A menos de dos años de que el Estado convoque la licitación para otorgar las nuevas concesiones de la distribución eléctrica en el país, especialistas coinciden en que el debate no debe limitarse a los contratos, sino que debe comenzar por una revisión integral de la la ley que regula el sector, que consideran desfasada frente a la evolución del mercado y las nuevas tecnologías.
El exsecretario nacional de Energía (2024-2025), Juan Manuel Urriola, sostuvo que ley 6 de 1997, vigente desde hace casi tres décadas, ha sido objeto de múltiples modificaciones parciales, por lo que considera necesario un proceso de revisión integral.
“La ley tiene 30 años. Los panameños la hemos ido emparchando”, afirmó. A su juicio, el mercado mayorista de electricidad ha cambiado significativamente desde la aprobación de la legislación, con un mayor número de participantes y nuevos retos tecnológicos, como los sistemas de almacenamiento de energía y la inteligencia artificial.
Urriola planteó que, más que introducir cambios puntuales, la Ley 6 debe ser sometida a una discusión amplia, similar a la que precedió su aprobación en 1997, con la participación de todos los actores del sector y, especialmente, de los usuarios finales.
“La discusión no puede limitarse a quienes hoy participan en el mercado. El jugador más importante es el usuario final y ha estado fuera del debate”, señaló.
El exsecretario identificó la regulación como uno de los aspectos que requieren una reforma urgente. Consideró que la Asep “se quedó atrás” frente a la velocidad con que evolucionan la inversión y las nuevas tecnologías del sector.
Entre sus propuestas figura separar el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), al considerar que esta última también participa como agente del mercado.
Asimismo, planteó revisar la estructura de la Asep. Recordó que originalmente existían reguladores especializados para electricidad, agua y telecomunicaciones, mientras que actualmente una sola autoridad adopta las decisiones finales para los tres sectores.
“Es mucho paquete para un solo grupo”, dijo. Como alternativa, propuso crear reguladores independientes para cada servicio o, en su defecto, establecer un organismo colegiado con especialistas que roten la presidencia y tomen decisiones conjuntas para fortalecer la transparencia y la confianza de los inversionistas.
Urriola también sostuvo que el mecanismo de licitación para la compra de energía debe revisarse antes de la convocatoria de las concesiones que vencerán en 2028.
Según explicó, las reglas deben quedar definidas antes del proceso licitatorio, ya que no sería apropiado modificar las condiciones una vez adjudicados los contratos de 15 años.
El consultor senior de Nexergy Corp., Cristóbal Samudio, coincidió en que la normativa mantiene principios válidos sobre competencia, regulación y confiabilidad, pero fue diseñada para un sistema eléctrico centralizado, con consumidores pasivos y tecnologías convencionales.
Indicó que la legislación debe actualizarse para facilitar la generación distribuida, los sistemas de almacenamiento con baterías y la participación activa de los usuarios, además de incorporar nuevas tecnologías que permitan consolidar a Panamá como un centro energético regional.
Entre las reformas que considera prioritarias antes de la renovación de las concesiones, Samudio propuso fortalecer la gobernanza del sector mediante mayores exigencias de transparencia y rendición de cuentas para las instituciones.
También planteó reforzar la autonomía técnica y la capacidad especializada de la Asep, definiendo con mayor claridad sus responsabilidades y asegurando que las decisiones regulatorias sean oportunas, sustentadas y evaluadas por sus resultados.
Al igual que Urriola, propuso separar institucionalmente el Centro Nacional de Despacho de Etesa para crear un operador independiente del sistema y del mercado eléctrico, con el fin de garantizar mayor neutralidad y confianza entre los participantes.
Samudio sostuvo que el fortalecimiento de los procesos de licitación también es clave para reducir el precio que pagan los consumidores.
Explicó que el costo de generación representa entre el 65% y el 70% de la tarifa final, por lo que la forma en que se planifican, licitan y administran los contratos de suministro tiene un impacto directo en el recibo eléctrico.
A su juicio, cuando las contrataciones se realizan tarde, con poca competencia, por cantidades innecesarias o mediante decisiones discrecionales, los mayores costos terminan trasladándose a los usuarios.
Por ello, recomendó establecer en la ley una planificación vinculante de las necesidades de contratación, fortalecer la competencia en las licitaciones y fijar criterios objetivos para la administración de los contratos, con el propósito de obtener mejores ofertas y evitar compras de urgencia.
Además, propuso incorporar estándares más exigentes para medir la calidad del servicio eléctrico, incluyendo indicadores sobre frecuencia y duración de las interrupciones, calidad del voltaje, tiempos de reposición y atención de reclamos.
Recomendó establecer incentivos y sanciones vinculados al desempeño de las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras para que las mejoras en la operación se traduzcan en beneficios verificables para los clientes.
El también exsecretario nacional de Energía Jorge Rivera Staff (2019-2023) destacó la propuesta de permitir la comercialización independiente de energía, al considerar que la distribución constituye un monopolio natural por la infraestructura de redes, mientras que la comercialización sí puede abrirse a la competencia.
“Separar realmente la comercialización de las distribuidoras es una buena noticia para los consumidores porque les daría más opciones”, sostuvo.
En cuanto a la calidad del servicio, consideró que más que modificar la legislación, el principal reto es fortalecer la fiscalización por parte de la ASEP. A su juicio, el regulador ya dispone de herramientas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las distribuidoras, aunque reconoció que existen oportunidades de mejora.
Entre ellas mencionó que la ley debería impedir que una empresa distribuidora que haya incumplido reiteradamente las obligaciones de su contrato de concesión pueda participar en la licitación de 2028.
También propuso incorporar la figura del “prosumidor”, utilizada en otros países para reconocer a los usuarios que, además de consumir electricidad, generan energía —por ejemplo mediante paneles solares— y pueden inyectar sus excedentes a la red.
De acuerdo con un informe de calidad del servicio de la Asep, el sistema eléctrico muestra diferencias marcadas entre las tres empresas distribuidoras del país.
En el caso de Edemet, los resultados evidencian incumplimientos significativos en casi todas las zonas de operación. Uno de los casos más notorios corresponde al indicador SAIFI, que mide la frecuencia promedio de interrupciones del servicio, en áreas urbanas. En 2025 alcanzó un valor de 14.66 interrupciones por cliente.
La situación también es crítica en las zonas rurales dispersas. Allí, el indicador SAIDI, que mide la duración acumulada de los cortes de energía, registró en 2025 un valor de 149.63 horas, muy por encima del límite permitido de 43.80 horas.
En contraste, ENSA mantiene un comportamiento más consistente en las zonas con mayor concentración de clientes. En áreas urbanas, por ejemplo, el SAIDI fue de 9.86 horas en 2025, por debajo del límite regulatorio de 15.00 horas, lo que indica cumplimiento de los estándares establecidos.
No obstante, la distribuidora también presenta incumplimientos en las zonas rurales dispersas y muy dispersas. En 2025, el SAIDI en áreas rurales dispersas alcanzó 71.70 horas, superando el límite de 43.80 horas.
En cuanto a Edechi, el informe señala que enfrenta las mayores dificultades estructurales debido a las características geográficas de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, donde predominan zonas rurales, montañosas, con abundante vegetación y condiciones climáticas adversas.
Estas condiciones se reflejan en indicadores más elevados que los de las otras distribuidoras, especialmente en las áreas rurales. En las zonas muy dispersas, el SAIDI alcanzó 209.3 horas en 2025, el valor más alto entre las empresas analizadas, lo que evidencia mayores tiempos de interrupción del servicio.
A su vez, en el primer semestre de 2026 se presentaron 5,114 reclamaciones en el sector eléctrico. La distribuidora Edemet concentró el 61% de los casos, seguida por Ensa con el 32%, mientras que Edechi representó el 7% de las reclamaciones.
La cantidad de reclamos admitidos fue aumentando mes a mes. En enero se registraron 563, en febrero 462, en marzo 749, en abril 1,005, en mayo 1,044 y en junio se alcanzó el punto más alto del semestre con 1,291 reclamaciones.
En cuanto a los motivos de los reclamos, el alto consumo fue, por amplio margen, la principal causa, con 3,955 casos. Le siguieron los daños en aparatos eléctricos, con 344 reclamaciones, y los casos relacionados con fraude, que sumaron 315.
La bancada de Vamos anunció un paquete de iniciativas para reformar el sistema eléctrico antes de la renovación de las concesiones de distribución previstas para 2028, proceso que, según los diputados, representa una oportunidad para modificar las reglas del mercado antes de adjudicar nuevos contratos por los próximos 15 años.
El jefe de la bancada Vamos, Jorge González, uno de los principales problemas del modelo vigente es que las empresas distribuidoras concentran también la comercialización de la energía, ya que compran la electricidad, la facturan y mantienen la relación comercial con los usuarios dentro de sus respectivas áreas de concesión.
A su juicio, esa integración limita la competencia y reduce la posibilidad de que los consumidores puedan elegir entre distintas ofertas de suministro.
González indicó que la propuesta legislativa busca separar las funciones de distribución y comercialización, permitiendo la participación de múltiples comercializadores independientes. Bajo este esquema, las distribuidoras mantendrían la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas, mientras que distintas empresas podrían competir por ofrecer mejores condiciones a los clientes mediante la compra de energía a las generadoras.
El diputado señaló que esta apertura deberá ir acompañada de una Asep con mayores capacidades técnicas y de fiscalización, así como de mecanismos más transparentes y digitalizados para la medición del consumo, la facturación y la atención de reclamos.
La iniciativa también contempla fortalecer la figura del gran cliente, de modo que la Asep tenga la obligación de identificar e informar a los usuarios que cumplen los requisitos para acogerse a este régimen, permitiéndoles negociar directamente la compra de energía con las empresas generadoras.
Asimismo, propone ampliar el alcance de la generación distribuida, habilitando la venta de excedentes de energía producida mediante sistemas como paneles solares, más allá del actual sistema de créditos. El proyecto también incorporaría la generación distribuida comunitaria y remota para facilitar el acceso a energías renovables en propiedades horizontales, comunidades y empresas con varios inmuebles.
