El debate sobre el proyecto de ley 163, que pretende reformar la Caja de Seguro Social (CSS), arrancó el jueves 21 de noviembre en la Asamblea Nacional, con un ambiente cargado de tensiones y cuestionamientos. También hubo propuestas de cambios al proyecto presentado, sin obviar el rotundo rechazo de algunas agrupaciones.
Una crítica visible del proceso fue la del presidente José Raúl Mulino. En la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social se oye “toda clase de locuras” y se manejan cifras ‘al garetemente’... Yo respeto las opiniones de quienes saben del tema”, expresó Mulino, quien agregó que esperaba que el debate genere resultados concretos.
“Aspiro es a que se filtre todo ese afrecho, que no sirve para nada, y salga una propuesta posible para sustentar el sistema de seguridad social del país, no perfecto”, recalcó.
Mulino habló desde su conferencia habitual en el Palacio de las Garzas, mientras que en la Asamblea Nacional los diputados se preparaban para recibir a más de 30 personas en el período de consultas del primer debate.
“Que dejen la necedad... Salvo muy honrosas disertaciones, yo no he escuchado a ninguno hacer una propuesta que valga nada. Es crítica, crítica, crítica. El mismo discurso de hace 40 años. Este país no se va a resolver en cuanto a salud, seguridad social con el discurso demagógico de la izquierda radical de este país”, aseguró.
Presidente Mulino cierra la conferencia de prensa semanal hablando sobre la Caja de Seguro Social.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/xjkBecpoM2
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 21, 2024
La dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Nelva Reyes, respondió al mandatario: “El presidente dijo que dejemos la necedad. No dejaremos la necedad: tenemos 38 años de estar luchando y resistiendo para que la Caja de Seguro Social no sea privatizada. Vamos a continuar hasta lograr que Panamá tenga la seguridad social que se merece”, recalcó.
En este sentido, presentó lo que sería la propuesta de los trabajadores sindicalizados, basada en un sistema 100% exclusivamente de beneficio definido, en el que los trabajadores tengan un retorno de al menos el 60% de su salario.
Reyes no presentó el impacto de esas corridas a lo largo del tiempo, cómo se comportaría el déficit y hasta qué momento sería sostenible una medida como esta.
Bajo este esquema, los trabajadores reciben el 60% del promedio de los mejores 10 años, con un tope de $2,500. Debido a la cantidad de años que viven, terminan recibiendo mucho más de lo que cotizan, de acuerdo con lo que indican los actuarios, lo que no es sostenible con las tasas actuales de fecundidad, porque los trabajadores de último en la fila son los pagan el cheque a los jubilados.
La Junta Técnica Actuarial (JTA) ha alertado previamente que una reforma únicamente encaminada a la integración de los sistemas equivale a eliminar todo lo relacionado con la creación del sistema mixto, lo que daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que cuadruplicaría el déficit máximo por año de unos $3,000 millones a un déficit máximo por año de entre $12,000 y $13,000 millones.
En un llamado a la cohesión social y a la toma de decisiones responsables, el economista Carlos Araúz también compareció en el debate sobre las reformas a la CSS. Araúz advirtió sobre la gravedad del déficit actual y subrayó la importancia de actuar con datos precisos y consensos sólidos, dejando de lado discursos amenazantes y divisivos.
“Estamos entre hermanos panameños atentando contra la posibilidad de salvar la CSS. La cohesión social, esa goma que nos une, debe ser nuestra guía”, expresó, apelando a un enfoque colectivo para superar la crisis.
Compartió varios de sus apuntes, como la falta de confianza en los estados financieros de la CSS, marcados por salvedades desde 2011, lo que ha dificultado un análisis confiable. Propuso unificar los criterios contables e incluir todas las obligaciones futuras del sistema en las proyecciones financieras mediante ajustes en la Ley 51.
Uso de fondos disponibles y ajustes paramétricos
Araúz sugirió utilizar los 464 millones de dólares disponibles en el fideicomiso del Banco Nacional para cubrir el déficit inmediato del sistema de pensiones, al tiempo que llamó a implementar ajustes paramétricos.
“Sin medidas como el aumento de cuotas o la edad de jubilación, el Estado tendrá que aportar más de 3 mil millones de dólares anuales, algo insostenible”, advirtió.
El economista también destacó la necesidad de un aumento gradual en la cuota patronal, con un enfoque especial en proteger a las micro y pequeñas empresas para evitar despidos masivos y presiones inflacionarias.
Asimismo, pidió que las tasas de interés que pagan el Banco Nacional y la Caja de Ahorros a la CSS sean ajustadas, superando las de los ciudadanos promedio.
Una de las propuestas más polémicas fue incluir asociaciones público-privadas (APP) en la prestación de servicios médicos. Araúz defendió esta iniciativa, argumentando que ha funcionado en otros países para mejorar la calidad y eficiencia del sistema.
En cuanto al sistema mixto, expresó su preocupación por posibles demandas de inconstitucionalidad si los fondos individuales de los cotizantes se transfieren a un fondo común. “Los aportes son propiedad de los trabajadores y deben saber cuánto tienen acumulado y cómo será manejado en el nuevo sistema”, afirmó.
Un llamado a la sensatez
Araúz cerró su intervención subrayando la necesidad de abordar estas reformas con calma y sin presiones de tiempo. “No es momento de barricadas ni discursos incendiarios. Necesitamos datos, sensatez y tiempo para garantizar que tomamos decisiones correctas”.
El diputado Crispiano Adames, de la Comisión de Salud, volvió a insistir en la necesidad de contar con medidas paramétricas y las corridas que les permitan validar el alcance de los cambios que propone el Gobierno central.
La comparecencia dejó claro que las reformas a la CSS son un tema técnico, social y político.
¿Será este el inicio de un debate más estructurado y menos conflictivo?