Un anteproyecto de ley presentado esta semana por los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (partido Alianza), propone que se derogue el contrato suscrito entre el Estado y la Sociedad de Panama Canal Railway Company, contenido en la Ley 15 del 17 de febrero de 1998.
La iniciativa legislativa número 119, encendió las alarmas entre representantes del gremio del sector marítimo y logístico, que alertaron sobre la incertidumbre jurídica y la afectación que puede generar de aprobarse esa propuesta.
Además, alertan que de progresar esta norma afectaría las inversiones internacionales y la imagen del país sobre la estabilidad de la seguridad jurídica.
La operación de Panama Canal Railway Company fue adquirida en abril de este año. por la empresa APM Terminals (APMT), una división independiente de la naviera danesa Maersk, que desembolsó 600 millones de dólares.
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó su preocupación frente a la presentación del anteproyecto de Ley 119.
“Manifestamos nuestra preocupación por la presentación del anteproyecto de ley 119, ya que cualquier iniciativa legislativa que afecte la estabilidad de contratos legalmente constituidos, sin sustento suficiente y sin agotar espacios de diálogo constructivo, debilita la confianza en el país y compromete el desarrollo de sectores estratégicos”.
El gremio reiteró su compromiso con la defensa de la seguridad jurídica, valor esencial para garantizar la atracción y permanencia de inversiones en nuestro país, y advirtió que iniciativas legislativas que afecten la estabilidad de contratos legalmente constituidos, sin sustento suficiente ni diálogo previo, debilitan la confianza en Panamá y comprometen el desarrollo de sectores estratégicos.
La CMP enfatizó que medidas de este tipo, de repetirse, podrían consolidar una tendencia con consecuencias irreversibles para el país.
Recordó que la experiencia internacional y nacional demuestra que, cuando se erosiona la seguridad jurídica, las inversiones disminuyen, el crecimiento económico se frena y la generación de empleos se ve amenazada.
El gremio resaltó que el conglomerado marítimo-portuario y logístico genera actualmente 109,406 empleos directos y más de 320,000 empleos entre indirectos e inducidos, cifras que podrían estar en riesgo si se debilita la estabilidad legal del país.
“Toda decisión que impacte al país debe tomarse con respaldo técnico y visión de Estado, la institucionalidad panameña debe trascender a las administraciones y mantenerse como un pilar de confianza para los ciudadanos, inversionistas y aliados internacionales”.
El gremio hizo un llamado a que cualquier revisión de contratos o acuerdos previos se realice con respaldo técnico, visión de Estado y un análisis riguroso, de manera que se fortalezca la imagen de Panamá como país confiable y competitivo a nivel global. Asimismo, invitó a las autoridades a impulsar el diálogo abierto y la construcción de consensos, advirtiendo que proteger la seguridad jurídica es proteger miles de empleos y el posicionamiento de Panamá como hub logístico mundial.
¿Qué propone el anteproyecto de ley?
Los proponentes, los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (partido Alianza), argumentan que la prórroga extendida unilateralmente hasta el año 2049 a Panama Canal Railway Company, no cumplió con las formalidades constitucionales y legales correspondientes.
La iniciativa legal establece que, una vez derogada la concesión, corresponderá al Órgano Ejecutivo iniciar un nuevo proceso de licitación pública internacional, ajustado a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes vigentes. El objetivo es garantizar que el Estado panameño obtenga mayores beneficios económicos y sociales, asegurando la transparencia en la selección del nuevo concesionario que tendrá a su cargo la operación del Ferrocarril del Canal de Panamá.
Críticas al contrato
En febrero de 2023, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, aprobó la prórroga al Contrato Ley N°70 del 22 de enero de 1991, por un periodo de 25 años.
Esa prórroga le permitió a los operadores del Panama Canal Railway Company continuar con la concesión hasta 2049 con las mismas cláusulas, pese a que en 1998, cuando se firmó el contrato, las condiciones y circunstancias del mercado eran completamente diferentes a las actuales.
A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación penal por la extensión del contrato del ferrocarril a Panamá Canal Railway, luego de que el diputado Eduardo Gaitán (Vamos), presentara una denuncia solicitando que se investigue si hubo o no responsabilidad y la posible comisión de algún delito en este caso.
Además de la extensión, se ha cuestionado que el ferrocarril subalquile terrenos del Estado a la Autoridad Nacional de Aduanas y al Metro de Panamá, S.A., este último paga anualmente $700,363.45 a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) por el uso de varios locales en el corregimiento de Ancón.
Paralelamente, el contralor general de la República, Anel Flores, ha señalado que esta concesión estaría en la lista de las revisiones y auditorías que proyecta hacer su despacho.
“Esta en la lista de las compañías que se van a auditar, allí hay varias aristas que tenemos que ver, por ejemplo hay terrenos que se alquilan o subalquilan que son del Estado panameño y se lo alquilan a entes del Estado. Obviamente para mi eso es una lesión patrimonial, que veremos en su momento”, dijo el 10 de marzo de 2025 en Telemetro el Contralor.
