Panamá actualmente es considerado como un país parcialmente cumplidor en materia fiscal, por lo que permanece en la Lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperadores con fines fiscales y para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, conocida como lista de pasaísos fiscales.
En el marco de este listado, el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, confirmó que el país trabaja con la Unión Europea (UE) para salir de esta lista de paraísos fiscales y anunció que se realizará lo que llamó una “modernización” o actualización del sistema territorial impositivo para cumplir con las exigencias internacionales.
“Efectivamente estamos trabajando muy de cerca con la Unión Europea para poder salir de este anexo en el que nos encontramos ahorita mismo de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal”, señaló Hoyos, durante la rueda de prensa semanal en la presidencia de la República en la que el mandatario José Raúl Mulino, admitió que salir de esta lista discriminatoria es complejo, pero se avanza en el tema.
Dijo que han sostenido varias conversaciones técnicas y ha presentado una propuesta que busca cumplir con los requerimientos establecidos por las autoridades comunitarias.
El vicecanciller aclaró que la reforma que plantean, no se trata de eliminar el sistema territorial impositivo vigente, sino de modernizarlo, siguiendo ejemplos de países como Costa Rica y Uruguay, que lograron adecuar sus marcos fiscales a los estándares internacionales.
“Esto no es una modificación o una eliminación de nuestro sistema territorial impositivo, sino que es una modernización del sistema como ha ocurrido en otros países... lo que se requiere es de estándares elevados de sustancia económica para aquellas empresas internacionales que operan en Panamá”, explicó.
El presidente José Raúl Mulino informó que Panamá continúa trabajando con la Unión Europea para salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, en la cual actualmente se encuentra.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/sN40fTAahf
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2025
Según Hoyos, la propuesta contempla que las empresas internacionales establecidas en el país cumplan con mayores requisitos de sustancia económica (actividad física comprobada en Panamá), de manera que las rentas pasivas provenientes del extranjero se mantendrán bajo el régimen de excepción, mientras se sigue gravando únicamente las actividades realizadas en el país.
El vicecanciller también anunció que se reunirá en Bruselas con representantes de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (Taxud), que es la división de la Comisión Europea responsable de las políticas sobre fiscalidad y aduanas.
“Tendremos conversaciones con ellos a nivel político y técnico en el que seguiremos demostrando los avances y esperamos que, una vez regresado, podamos presentar en la Asamblea Nacional estas modificaciones para que en la próxima revisión que será en febrero hayamos ya cumplido con el requerimiento técnico”, explicó.
A diferencia de la lista vinculada al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la lista fiscal de la UE no requiere de una votación política en el Parlamento Europeo, sino únicamente del cumplimiento técnico de los parámetros establecidos, aclaró Hoyos.
La próxima evaluación de Panamá por parte de la Unión Europea será este mes de octubre de 2025, pero no están listas aún las moficiaciones legislativas para poder salir de la clasificación de parcialmente cumplidores en materia fiscal.
Por lo que la expectativa del Ejecutivo es que sea en la evaluación de febrero de 2026 que se logre la clasificación de país cumplidor de estas normas fiscales y se excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.
“Estamos muy comprometidos en hacer estas adecuaciones y debemos estar viendo esos resultados próximamente”, expresó.
¿Qué debe hacer Panamá?
José Andrés Romero Angrisano, experto tributarista internacional, indicó que el anuncio del vicecanciller Carlos Hoyos de que Panamá “modificará el sistema territorial impositivo” para incorporar criterios de sustancia económica, conforme a los estándares exigidos por la Unión Europea tiene varios alcances.
Explicó que actualmente, la regla panameña grava únicamente la renta generada dentro del territorio nacional, y considera no sujetas al impuesto las rentas de fuente extranjera.
Romero adelanta que uno de los planteamientos del Ejecutivo puede ser que esa lógica se mantenga, pero el país debe introducir mecanismos que garanticen que las estructuras registradas en Panamá —particularmente aquellas cuyos beneficiarios finales no son residentes fiscales panameños y que obtienen ingresos del exterior— cuenten con una presencia económica real y verificable en el país, es decir, sustancia.
“En el contexto internacional, “sustancia económica” significa que una entidad debe contar en Panamá con medios físicos de administración y gestión —oficinas, personal, gastos operativos y capacidad de toma de decisiones— adecuados a la naturaleza y dimensiones reales de su negocio".
Precisa que no basta con estar incorporado en el Registro Público o tener un agente residente. “La sustancia demuestra que la entidad existe para desarrollar una actividad genuina, y no únicamente como vehículo de tenencia de activos o de canalización de rentas extranjeras hacia un entorno fiscal más favorable”, planteó el presidente de la firma Giintax.
Romero señala que el punto neurálgico de las exigencias europeas está en las llamadas “rentas pasivas”, que comprenden dividendos, intereses, cánones, regalías o ganancias de capital derivadas de inversiones o derechos que no requieren una actividad empresarial continua.
“En los sistemas de fuente territorial pura, esas rentas suelen considerarse no sujetas al impuesto sobre la renta si se originan fuera del país, aun cuando el beneficiario esté constituido en Panamá y no tenga operaciones reales. La Unión Europea considera que esa no sujeción, cuando no está condicionada a la existencia de sustancia económica, puede facilitar la doble no imposición y erosionar la base fiscal de otros Estados“.
En ese sentido, precisó que Panamá podría explorar una fórmula de reforma que recategorice como renta de fuente panameña (y por tanto sujeta al impuesto) aquellas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades panameñas sin sustancia económica en el país, cuyos beneficiarios finales no sean residentes fiscales panameños y cuyos fondos se ingresen o consuman dentro del territorio nacional.
Esa opción, a juicio de Romero, preserva el principio de territorialidad, pero introduce una salvaguarda contra el uso de sociedades de papel.
“El resultado sería un sistema territorial más moderno, alineado con las exigencias internacionales de sustancia y transparencia fiscal, sin sacrificar la competitividad legítima de Panamá como centro financiero y de servicios globales”, indicó Romero.
