En tercer debate y de forma mayoritaria, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, 5 de agosto, el proyecto 216 que subroga la Ley 7 de 2014 y que adopta el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, sancionado y aprobado en 2014 por el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Diferentes gremios empresariales y de abogados habían manifestado su rechazo a la ley, tras advertir que su entrada en vigor causaría un impacto en la competitividad de Panamá en sentido general y, especialmente, para importantes sectores, como: bancario, marítimo y para la atracción de inversiones.
Ente otras situaciones cuestionadas, la Ley 7 de 2014 introducía la obligación de redactar los contratos de préstamo e inversión en el idioma del prestatario y en español, a lo que los críticos de esta norma aducían que estos documentos generalmente se escriben en inglés y que una obligación de este tipo supondría una pérdida de competitividad para Panamá.
La diputada Ana Matilde Gómez, proponente de este proyecto, manifestó que con su aprobación se acabará la incertidumbre que hay en estos momentos en torno a cuál será la norma que va a regir en Panamá para el negocio internacional.
