De lesivo para el Estado y riesgoso para la seguridad jurídica del país, calificó la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, el avance de propuestas en la Asamblea Nacional para derogar concesiones aprobadas bajo la figura de contrato ley, como la que mantiene el Panama Canal Railway Company.
“Un contrato ley no se puede derogar mediante otra ley, porque se trata de una concesión que otorga derechos y obligaciones a una tercera persona. La Asamblea no tiene esa facultad. La Constitución solo le permite aprobar o desaprobar los contratos que somete a su consideración el Ejecutivo, nunca derogarlos”, afirmó De Sanctis.
La presidenta de Apede sostuvo que este tipo de iniciativas no solo carecen de legitimidad, sino que también colocan a Panamá en una posición desfavorable frente a la comunidad internacional.
“Esto pone a Panamá en la palestra pública en cuanto a la protección de inversiones, enviando un mensaje negativo. Aquí alguien firma un contrato, invierte y luego, se le dice: ‘se acabó’. Ese precedente erosiona nuestra estabilidad jurídica y afecta la imagen del país como destino confiable para la inversión extranjera directa”.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó el pasado miércoles 20 de agosto el anteproyecto de ley 119, que plantea poner fin a la concesión otorgada por el Estado a la empresa Panama Canal Railway Co. para la operación y administración del Ferrocarril de Panamá.
El contrato que aprobó la concesión data de hace más de 25 años, puesto que fue aprobado mediante la Ley 15 del 17 de febrero de 1998. Dicha norma busca ser derogada por el anteproyecto 119.
Sin embargo, hubo una prórroga del contrato en el año 2023 hasta el año 2049, aprobada por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La misma es investigada desde diciembre de 2024 por el Ministerio Público.
