Las empresas que evalúan realizar inversiones sustanciales en el país también analizan la estabilidad de las leyes, el respeto a los contratos y la capacidad de las instituciones para responder de manera eficiente y transparente, advirtió este domingo el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom.
Para los inversionistas, explicó, la principal interrogante no solo es si Panamá ofrece oportunidades de crecimiento, sino si existen condiciones para planificar a cinco o diez años con un nivel razonable de certeza.
“El capital busca oportunidades, pero, sobre todo, confianza”, sostuvo López Tom en su pronunciamiento.
Los indicadores económicos reflejan, precisamente, un escenario de confianza acompañado de prudencia. En julio de 2026, el Nivel de Confianza Económica medido por ELEMÉNTE se ubicó en 8.1 sobre 10, mientras que el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos doce meses.
Sin embargo, las expectativas sobre las ventas mostraron una moderación: las empresas que esperan incrementar sus ingresos durante el próximo año pasaron de 61% en junio a 52% en julio.
Para APEDE, esta tendencia evidencia que existe una percepción positiva sobre la economía, aunque también cautela frente al futuro, un elemento que puede influir directamente en las decisiones de inversión, contratación y expansión empresarial.
Justicia y corrupción, entre los principales desafíos
La preocupación se acentúa al revisar los indicadores internacionales sobre institucionalidad. En el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project, Panamá obtuvo una puntuación de 0.52 sobre 1, ubicándose en la posición 73 de 143 países y en el puesto 14 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
Las mayores debilidades aparecen en algunos de los componentes relacionados con la administración de justicia. Panamá ocupa la posición 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal, aunque alcanza el puesto 49 en materia de gobierno abierto.
Para López Tom, estos resultados reflejan que la administración de justicia continúa siendo uno de los principales retos del país.
En respuesta a esta situación, APEDE anunció como parte de su agenda para el período 2026-2027 la creación del Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, una iniciativa técnica y permanente para dar seguimiento al desempeño del sistema de justicia y contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica.
El dirigente empresarial también destacó que, en el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá alcanzó 64.9 puntos, ubicándose en la posición 63 entre 184 economías, por debajo del puesto 56 que ocupaba un año antes.
Mientras tanto, el Índice de Calidad Institucional 2026 sitúa a las instituciones económicas panameñas en la posición 57 y a las instituciones políticas en el puesto 75, diferencias que, según APEDE, confirman la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia, combatir la corrupción y garantizar una aplicación efectiva de las normas.
Instituciones que trasciendan gobiernos
El presidente de APEDE también se refirió a situaciones recientes como la transición en el Ministerio de Educación y las irregularidades bajo investigación en la Dirección General de Ingresos (DGI), como ejemplos de la importancia de contar con instituciones capaces de mantener continuidad, transparencia y rendición de cuentas más allá de las personas que las dirigen.
En el caso de la educación, señaló que los avances no pueden reiniciarse con cada cambio de administración, mientras que las investigaciones relacionadas con la DGI ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes.
“No se trata solamente de Meduca o de la DGI, se trata de cómo construimos instituciones capaces de trascender personas, gobiernos y coyunturas”, planteó López Tom.
La institucionalidad, agregó, constituye uno de los principales ejes de trabajo de APEDE para el período 2026-2027, bajo la premisa de que las instituciones deben ser más fuertes que las personas que temporalmente las dirigen.
La confianza como ventaja competitiva
Panamá también enfrenta retos en materia de percepción de la corrupción. El país obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de las Américas, que se sitúa en 42 puntos, y distante de países como Uruguay, con 73; Chile, con 63; y Costa Rica, con 56.
No obstante, APEDE destacó que Panamá mantiene fortalezas sobre las cuales puede avanzar. En el Índice de Democracia 2025, el país alcanzó 7.04 sobre 10, ubicándose en la posición 44 entre 167 países y en el quinto lugar de América Latina y el Caribe.
Además, Panamá se mantiene por encima del promedio latinoamericano en calidad institucional.
El desafío, según el gremio empresarial, no es comenzar desde cero, sino cerrar las brechas que aún limitan la capacidad del país para generar mayor confianza y competitividad.
Para los inversionistas, la confianza se traduce en reglas claras, respeto a los contratos, seguridad jurídica y condiciones equitativas para competir. Esa certeza reduce riesgos y favorece la inversión, la innovación y la generación de empleo.
En contraste, la desconfianza puede convertirse en un “impuesto invisible” que encarece hacer negocios, retrasa inversiones y provoca que oportunidades de crecimiento se trasladen hacia otros mercados.
“Panamá tiene el potencial para avanzar, pero necesita instituciones sólidas, transparentes y eficientes, capaces de generar seguridad jurídica y reglas claras para todos”, concluyó López Tom.
Para APEDE, fortalecer la institucionalidad no es únicamente un objetivo político o administrativo, sino una condición económica para competir por más inversión.
La confianza, sostiene la organización, se construye con tiempo, transparencia y resultados, y convertirla en uno de los principales activos del país será determinante para atraer capital, generar oportunidades y sostener el crecimiento en el largo plazo, señala el gremio empresarial.
