La venta de terrenos estatales a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por alrededor de $100 millones se convirtió en uno de los ingresos extraordinarios que han contribuido al proceso de consolidación de las finanzas públicas durante 2026, de acuerdo con la más reciente evaluación de Fitch Ratings sobre Panamá.
La operación permitió al Estado obtener liquidez por la venta de terrenos públicos a la ACP, recursos que ingresaron a las arcas públicas.
El tema ha tomado relevancia tras la actualización del 16 de julio de Fitch, en el que señaló que los datos fiscales correspondientes a los primeros cinco meses del año muestran que la consolidación fiscal está encaminada, respaldada por una venta extraordinaria de terrenos al Canal equivalente a 0.2% del producto interno bruto (PIB) y por nuevos recortes al gasto de capital.
La calificadora indicó que el gasto de capital registra una reducción de 7.5% frente al nivel del año pasado, que ya había sido el más bajo de los últimos 20 años. Bajo este escenario, Fitch espera que el Gobierno cumpla en 2026 con su objetivo de llevar el déficit del sector público no financiero a 3.5% del PIB.
Sin embargo, la firma también puso una nota de cautela sobre la sostenibilidad de esta estrategia. Señaló que todavía está por verse qué tan sostenible resulta mantener comprimido el gasto de capital, debido a que algunos proyectos tienen pagos pospuestos, aunque no han sido cancelados ni retrasados.
Chapman habló de la operación
El monto de la venta de los terrenos había sido revelado en marzo de 2026 por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Chapman explicó en esa oportunidad que la operación corresponde a terrenos que debían ser transferidos del Ministerio de Economía y Finanzas a la ACP y que requerían previamente un proceso de saneamiento debido a la presencia de municiones dejadas desde la época en que esas áreas formaban parte de la antigua Zona del Canal.
Según explicó el ministro, cuando la actual administración llegó al MEF encontró avalúos que ubicaban el valor de las tierras en aproximadamente $26 millones, una cifra que el equipo económico consideró baja.
A partir de allí, dijo, se inició un proceso de negociación con la ACP, en el que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), asumió la responsabilidad de limpiar los terrenos antes de entregarlos al Canal.
Chapman sostuvo que el proceso permitió elevar sustancialmente el valor de la operación, hasta alrededor de $100 millones.
Una vez descontada la inversión necesaria para limpiar los polígonos, calculó que la transacción generaría un beneficio cercano a $90 millones para el Tesoro Nacional.
“Restando la inversión que tenemos que hacer en la limpieza de los polígonos, hemos logrado un aumento de recaudación o una utilidad o una ganancia o un beneficio para el Estado panameño, para el Tesoro Nacional, de 90 millones de dólares”, explicó Chapman durante aquella comparecencia reseñada en las redes sociales del MEF.
Terrenos vinculados a los proyectos portuarios
La operación venía siendo gestionada desde 2025. En diciembre de ese año, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, había informado que la ACP negociaba con el MEF la adquisición de terrenos adicionales necesarios para completar los activos destinados a los futuros desarrollos portuarios de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en Colón.
Vásquez explicó entonces que el Canal necesitaba completar la transferencia y registrar las tierras como propiedad de la ACP antes de avanzar con los procesos de precalificación y posterior licitación de los proyectos portuarios.
Parte de las tierras correspondían a áreas de Isla Telfers propiedad del Estado, mientras que también se requerían terrenos en Corozal.
En el caso del proyecto portuario de Corozal, se conoció que la ACP no requería en este momento adquirir más terrenos, ya que el área prevista forma parte de su patrimonio desde el primer intento de desarrollar esa terminal en 2015. De hecho, el diseño original de Corozal contemplaba una extensión mayor que la propuesta actualmente y se ubicaba sobre terrenos patrimoniales del Canal.
En tal sentido, las tierras que la ACP gestionó con el Estado estarían vinculadas principalmente a otras infraestructuras, entre ellas áreas en Isla Telfers y, posiblemente, espacios requeridos para la tanquería, la estación de bombeo y el muelle del Pacífico destinado a recibir buques de GLP para la operación del gasoducto, y no a la terminal de Corozal.
Otras operaciones similares
Este tipo de transacción tiene antecedentes. En 2023, la ACP negoció con el MEF la compra de terrenos por $500 millones. En aquella ocasión, la operación permitió al gobierno de Laurentino Cortizo gestionar un crédito adicional suplementario por poco más de $456 millones, elevando el presupuesto de ese año, que rondaba los $27,720 millones, hasta aproximadamente $28,100 millones.
Fitch ve avances, pero señala reformas pendientes
Más allá del ingreso extraordinario generado por la venta de tierras, Fitch señaló que varias reformas estructurales planteadas para fortalecer las finanzas públicas todavía no han avanzado.
Entre ellas mencionó posibles modificaciones al mandato que destina 7% del PIB a educación y a los aumentos salariales automáticos del sector público. Según la calificadora, estas reformas aún no han sido presentadas.
En el caso del presupuesto educativo, Fitch considera que una modificación podría mejorar principalmente la transparencia presupuestaria, más que contribuir directamente a la consolidación fiscal, debido a los niveles de subejecución registrados en ese sector.
La calificadora también recordó que el Gobierno ha descartado aumentos generales de impuestos para incrementar los ingresos tributarios, que en 2025 representaron alrededor de 7% del PIB, un nivel que Fitch considera estructuralmente bajo.
Fitch observa que el proceso de consolidación fiscal avanza, parte del resultado de 2026 está respaldado por factores extraordinarios, entre ellos la venta de tierras al Canal, junto con una reducción de la inversión pública cuya sostenibilidad deberá observarse en los próximos meses.
