El Gobierno cubano extendió por tercera vez en menos de dos años -y hasta junio de 2023- la norma que permite a los viajeros que arriben a la isla traer alimentos, útiles de aseo y medicamentos sin límites ni aranceles.
La medida es un paliativo que responde a la crisis económica por la que atraviesa el país, agravada desde hace dos años y que se traduce en escasez, una elevada inflación, la dolarización parcial de la economía -el mercado cambiario compite con el del mercado informal, con una tasa mayor a la oficial- y largas filas para conseguir víveres.
El Ministerio de Finanzas y Precios justificó la extensión, al considerar que persisten las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el mercado nacional como efecto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce la administración estadounidense a nuestro país.
El Ejecutivo señala a Estados Unidos y a la crisis económica que trajo consigo la pandemia de covid-19 como las principales causas, sin embargo, en su discurso al parlamento cubano el pasado miércoles, el presidente, Miguel Díaz-Canel, también agregó elementos como las ineficiencias y obstáculos generados por la impericia y errores en la gestión.
En su intervención, el mandatario dijo sentir una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de conseguir los resultados que necesita el pueblo. Cuba emitió por primera vez las exenciones a la importación no comercial de alimentos y medicinas justo después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 -las mayores en décadas- en las que una de las diversas razones que movilizaron a los manifestantes fue el desabastecimiento de productos básicos.
Estas medidas también han sido criticadas por solo impactar a los insulares que tienen familiares en el exterior o que cuentan con los recursos suficientes como para viajar en avión. antes de las movilizaciones de 2021, muchos cubanos recurrían a las llamadas “mulas”, que ingresaban en su equipaje con productos de otros países y cobraban una compensación. El Ministerio de Finanzas y Precios emitió una segunda resolución en diciembre de 2021 y extendió la medida hasta el 30 de junio de 2022. En mayo se hizo una segunda prórroga que culminará el 31 de este mes.
