El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y su predecesor, Sandro Rosell, rechazaron declarar este lunes ante un juez por supuestas irregularidades en el traspaso del brasileño Neymar, limitándose a ratificar lo afirmado en otro caso relacionado con este fichaje, informaron fuente judiciales.
Bartomeu y Rosell habían sido convocados por el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) José de la Mata, como investigados por "estafa" y "corrupción entre particulares" en el marco de la demanda interpuesta por el fondo de inversión brasileño DIS, que poseía un 40% de los derechos deportivos del jugador. Este martes le tocará el turno al jugador brasileño del Barça.
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57.1 millones de euros (cerca de 60 millones de dólares, 40 millones para la familia de Neymar y 17.1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83.3 millones de euros (unos 90 millones de dólares).
El DIS, que recibió 6.8 millones de euros de los 17.1 pagados al Santos (7 millones de dólares), se considera doblemente perjudicado.
Primero por contratos anexos, de los que el fondo no recibió su parte y que habrían servido para ocultar el monto total de la operación, y después por un acuerdo de exclusividad entre el Barça y Neymar, que impedía a otros clubes presentar otras ofertas.
Bartomeu y Rosell se limitaron a ratificarse en lo que habían declarado ya en febrero de 2015 y julio de 2014, respectivamente, ante la justicia en el marco de otro caso por delito fiscal relacionado con el traspaso de Neymar, por el que serán juzgados en una fecha por decidir.
Entonces, Bartomeu se limitó a descargar la responsabilidad del traspaso sobre su predecesor, Sandro Rosell, "lideró, en nombre del club, las negociaciones con el padre del jugador" y que él "no intervino en la negociación", sino que finalizada esta "recibió los contratos preparados por el club y los suscribió, sin advertir ningún área de riesgo fiscal".
Rosell, por su parte, aseguró que "los contratos estaban hechos perfectamente". El juez también había convocado a los representantes del Santos y a los presidentes del Santos cuando se produjo la operación, Odilio Rodríguez y Luis Álvaro de Oliveira, quienes han pedido declarar en Brasil a través de comisión rogatoria.
