Las autoridades de Panamá ganaron tiempo para evitar perder el grado de inversión por parte de Moody’s, pero se mantienen latentes los riesgos. Así lo advirtió el banco de inversión inglés Barclays.
“Los esfuerzos de las autoridades permitieron ganar tiempo antes de una posible rebaja de la calificación de Moody’s, pero aún deberán implementar reformas estructurales a principios de 2026, y no solo cumplir con el objetivo de déficit. El cronograma es incierto, pero la escasez de capital político mantiene latente el riesgo de una rebaja hasta 2026”, indicó la institución en un informe este martes 18 de noviembre.
Barclays indica que la última evaluación de Moody’s, que mantuvo la calificación de Panamá en grado de inversión, refleja la opinión de la agencia de que las autoridades panameñas han tomado medidas en la dirección correcta.
Sin embargo, comentan que la perspectiva negativa indica que se necesitan esfuerzos adicionales, más allá del cumplimiento del objetivo de déficit fiscal en el sector público, como abordar las rigideces presupuestarias.
“Esto ocurre en medio de un ajuste fiscal este año que se ha basado principalmente en fuertes recortes de gastos de capital, que podrían no ser sostenibles, mientras que el déficit del gobierno central por encima del 5% significará que los ratios de deuda e intereses seguirán deteriorándose”, advierte el análisis de Barclays.
En tal sentido, el banco de inversiones estima que las autoridades panameñas tengan que presentar iniciativas fiscales a principios de 2026 para evitar una pérdida del grado de inversión.
“De no ser así, o si las propuestas se diluyen, en un contexto de escasa influencia política y una agenda política muy apretada, que incluye la mina, mantenemos una rebaja de la calificación como escenario base. Es probable que Moody’s quiera tener una visión completa antes de decidir, lo que podría implicar una decisión en noviembre de 2026, aunque mayo podría ser la primera prueba”, opina Barclays.
La banca de inversión señala que la evaluación que hace Moody’s y otras calificadoras sobre la situación económica en Panamá va más allá del cumplimiento del objetivo de déficit del sector público no financiero (SPNF) del 4% para este año.
“El sector público no financiero ha registrado una mejora sustancial en su desempeño fiscal en lo que va del año. Hasta el tercer trimestre, el déficit general se situó en el 4.6% del PIB, frente al 6.3% del año anterior. Esto los encamina a cumplir el objetivo de déficit del 4% para 2025, ya que prevemos un superávit general en el cuarto trimestre, impulsado por los dividendos del Canal, que se espera representen cerca de 2.5 puntos porcentuales del PIB”.
Para Barclays, la composición del ajuste de este año plantea dudas sobre su sostenibilidad.
“Los ajustes fiscales se han centrado en el gasto. De hecho, el gasto total ha disminuido en 1.6 puntos porcentuales del PIB, principalmente debido a las inversiones de capital, que se redujeron en 1.3 puntos porcentuales, mientras que las inversiones corrientes solo disminuyeron en 0.4 puntos porcentuales.
La acumulación en lo que va del año para las inversiones de capital es de 2.9 puntos porcentuales, y al considerar los últimos cuatro trimestres, su nivel del 4% del PIB es el más bajo en varios años.
Esto sugiere que podría ser difícil para las autoridades mantenerlo en ese nivel en los próximos trimestres”.
Precisa que para 2026, de no adoptarse medidas adicionales, se proyecta que el déficit del sector público no financiero repuntará hasta el 4.4% del PIB, por encima del objetivo del 3.5%.
“Como ya señalamos, el presupuesto de 2026 mantuvo rigideces y sobreestimó los ingresos, lo que dificulta la comparación de las proyecciones”.
¿Qué piensan los economistas?
El economista Carlos Araúz considera que, aunque la decisión de Moody’s de mantener el grado de inversión para Panamá y la lectura de Barclays que indican que el país “ganó tiempo”, ofrecen un respiro, no deben interpretarse como una señal de estabilidad fiscal sólida.
Según Araúz, “los elementos que se analizan para determinar si un país va en la dirección correcta en materia fiscal… lamentablemente en Panamá siguen siendo débiles”. Por ello, asegura que para muchos analistas –incluyéndose– el resultado fue “una sorpresa. Agradable, pero una sorpresa. Inesperada”.
Araúz advierte que el país arrastra “años de una estructuración de deuda injustificable” y que el dinamismo económico actual “está muy golpeado”, lo que limita la capacidad de generar ingresos tributarios. Además, señala que la existencia de leyes rígidas y obligaciones presupuestarias inflexibles, como el salario mínimo y asignaciones obligatorias a instituciones con baja ejecución, presionan aún más las finanzas públicas.
En ese contexto, insiste en que persistir con soluciones temporales sería un error: “En Panamá tenemos esta costumbre de curitas, de parches, de curar los problemas estructurales con iniciativas coyunturales”.
Para Araúz, el país debe comprometerse como “misión país” a ejecutar adecuadamente los presupuestos y avanzar en los planes de inversión pública, que suman cerca de 11,000 millones de dólares. Reconoce que la aprobación de la nueva ley de la Caja del Seguro Social ayudó a evitar una rebaja inmediata, y afirma que “lo único que nos salvó este año… es el hecho de que pasamos una ley de pensiones… para ganar tiempo”.
No obstante, recalca que ese tiempo es limitado si no se aplican reformas profundas que aborden la estructura del gasto, la recaudación y la modernización tecnológica para combatir la evasión.
Araúz sostiene que Panamá sigue en “capilla ardiente” de cara a futuras revisiones. De no ejecutarse cambios estructurales y sostenibles, advierte, “seguramente el grado de inversión será removido”.
El economista Fernando Aramburú considera que la decisión de Moody’s de mantener la calificación de riesgo de Panamá con perspectiva negativa, así como el análisis emitido por Barclays, se sustentan en que el país ha logrado mitigar dos riesgos que pesaban fuertemente sobre su perfil fiscal el año pasado.
Comenta que por un lado, la reciente reforma al sistema de pensiones redujo de manera sustancial el déficit actuarial de la Caja de Seguro Social, lo que permite conocer con mayor certeza el monto que deberá aportar el Estado cada año para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto, según Aramburú, disminuye el riesgo para Panamá como emisor de deuda y fortalece la percepción sobre la estabilidad de sus finanzas públicas.
A esto, se suma la retirada de la demanda de arbitraje por parte de los concesionarios de la mina y la apertura del gobierno a negociar condiciones para su reapertura, lo que elimina un contingente fiscal relevante presente hace más de un año.
Aramburú añadió que la mejora del desempeño fiscal en 2025 también ha contribuido a esta lectura más favorable de los mercados.
Destacó un incremento de más del 10% en los ingresos del Estado a septiembre, junto con una reducción del gasto corriente y un ajuste significativo en la inversión pública, lo que permitirá cerrar el año cumpliendo el límite del 4% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Sin embargo, advirtió que persisten desafíos estructurales de mediano plazo, especialmente la sostenibilidad de estos recortes en un país con un déficit de infraestructura superior a los 20,000 millones de dólares.
Para avanzar hacia una senda más sólida, señaló la necesidad de elevar la presión tributaria —actualmente en torno al 8% del PIB— mediante la revisión de exoneraciones, regímenes especiales y subsidios, así como de moderar el crecimiento de la deuda con respecto al de la economía.
El economista Eric Molino Ferrer reconoce que la estrategia del Gobierno para cumplir con la meta de déficit ha descansado principalmente en la reducción del gasto de capital, una medida que, aunque efectiva en el corto plazo, puede resultar contraproducente.
Señala que, si bien el gasto corriente ya muestra una disminución frente a septiembre del año pasado, “la principal reducción ha sido al gasto de capital, el cual lamentablemente es el que precisamente genera mayor recaudación tributaria porque genera empleo y mayor actividad económica”.
Esto permite cumplir con el déficit hoy, pero a costa de frenar la capacidad del país para generar ingresos mañana.
Molino Ferrer también subraya la necesidad de sustituir la caída en inversión pública con inversión privada o mediante esquemas de asociación público-privada, para evitar un deterioro económico futuro.
Advierte que Panamá debe avanzar en reformas estructurales que reduzcan las rigideces del presupuesto y permitan recortes más profundos y sostenibles en el gasto corriente sin sacrificar la inversión. Tal como enfatiza, el país debe enfocarse en corregir distorsiones de fondo para asegurar estabilidad fiscal de largo plazo.
