La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 10, que modifica la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Tras más de dos horas de debate, los diputados aprobaron a golpe de curul el proyecto de ley, una de las promesas del presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Uno de los aspectos que centró nuevamente el debate fue la incapacidad legal para contratar con el Estado. El texto incapacita a empresas y personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción tanto en Panamá como en el extranjero. En el caso de las empresas, la incapacidad legal para contratar se extenderá a un máximo de cinco años.
Tampoco podrán contratar con el Estado las empresas que hayan alcanzado acuerdos de colaboración con la justicia que implican la admisión de ciertos delitos, entre ellos los que tienen que ver con la corrupción.
Diputados de la bancada independiente abogaron por darle carácter retroactivo al texto para que el Estado no pueda contratar a las empresas que sellaron acuerdos de colaboración en los últimos años. Pero finalmente la moción no fue aprobada.
El artículo más discutido, el 12, fue votado a mano alzada con el voto favorable de los diputados del oficialista Partido Revolucionario y el contrario de los diputados independientes y del Partido Panameñista.
