Construction Management Group Inc. (CMG) cotizó $7.1 millones para realizar los trabajos de restauración y construcción de la villa diplomática, en Quarry Heights, Ancón.
Se trata de la misma empresa a la que el Gobierno adjudicó, en agosto pasado, la construcción del Hospital de Mascotas, un proyecto en la que el presidente José Raúl Mulino ha puesto especial empeño, ya que su familia es amante de los animales. Este contrato aún se encuentra en la Contraloría General, a la espera de su refrendo.
No es el único contrato que la actual administración ha otorgado a esta empresa.
En consorcio con Administradora de Desarrollo de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa), CMG está a cargo de la restauración de la iglesia San Felipe de Portobelo, la capilla San Juan de Dios y áreas aledañas, en Colón. No hubo acto público: fue un contrato directo de $12.2 millones otorgado por el Ministerio de Cultura, con el aval del Consejo de Gabinete.
El ADN
CMG presentó una oferta de poco más de $7.1 millones por los trabajos en la villa diplomática, un monto cercano al precio de referencia establecido por el Ministerio de la Presidencia. La diferencia entre ambas cifras fue de tan solo $111.
La sociedad fue inscrita en octubre de 2003 y está conformada por Eduardo Villalaz Bermúdez, como presidente, apoderado y director; Demetrio Arosemena Cozzarelli, como vicepresidente, secretario y director, y otra sociedad, llamada CMG Realty Inc. (en la que Villalaz y Arosemena son directivos), como tesorera.
CMG (y también Aprocosa) está en la lista de clientes de Palacios Vásquez & Asociados, la firma de la abogada Odila Castillo, una antigua asesora de la Contraloría General de la República que gestionó millonarios equilibrios contractuales durante la gestión del excontralor Gerardo Solís (enero 2020-diciembre 2024).
Al igual que en el caso del Hospital de Mascotas, Monique y Alexandra Mulino, hijas del presidente Mulino, se han involucrado en los trabajos en la villa diplomática.
El 16 de julio de 2024 (dos semanas después de la toma de posesión), las dos realizaron un recorrido por sus abandonadas instalaciones, junto a la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Monique, quien además se desempeña como asesora ad honórem en el despacho de la Primera Dama, señaló que la vivienda aparentemente estuvo en desuso durante 10 años y que el propósito es “revivirla” para que todo “quede súper bonito” y pueda ser visitada.
El reclamo de Copasa
La otra empresa que participó en la licitación por mejor valor fue Constructora Pacífico Atlántico (Copasa), que ofertó $6.5 millones.
Copasa presentó inicialmente una nota con observaciones al informe de la comisión evaluadora, que otorgó el puntaje más alto a CMG. En el documento, anunció que agotaría todas las “vías de transparencia” y las diligencias necesarias para lograr “una adjudicación justa y objetiva”.
En horas de la tarde del pasado martes, la compañía interpuso una acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, al señalar que presentó “la mejor propuesta”, al cotizar poco más de $600 mil por debajo del precio de referencia, lo que representa un ahorro al Estado, “sobre todo en momentos en que la política panameña de gobierno invoca austeridad en el presupuesto”.
“Descalificar a un proponente que presentó la mejor oferta... riñe con el principio de economía y con la naturaleza y objetivos de la contratación pública, que es obtener el mayor beneficio para el Estado”, señala el reclamo de Copasa.
La empresa pidió a la Presidencia que anule el informe. Incluso solicita se nombre una nueva comisión evaluadora.
En respuesta a estos señalamientos, el presidente de CMG, Eduardo Villalaz, reaccionó.
“Esto es una licitación por mejor valor, es decir, con ponderación técnica, administrativa, económica y financiera”, remarcó. Agregó que su empresa cumplió con todos los requisitos anotados en el pliego de cargos.
Mejor “valor” no implica necesariamente que la adjudicación será para aquella empresa que, cumpliendo los requisitos, presente la oferta más económica.
Las costosas exigencias
La empresa seleccionada deberá construir dos “salones presidenciales” de 180 metros cuadrados cada uno, con un costo total de $834 mil.
Además, se contempla una cancha y un pabellón de tenis en la azotea del inmueble, por más de $615 mil.
Villaláz no explicó en qué consiste el “pabellón de tenis”.
“Nos basamos en las especificaciones solicitadas en el pliego de cargos”, respondió escuetamente.
El contrato todavía debe ser refrendado. A partir de ahí, el Ministerio de la Presidencia podrá entregar la orden de proceder y el contratista tendrá un año para ejecutar los trabajos y dos meses adicionales para el “proceso de liquidación”.
¿Qué hará la Presidencia con la villa, dada la inversión millonaria?
Esta fue una de las preguntas de La Prensa al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien no respondió.
