Desde que Etelvina Medianero de Bonagas asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en el año 2013, su patrimonio y el de su familia directo experimentó un inusual y sigiloso crecimiento, con fincas e inmuebles repartidos en Chiriquí y la ciudad capital.
Ahora el Ministerio Público intenta reconstruir cómo se amasó ese patrimonio, siguiendo la pista de las propiedades y estructuras legales.
En este entramado habrían participado los hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero. De hecho, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó información sobre ellos al Registro Público. Además, funcionarios de la Unachi cercanos a la rectora desempeñaron un papel relevante en esta estructura.
Los primeros rastros del patrimonio de Medianero de Bonagas salieron a la luz en 2021, durante una diligencia ordenada por el Tribunal de Cuentas como parte de una investigación por el presunto pago de doble salario a una docente de la Unachi. Aquella medida cautelar dejó al descubierto tres fincas en David, Chiriquí, y un apartamento en la ciudad de Panamá, específicamente en Betania, vinculados a la rectora. Aunque posteriormente el proceso fue suspendido, las pesquisas dejaron al descubierto parte del patrimonio de los Bonagas.
La administración presidencial de Laurentino Cortizo (2019-2024) fue favorable para la rectora, pues en ese periodo no solo consiguió librarse del proceso legal que amenazaba con golpear su gestión y patrimonio, sino que además consolidó su permanencia en el poder al lograr la reelección con el respaldo del entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La fundación privada
Durante ese mismo periodo, la rectora puso en marcha una fundación privada: la Bonagas Medianero Foundation, creada en 2021 con un capital inicial de $10,000, según consta en la información aportada al Registro Público. En pocos años, la fundación acumuló propiedades cuyo valor (en papel) suma poco más de $470,000. Entre sus activos hay dos fincas en el área turística de Boquete, en la provincia de Chiriquí, y un apartamento en el sector de Marbella, en Bella Vista.
La fundación, constituida formalmente el 22 de febrero de 2021, tiene como fundadora a Medianero de Bonagas. Su estructura administrativa es estrictamente familiar y asegura el control total del legado. Está presidida por Ethel Mayte Bonagas Medianero, acompañada por sus hermanos Moisés Enrique Bonagas Medianero (secretario) y Jessica Joanna Bonagas Medianero (tesorera).
La finca en Boquete está en una zona de alta plusvalía. Uno de los movimientos registrales más significativos ocurrió en mayo de 2023, cuando la fundación adquirió una participación mayoritaria en esta propiedad, que está identificada con el folio real número 30218971. La Bonagas Medianero Foundation figura como titular del 67% de la finca, lo que corresponde a una superficie de 4,324.60 metros cuadrados. El valor del traspaso de esta transacción ascendió a $161,365.75, compartiendo la titularidad con Deidamia Díaz Ocaña, quien retiene el 33% restante.
Díaz Ocaña laboró en la Unachi hasta 2025 como docente, con un salario mensual de $7,000 y un sobresueldo de $1,500, según consta en la planilla divulgada por el nodo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Era una de las figuras más allegadas a la rectora chiricana.
Otros bienes
La expansión del patrimonio en las tierras altas chiricanas no se detuvo allí.
En noviembre de 2023, la fundación sumó otra propiedad en Boquete, que está inscrita con el folio 30218970. Esta segunda finca fue traspasada por Miguel Antonio Miranda Lee Chang, el mismo vendedor de la propiedad anterior.
El valor registrado para esta segunda adquisición en Boquete fue de $80,281.75. A diferencia de la propiedad anterior, en este caso la fundación aparece como la nueva titular registral completa del derecho de propiedad, según consta en los asientos del Registro Público.
La fundación también dio un salto geográfico hacia la capital del país. En octubre de 2024, se registró la compra de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal en la provincia de Panamá, específicamente en un área que, según los documentos, correspondería a Marbella.
Este apartamento, inscrito con el número 31392, alcanzó un valor de traspaso de $229,000. El desglose de la transacción detalla que $25,000 corresponden al terreno, mientras que $304,000 se atribuye a las mejoras. Está ubicado en el P.H. Marbella Tower II.
Además del valor de la construcción, el inmueble incluye beneficios específicos que elevan su atractivo y funcionalidad, como dos espacios de estacionamiento identificados con los números 54 y 55. La vendedora fue la sociedad Atlas Management Group, S.A.
Para la operatividad legal de la fundación se designó como agente residente al abogado Raul Alberto Sanjur Morales, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de David.
En conjunto, los documentos analizados muestran que, en un periodo de pocos años, la Bonagas Medianero Foundation logró consolidar activos inmobiliarios cuyo valor de traspaso supera los $470,000.
La petición del procurador
El 15 de mayo de 2025, el procurador Gómez Rudy dirigió una nota de dos páginas a Nairobia Escrucería, directora del Registro Público, con una lista de nombres y cédulas, además de una solicitud expresa: buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y a otros 12 familiares, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.
Además de información sobre la rectora y sus hijos, el documento también incluye a una extensa red familiar integrada por Franklin, Edwin, Ramiro, Omaira, Javier, Genarina y Andrés Medianero Atencio. Los siete serían hermanos de la rectora.
La relación de personas investigadas también incluye a José Roberto Checa Del Cid, identificado como yerno de la rectora, y a Miriam Milagro Colato Durán, señalada como su nuera. El nombre de Colato Durán ya había surgido anteriormente en el escenario público, cuando la propia rectora la presentó como su supuesta “sobrina” de El Salvador durante una sustentación presupuestaria en la Asamblea Nacional de Panamá.
La Prensa pudo conocer que el procurador solicitó a la Contraloría General de la República certificar si varias de las personas mencionadas anteriormente laboran o han laborado, desde 2018 hasta la fecha, en alguna institución del Estado, en un intento por reconstruir sus vínculos laborales y su historial de contratación dentro de la Unachi.
Quince años después de llegar al poder universitario, el nombre de Etelvina Medianero de Bonagas ya no solo aparece en resoluciones y planillas de la Unachi. También emerge en folios reales, escrituras, fundaciones privadas y registros societarios que hoy son revisados por las autoridades.
Detrás de cada propiedad y de cada movimiento registral, el Ministerio Público intenta reconstruir una historia que mezcla poder, familia y patrimonio, mientras la rectora enfrenta el momento de mayor presión institucional desde que asumió el control de la universidad en 2013.
La Prensa intentó obtener la versión de la rectora; sin embargo, no respondió a las llamadas de este medio.
