El Ministerio de Gobierno (Mingob) adjudicó de manera directa un contrato para el alquiler de 500 brazaletes electrónicos por $1.6 millones a Sprintico Corp., apenas horas después de cancelar una adjudicación –muy cuestionada– que favorecía a la misma compañía.
La maniobra ocurrió el pasado 12 de agosto: por la mañana, el Mingob anunció en Panamá Compra la cancelación de un acto público, cuyo precio de referencia era de $37.2 millones, para alquilar 2 mil brazaletes por seis años. Tres horas más tarde, anunció una nueva contratación, con una numeración distinta, a favor de Sprintico. Esta vez solo se requería el alquiler de 500 dispositivos electrónicos por 12 meses.
Sprintico Corp. es una empresa de origen israelí. Uno de sus directivos mantiene vínculos con la israelí NSO Group, creadora del software de espionaje Pegasus. Se trata del panameño Medardo Rangel Guevara, tesorero de Sprintico, quien hasta agosto de 2023 trabajaba como conductor en la Contraloría General, con un salario mensual de $692.
Pegasus fue uno de los tres sistemas de espionaje utilizados en Panamá entre 2012 y 2014 –durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014)– a un costo de $8 millones, adquiridos a NSO Group.
A pesar de los cuestionamientos derivados de estas conexiones y de la polémica cancelación del primer contrato, Sprintico volvió a ser favorecida mediante un procedimiento directo. El pago para este segundo contrato se encuentra desde el 20 de agosto en la Contraloría General para su refrendo.
Los directivos y dignatarios de Sprintico, que fue inscrita en 2021 en el Registro Público, son el panameño Jack Peter Derman Guzmán (presidente y representante legal), el colombiano Fredy López Ocampo (secretario) y Guevara (tesorero). Su agente residente es Enrique Palacios.
La nueva contratación, como se mencionó anteriormente, por más de $1.6 millones contempla el alquiler de 500 grilletes electrónicos a un costo de $8.50 diarios para el Estado por cada dispositivo marca Relialert XC3, según la propuesta presentada por Sprintico al Mingob.
Inconsistencias y coincidencias
En Panamá Compra se observa una secuencia de publicaciones fechadas el 12 de agosto, en la que el Mingob registra el nuevo acto de contratación por $1.6 millones, apenas horas después de cancelar el proceso anterior. Esto ocurre luego de que La Prensa revelara en mayo pasado el monto millonario del contrato inicial y los vínculos de uno de los directivos de la empresa con Pegasus.
Entre los documentos que acompañan el segundo procedimiento aparece una nota firmada por la viceministra de Economía y secretaria técnica del Consejo Económico Nacional (CENA), Eida Sáiz, en la que certifica a la ministra Dinoska Montalvo que, “por votación unánime”, el CENA aprobó el procedimiento excepcional para adjudicar a Sprintico el suministro e instalación de brazaletes electrónicos por un periodo de 18 meses, con cargo a las vigencias fiscales de 2025 y de 2026.
La documentación, sin embargo, presenta una inconsistencia: la nota oficial indica que la reunión del CENA se llevó a cabo el 14 de agosto, pero el trámite aparece publicado en Panamá Compra desde el 12 de agosto, dos días antes de la supuesta aprobación.
Otra irregularidad surge en el borrador del contrato incorporado al expediente. Este documento señala que los 18 meses de servicio se extienden de “julio de 2024 a diciembre de 2025”, a pesar de que la propuesta de Sprintico establece otro periodo distinto: de enero a diciembre de 2025.
Aunque los plazos varían entre documentos oficiales y la propuesta de la empresa, todas las versiones coinciden en el monto total: $1,659,837.50.
No obstante, queda la duda de si el contralor general, Anel Flores, refrendaría este contrato, contraviniendo su propia advertencia de septiembre pasado, cuando recordó a todas las instituciones del Estado –incluidos los ministerios– que no otorgaría refrendo a ningún contrato por servicios, compras u obras que ya hayan sido prestados, recibidos o que se encuentren en ejecución.
En esa circular, Flores fue explícito: “La Contraloría General de la República, como institución garante del cumplimiento del ordenamiento jurídico, no refrendará ningún documento contractual en el que se hayan recibido con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”.
A ello se suma que el artículo 74 de la Ley 22 de 2006, que regula la contrataciones públicas, establece que un contrato solo queda perfeccionado cuando es refrendado por la Contraloría y que únicamente surte efectos a partir de la orden de proceder.
¿Experiencia comprobada?
Sprintico Corp., constituida en septiembre de 2021, es una empresa reciente sin un historial amplio de contrataciones públicas relacionadas con monitoreo electrónico penitenciario. Pese a ello, en la nota justificativa del Ministerio de Gobierno se afirma que la empresa posee la capacidad técnica y operativa para asumir el proyecto, aunque no se aportan referencias previas que sustenten esa afirmación.
En mayo pasado, la ministra Montalvo defendió la selección de Sprintico alegando que el ministerio había probado dispositivos de otras empresas, pero que “no resultaron bien”, y que por ello decidió mantener a Sprintico como proveedor. Sin embargo, no es público ningún contrato con esta empresa.
Pese a las solicitudes de información, la ministra Montalvo no respondió a las interrogantes de este medio. ¿Por qué no se convocó a un acto público? ¿Por qué se mantuvo en reserva la adjudicación directa a Sprintico? ¿A qué se deben las inconsistencias en los plazos del contrato? Esas son algunas de las preguntas a la ministra que han quedado sin respuesta.
La Prensa intentó comunicarse con Jack Derman, representante legal de Sprintico, pero en los documentos del expediente no aparecen números telefónicos. Tampoco figuran contactos en la cotización presentada ni en la página web de la empresa, donde únicamente se incluye un correo electrónico.
A través de ese medio, La Prensa envió varias preguntas, incluyendo cómo se dio el primer contacto con el Mingob, cómo obtuvo la empresa el contrato directo y cuál es su experiencia comprobable en monitoreo electrónico, considerando su reciente constitución. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
