Agosto fue crítico en materia de ingresos para el Estado. No solo se incrementó el déficit en comparación con la cifra presupuestada para los primeros 8 meses del año, sino que, por primera vez en el año, la recaudación no superó el monto registrado el año pasado.
Hasta julio, la tendencia era que, a pesar de estar por debajo de la cifra presupuestada, el monto recaudado había sido superior a los obtenidos en 2023, pero en agosto esa tendencia se cortó cuando los ingresos corrientes acumulados sumaron 4,309.4 millones de dólares.
La cifra representa un déficit de 779 millones de dólares en comparación con el monto estimado por el gobierno de Laurentino Cortizo para los primeros 8 meses del año, proyecciones que se utilizaron para sustentar el presupuesto de 2024, por 30,690 millones de dólares. Ahora, al déficit se suma una menor recaudación.
Entre enero y agosto de 2023, la recaudación alcanzó los 4,425 millones de dólares, dejando una diferencia negativa de 116 millones de dólares.
De la recaudación total hasta agosto, 3,414 millones de dólares corresponden a ingresos tributarios directos, lo que significó un déficit de 467.6 millones frente a la cifra presupuestada, mientras que los impuestos indirectos sumaron 1,578 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comentó recientemente que, además de potenciar los ingresos, también es necesario controlar los gastos, así como priorizar la focalización de los subsidios, debido a que el control de las finanzas públicas es un compromiso de la actual administración con el país.
“Tomamos medidas muy rápidamente, como el programa de contención de gastos, por 1,387 millones de dólares”, señaló Chapman durante su participación en el evento Inside LatAm: Centroamérica 2024, El futuro de Centroamérica ante retos crediticios de corto y mediano plazo, organizado por Moody’s.
En cuanto a los ingresos no tributarios, como peajes y servicios del Canal de Panamá, y el pago por concesiones, la Dirección General de Ingresos (DGI) recaudó 875.2 millones de dólares, 230.5 millones de dólares por debajo de la cifra presupuestada por la pasada administración.
“Los ingresos no tributarios acumulados en tasas, derechos y otros reflejaron un déficit del 25.7% en relación con el presupuesto. Presentan una disminución de 11.2 millones de dólares frente al año anterior.
En participación de utilidades y aportes, muestran una recaudación menor en 6.5 millones de dólares al presupuesto; sin embargo, presentan un aumento frente al año 2023 de 12 millones de dólares”, indicó la DGI en su reporte de agosto.
La participación de utilidades y aportes acumulados al mes de agosto sumó 228.2 millones de dólares, entre ellos, 45.9 millones de dólares aportados por la Lotería Nacional de Beneficencia, 69.7 millones de dólares de la Autoridad Marítima de Panamá, 10 millones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y 27 millones del Banco Nacional de Panamá, entre otros.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, comentó que la situación actual, que se advirtió a tiempo, tendrá un impacto sobre el presupuesto de 2024.
“El ministro del MEF ya lo ha advertido y, además, hablado con claridad y responsabilidad a las calificadoras de riesgo y a los tenedores de deuda panameña. Tocará tener austeridad y racionalidad en el manejo de las finanzas públicas”, indicó Rosas.
Por su parte, el economista Carlos Araúz señala que el déficit entre la recaudación real y la presupuestada, así como un menor pago de impuestos por parte de los contribuyentes, era de esperarse en un escenario de bajo crecimiento, combinado con poca disciplina fiscal durante la pasada administración.
Indicó que el gobierno anterior había presupuestado 3,000 millones de dólares más en recaudación sobre las cifras de 2023, lo que se convirtió en una camisa de fuerza para la administración que tomó el control del país el pasado primero de julio.
Araúz comenta que, además de mejorar los métodos de recaudación de impuestos, también es importante modernizar la legislación panameña para incorporar tributos como el impuesto global, respetando los regímenes especiales para atraer inversión extranjera directa, como las sedes multinacionales, entre otros.
Otra recomendación que hace Araúz es establecer una moratoria, pero que no sea similar a la ejecutada por el gobierno anterior durante los últimos meses de gestión, que solo tenía como objetivo alcanzar la cifra presupuestada.
Indica que, con los números actuales, no se logrará la cifra presupuestada, lo que significa que será necesario, tal como lo confirmó Chapman, elevar el tope del 2% en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Chapman ha comentado que haciendo cálculos de los ingresos, y las limitaciones para reducir los gastos, es evidente que es imposible cumplir con el 2%. Estamos trabajando en eso, pero la cifra va a ser superior al 2%”, apuntó al indicar que tendrán que elevar ese tope que impone la ley.
Ha señalado que esperan justamente modificar esa arquitectura de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal debido a que tiene mucha rigidez y es poco efectiva. “No incluye el concepto de un déficit estructural o cuando cambia el ciclo económico”.