El gobierno de José Raúl Mulino ha manifestado su intención de adherirse en un futuro a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El primer paso que dio fue la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU), que permite una colaboración técnica: Intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.
Pero de allí a cumplir con todos los estándares que exige el club de la OCDE, hay una brecha importante. La adhesión le ha tomado a otros países entre 6, 7 y hasta 20 años, como fue el caso de Colombia.
En la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE), un panel de expertos entre ellos Amauri Castillo, exsuperintendente de Bancos, Dulcidio De La Guardia, exministro de Economía y Finanzas, los abogados Adolfo Linares y Hellen Seixas y David Saied, director de PricewaterhouseCoopers, analizaron los beneficios y riesgos de afiliarse a la OCDE.
Generalmente, el debate en torno a la adhesión a la OCDE gira alrededor de la idea de que el país tendría que elegir entre mantener el sistema tributario territorial o adoptar uno de renta mundial, en línea con la Unión Europea.
Helen Seixas, abogada de KPMG, dijo que es falso que se exiga a Panamá eliminar su sistema territorial fiscal.
Según Seixas, exigir “mayores niveles de sustancia” no implica automáticamente la tributación de la renta de fuente extranjera, lo que permitirá a Panamá es “salir de forma casi inmediata o a corto plazo de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea”, lo cual, en su opinión, podrá al país en una posición mucho más competitiva.
Recalcó que esto representaría “una oportunidad para Panamá”, ya que fortalecería la economía al exigir “mayor presencia física y funciones reales” en el país, como la contratación de más personal, activos, y toma de decisiones efectivas en Panamá.
Por su parte, Dulcidio De La Guardia, exministro de Economía y Finanzas, advirtió sobre los costos de unirse a la OCDE.
“El gobierno de la República de Panamá no le ha presentado esa evidencia al país”, expresó, sugiriendo que antes de tomar una decisión, “deberíamos hacer un estudio de factibilidad” para entender los beneficios y costos asociados a este proceso.
“Los costos hay que asumirlos primero porque la OCDE no te va a permitir que tú seas miembro del club hasta que tú no hayas cumplido con todos los cambios normativos”, advirtió de la Guardia, haciendo referencia al largo proceso de adhesión que otros países, como Costa Rica y Colombia, vivieron antes de convertirse en miembros.
Señaló que “sí, por supuesto que hay beneficios de ser miembro de la OCDE, pero también hay costos” y resaltó que el gobierno tiene la responsabilidad de “presentarle al país un estudio serio” sobre la conveniencia de este proceso.
Adolfo Linares, crítico de los organismos internacionales, fue más directo en su rechazo a las políticas de la OCDE.
“Nosotros no tenemos regímenes especiales, tenemos un sistema territorial legítimamente reconocido”, aseveró Linares, destacando que Panamá ha sido “un centro bancario desde que se fundó en los años 70” y que siempre ha tenido “sustancia en todos esos regímenes”.
Criticó la postura de la OCDE, diciendo que “Europa quiere imponer estándares y políticas fiscales que no se ajustan a la realidad de países como Panamá”.
David Saied, de PricewaterhouseCoopers, coincidió en que la adopción de las normas de la OCDE no será fácil, pero sugirió que “con la digitalización y con todas estas nuevas tecnologías, hay mucho que se puede hacer para reducir estos costos de transacción”.
Sin embargo, enfatizó que Panamá puede “llegar a un punto intermedio”, donde no pierda totalmente su competitividad, sino que aproveche nuevas avenidas de negocios y servicios sin sacrificar su atractivo para los inversionistas.
Dulcidio De La Guardia, reiteró que “el gobierno nacional tiene la responsabilidad de presentarle al país un estudio” sobre la viabilidad de unirse a la OCDE, ya que los costos “hay que asumirlos”.
Mientras que Adolfo Linares agregó que Panamá debe defender su soberanía fiscal y encontrar “una relación entre iguales, pero no como si fuéramos todavía vasallos de los europeos”.
Los ponentes coincidieron en que Apede puede liderar un estudio sobre el costo, beneficios y riesgos de adherirse a la OCDE en caso de que el Gobierno no lo haga. Amauri Castillo, expresó que este tema va a trascender al próximo gobierno, y cuidado al de más arriba también. “Ciertamente no hay una receta mágica, y yo me atrevería a decirle que ni siquiera deberíamos pensar que es la solución a todos los problemas, el adherirse a la OCDE”. El debate sigue abierto.
