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Ambientalistas piden rechazar auditoría de la mina por falta de sustento

La Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advirtió que más del 40% de los compromisos evaluados carece de evidencia suficiente y pidió no aceptar la auditoría en su estado actual.

Ambientalistas piden rechazar auditoría de la mina por falta de sustento
Fotografía aérea del proyecto Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) en Donoso (Panamá). LEFE/Bienvenido Velasco

Una revisión técnica independiente realizada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cuestionó la capacidad del informe final de la auditoría de Cobre Panamá efectuado por la empresa SGS y entregado al Gobierno el pasado 19 de junio.

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Sin decisión sobre la mina Cobre Panamá: Gobierno daría una recomendación antes de terminar 2026Auditoría alerta por agua, erosión y material expuesto en Tajo Botija en la mina de DonosoSegún auditoría minera, Cobre Panamá registró un cumplimiento de 87%

El análisis determinó que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40%, no cuentan con evidencia suficiente en los anexos publicados, pese a que el documento asignó al proyecto una valoración final de 87% de cumplimiento.

Ambientalistas piden rechazar auditoría de la mina por falta de sustento
De izquierda a derecha:Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental; Gabriel Jacome, biólogo y auditor ambiental; Daniel Holness, director ejecutivo de ACEASPA; Rosabel Miro, directora ejecutiva de Sociedad Audubon Panamá y Lilian Guevara, directora ejecutiva de CIAM. Cortesía

Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, sostuvo que la auditoría se concentró en comprobar la entrega de documentos, sin demostrar que las medidas aplicadas fueran efectivas, además de que no se contrastó la información y solo se basa en informes de la propia empresa minera sobre el proyecto Cobre Panamá.

“La auditoría solamente analizó si los papeles fueron entregados, no si las medidas de compensación y manejo eran suficientes para garantizar la estabilidad física, química y cumplir realmente con las exigencias financieras, sociales, laborales y ambientales”, afirmó.

También cuestionó que se declarara conformidad en compromisos cuyos propios análisis reconocían limitaciones, debilidades y falta de información.

El biólogo y auditor ambiental Gabriel Jácome señaló que se encontraron “mucha fragilidad y debilidad” en la forma en que el auditor elaboró sus conclusiones.

Según explicó, más del 90% de la información revisada provenía de reportes entregados por Minera Panamá, sin suficiente contraste con informes elaborados por las autoridades.

“Hay datos claros de incumplimiento y no conformidades que no fueron atendidos ni considerados por el auditor. Simplementeel hecho de que la acción se hacía y el compromiso se cumplía”, advirtió Jácome.

Entre las principales preocupaciones identificadas figuran las limitaciones para evaluar la estabilidad de la instalación de manejo de relaves, el drenaje ácido, la calidad del agua y la biodiversidad.

Ramos afirmó que la información presentada es insuficiente para sustentar el porcentaje de cumplimiento divulgado.

“En ciencia no hay criterio de autoridad. No es porque lo dijo fulano que es válido; siempre se corrobora, la información se sustenta y hay que verificar”, expresó.

La Mesa solicitó que no se acepte el informe, que se emitan las no conformidades correspondientes y que se entregue la documentación faltante en un plazo definido.

Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que el marco legal vigente obliga a avanzar hacia el cierre definitivo de la mina y descartó que ese proceso permita continuar con la extracción.

“El proceso de cierre no implica continuar extrayendo. Son dos categorías legales, industriales y técnicas distintas”, afirmó. Añadió que “cada día de extracción extiende días de contaminación” y advirtió que cualquier intento de reapertura, incluso mediante una empresa estatal o una alianza público-privada, enfrentaría los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Moratoria Minera, el Acuerdo de Escazú y otras normas ambientales vigentes.

El pasado 13 de julio, la Comisión Ministerial de Alto Nivel conformada por los ministros Julio Moltó de Comercio, Felipe Chapman de Economía y Finanzas y Juan Carlos Navarro de Ambiente, informó que aún no había adoptado una decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá, tras iniciar la revisión técnica de los resultados de la auditoría integral elaborada por la empresa SGS.

Los ministros señalaron que esperaban presentar antes de finalizar 2026 una recomendación al presidente José Raúl Mulino, sustentada en criterios técnicos, ambientales, económicos y constitucionales, y que posteriormente sería consultada y comunicada a la población.

Ante la advertencia de la mesa de organizaciones ambientalistas, La Prensa, consultó con la empresa Cobre Panamá y señalaron que la Auditoría Integral al proyecto Cobre Panamá es un proceso técnico liderado por el Gobierno Nacional y ejecutado por una firma independiente.

“El informe final forma parte de la evaluación que está realizando la comisión interministerial, por lo que cualquier consulta sobre metodología, evidencias o hallazgos debe dirigirse a las autoridades y al equipo auditor, que son quienes conducen el proceso y comunican sus resultados”, contestó Cobre Panamá a las consultas de La Prensa.

Entretanto, la minera canadiense First Quantum Minerals, empresa matriz de Cobre Panamá, afirmó estar “alentada” por la publicación de la auditoría integral de Cobre Panamá y por la conformación de la comisión ministerial encargada de analizar sus resultados.

El director ejecutivo, Tristan Pascall, destacó en un comunicado difundido el 28 de julio, que el informe determinó un cumplimiento global del 87,7 % de los compromisos evaluados, con 361 de 370 obligaciones cumplidas, siete en cumplimiento parcial y sin ausencias consideradas fundamentales.

“Seguimos dispuestos a colaborar de manera constructiva con el Gobierno de Panamá para lograr una resolución justa y duradera que beneficie al país, a su población y a nuestros grupos de interés”, afirmó Pascall según reseñó EFE.

La actividad minera en Panamá está suspendida desde finales de noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Esta nota fue actualizada a las 6:25 p.m. del 29 de julio, para agregar la respuesta de Cobre Panamá.


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