno central transferir fondos a la CSS, que es una institución descentralizada”, señaló.
Ante la inquietud, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, respondió que, al tratarse de una entidad autónoma, con un presupuesto separado, la normativa no permite hacer el traslado de manera directa.
“No podemos transferir como si fuera un traslado de partida usual del gobierno central. Tenemos que hacer un traslado de partidas internas dentro del Estado para poder acumular esos fondos y entregarlos a la CSS”, explicó.
Ante esto, Palacios citó el artículo 287 del Presupuesto del Estado, que establece la posibilidad de redistribuir asignaciones mensuales dentro del presupuesto público.
“Si el programa en este momento no cuenta con los fondos, se pudo haber trabajado esta operación mediante la redistribución de asignaciones mensuales, solicitando la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas”, argumentó el diputado.
El viceministro indicó que se requería la aprobación de una ley para proceder con el traslado interinstitucional, asegurando que esta era la interpretación de los asesores legales del ministerio.
No obstante, Palacios insistió en que en anteriores administraciones se habían realizado traslados de partidas hacia la CSS sin necesidad de elevarlo a ley.
Por su parte, Buchanan también argumentó que en múltiples ocasiones se han autorizado movimientos presupuestarios similares a través de la Comisión de Presupuesto sin requerir una legislación especial.
Ante esto, el director de Presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, confirmó que efectivamente se han dado traslados de partidas para diversas entidades, incluidas las “autónomas y semiautónomas, sin la necesidad de una ley”. Sin embargo, explicó que este caso requería un proceso distinto por tratarse de un fondo especial.
Buchanan, en respuesta, cuestionó que si la situación financiera del IVM era crítica, el gobierno debió haber considerado la urgencia del tema y agilizar la transferencia a través de mecanismos más expeditos.
“¿Usted no consideraría que el pago de pensiones y prestaciones de jubilados es una emergencia? Porque en menos de una hora hemos aprobado traslados de partidas en otros casos”, reclamó el diputado.
Según Mejía, al presentar la propuesta ante el pleno de la Asamblea en lugar de la Comisión de Presupuesto, se permitía que toda la ciudadanía conociera el debate en torno a la transferencia de recursos.
Sin embargo, el diputado perredista rechazó esta justificación y acusó al gobierno de intentar manipular la opinión pública.
“Lo que buscaban era desestabilizar al país, diciéndole a la población que la CSS probablemente estaba en quiebra y generando temor entre los jubilados”, afirmó.
Además, denunció que este tipo de maniobras crean un precedente peligroso dentro del órgano legislativo, donde, a su juicio, se están tomando decisiones bajo presión en lugar de seguir los procedimientos adecuados.
“Hoy nos vienen con esto, mañana se inventan otra cosa. Lo que siento es que la Asamblea Nacional está siendo secuestrada, porque buscan que aprobemos un proyecto bajo presión, cuando la manera correcta de hacerlo era otra”, concluyó.
En este caso en particular, la asignación de fondos adicionales es exclusivamente para hacerle frente a las pensiones, debido a la falta de dinero para el pago a los jubilados en el mes de febrero.
En este sentido, el Gobierno central no tiene la obligación directa de proporcionar los fondos para el pago de pensiones, ya que la ley orgánica de la CSS solo lo obliga a hacer un aporte anual de $140 millones para tal propósito.
Esta podría ser otra de las razones por la cuales el gobierno de José Raúl Mulino prefiera dejar consignada la obligación de dar los fondos a través de una ley, advirtieron varias fuentes consultadas.
La discusión de esta ley en la Asamblea Nacional también envía el mensaje de urgencia de aprobar la ley que reforma el sistema de pensiones.
Cada mes se amplía el déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido, el cual se cubriría con los fondos del sistema mixto durante los primeros años de la unificación, a través de la creación de una sola cuenta común de reservas.
Un punto planteado durante el debate fue el impacto que tendría la no aprobación de la ley sobre los pagos a los beneficiarios de la CSS.
Según datos proporcionados, 23,000 jubilados podrían verse afectados el próximo mes si no se concreta la transferencia de fondos.
Palacios reiteró que “es importante hacer esta revisión para acotar que los mecanismos adecuados eran activarlo o tramitarlo por medio de la Comisión de Presupuesto”, concluyó.