El consorcio hongkonés CK Hutchison inició un proceso de arbitraje internacional contra Panamá por $1,500 millones, luego de que su filial Panama Ports Company (PPC), dejó de operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
La información fue divulgada este miércoles 19 de agosto por el consorcio, que alegó “el incumplimiento de un tratado de protección de inversiones”, afectó a la empresa.
La disputa surge luego de que el pasado 29 de enero se conoció que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), al resolver una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor general de la República, Anel Flores.
El contralor presentó la demanda de inconstitucionalidad el 30 de julio de 2025, junto a una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, en la que solicita la nulidad del contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Las acciones legales se sustentaron en los hallazgos de una auditoría practicada a la empresa, en la que —según Flores— se documentaron prácticas lesivas para los intereses nacionales.
Dentro del proceso presentado por Panamá, en febrero de 2025, el procurador Luis Carlos Gómez estimó —y así lo plasmó en una vista fiscal— que el contrato firmado entre el Estado y PPC viola 15 artículos de la Constitución.
Entre los argumentos presentados por Gómez se encuentra el hecho de que al negociar el contrato se acordó indebidamente transferir derechos privativos del Estado, incidiendo esto en el bienestar social y el interés público, por lo que se afectó la libre competencia, y que, además, se permite a la empresa la explotación de áreas distintas a la concesionada.
La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
También plantea que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio y los bienes de su propiedad, lo cual solo puede estar sujeto a su Gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada.
En tanto, Hutchison informó que notificó a Panamá sobre la controversia el pasado 4 de febrero de 2026 y que inició el proceso de arbitraje, y que trató de llegar a un entendimiento, lo cual no se logró.
El conglomerado argumenta en su reclamo que desde inicios de 2025 lanzó una campaña de ataque estatal contra sus inversiones.
Se informó que este procedimiento de arbitraje es aparte del presentado por PPC por $2,000 millones.
