Sin derechos sobre el mar ni en tierra firme.
Así ha quedado la sociedad Panama Colón Container Port (PCCP), después de que el Ministerio de la Presidencia ordenara la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, Colón. Seis meses antes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había cancelado las concesiones para que PCCP desarrollara un puerto y un patio de contenedores sobre 81.5 hectáreas de fondo marino.
Precisamente, las fincas adyacentes a esta concesión fueron expropiadas a PCCP, ante la imposibilidad de que personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República (CGR) pudiera ingresar al área para realizar los correspondientes avalúos de las obras del puerto.
En septiembre de 2025, el MEF y la CGR emitieron notas en las que informaron que las diligencias no se habían llevado a cabo porque no fue posible contactar a los propietarios de las fincas en sus supuestas oficinas. Además, la firma que actuaba como su apoderado legal, Pitty Legal Bureau (que maneja el exembajador en Filipinas, Juan Felipe Pitty), no otorgó el consentimiento para practicar los avalúos.
Así consta en el Decreto Ejecutivo 90 del 20 de octubre de 2025, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en el que se ordena la expropiación de las fincas.
Originalmente, estas tierras eran de la nación. Isla Margarita fue la primera instalación militar estadounidense que revirtió a Panamá en 1979, en virtud de los tratados Torrijos-Carter firmados dos años antes.
En 1985, las tierras fueron traspasadas al Municipio de Colón, que eventualmente las segregó y vendió.
PCCP las adquirió, a través de distintas transacciones. Ya como titular de las fincas, solicitó la concesión a la AMP, en el año 2013. Obtuvo dos: 54.13 hectáreas para el patio de contenedores y 27.38 hectáreas para el puerto, justo al lado del rompeolas de la bahía de Manzanillo y cerca del puerto de Colón Container Terminal, en Coco Solo. La AMP elevó las concesiones a la categoría de contrato-ley y el 18 de junio de 2013 obtuvieron la sanción del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014).
Oleada de incumplimientos
En el 2021, una auditoría de la Contraloría encontró que PCCP —que originalmente se había comprometido a invertir $300.9 millones en la terminal y $105.1 millones en el patio— apenas había ejecutado el 15% del proyecto y la construcción llevaba tres años “parada”, según consta en las actas de la junta directiva de la AMP.
Además, estaba morosa en los pagos de tarifas y cánones en la AMP y tenía vencimientos en las fianzas de cumplimiento y las pólizas de seguros.
En el 23 de junio de 2021, la junta directiva de la AMP expidió una resolución en la que ordenó al administrador (que entonces era Noriel Arauz) dar por terminado el contrato. Pero eso no ocurrió. PCCP se asoció con ejecutivos de Notarc Management Group, de Bahamas y presentó un plan para rescatar el proyecto. Con esa promesa, no solo conservó la concesión, sino que logró una adenda que extendió su vigencia hasta el año 2042.
Pero la situación no mejoró. Todo siguió empantanado: el cronograma de desarrollo, los pagos a la AMP, la renovación de la fianza... Con el cambio de gobierno, la nueva administración de la AMP ordenó revisar la concesión; PCCP solicitó una nueva adenda para modificar el cronograma de desarrollo de la obra, alegando motivos “de fuerza mayor”. En la AMP luego descubrieron, con asombro, que mientras la concesionaria pedía modificaciones al contrato ley, acudió a la Corte con una demanda contencioso administrativa, por “negativa tácita por silencio administrativo” relacionado con el reconocimiento de fuerza mayor.
Para entonces, Notarc se había convertido en el propietario del 100% de las acciones de PCCP y la empresa debía más de $1.4 millones a la AMP en concepto de canon fijo y recargo por morosidad.
Pero además de los líos con el Estado, PCCP afronta conflictos internos.
Múltiples pleitos y embargos
Landbridge Port Services, una sociedad de Hong Kong, presentó una demanda en Delaware en la que reclama la titularidad del 51% de las acciones de PCCP. El caso sigue su curso.
Además, Landbridge Port presentó una demanda civil en Panamá contra PCCP y otras sociedades relacionadas. Como parte de ese pleito, en junio pasado, un juez civil ordenó el secuestro de 50 fincas, incluyendo las 41 que fueron expropiadas el pasado lunes por orden del presidente Mulino.
Sobre estas tierras ya pesan varios embargos y secuestros, desde hace años.
Incluso meses antes de que se ordenara el embargo a favor de Landbridge, otro juez civil dictó un secuestro sobre las tierras, en el marco de una demanda presentada por la sociedad Slatan Panama Construction, S.A., por la concurrencia de $1.4 millones en concepto de capital, costas y gastos.
Ahora, el Registro Público deberá realizar las anotaciones correspondientes para que conste la expropiación y el Ministerio Publico deberá abrir un proceso a fin de establecer el monto de la indemnización que el Estado deberá pagar, por la titularidad de las tierras.
