Desde junio de 2023, el Ministerio Público maneja informes que indican que beneficiarios de auxilios económicos realizaron devoluciones o reembolsos en efectivo a tres cuentas bancarias controladas por Bernardo “Nando” Meneses, el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) que fue detenido este lunes 7 de julio, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Diversas entidades financieras emitieron reportes sobre “la gran cantidad de ingresos” que habría manejado Meneses, logrando identificar poco más de $406,000 depositados entre 2021 y 2024, monto que el exfuncionario “no pudo justificar razonablemente”.
De esa suma, el 68% (poco más de $277,000) corresponde a fondos recibidos en efectivo, mediante transferencias bancarias (ACH) y a través de la aplicación Yappy, según los reportes que están en manos de los investigadores.
Los análisis de las cuentas bancarias también revelaron “vínculos” con 82 individuos que recibieron auxilios económicos no reembolsables, quienes son funcionarios de la Asamblea Nacional y/o están vinculados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político en el que milita Meneses.
Se detectó que, entre 2021 y 2023, cuando Meneses estaba al frente del Ifarhu, esos 82 beneficiarios realizaron transferencias a las cuentas controladas por el entonces director “apenas se acreditaban los fondos”. La maniobra sugiere la posible conformación de una red dedicada al desvío de fondos públicos.
“Este vínculo transaccional es un claro indicio de que el señor Bernardo Meneses pudo estar involucrado en un posible esquema de corrupción, recibiendo dinero en forma de apoyo a cambio de favores políticos, violando gravemente su responsabilidad pública”, señala uno de los informes en poder del Ministerio Público.
Igualmente, se confirmó la compra de cheques de gerencia, en un aparente intento por ocultar el origen de los fondos.
Antes de ejercer como director del Ifarhu, Meneses ocupó el cargo de analista de relaciones internacionales en la Asamblea Nacional, entre 2016 y 2019, lo que explicaría su relación con funcionarios del Legislativo que recibieron auxilios económicos.
Los análisis también comprobaron que se otorgaron auxilios a personas que ocupaban cargos públicos “con salarios suficientes para solventar sus estudios”.
Durante su gestión al frente del Ifarhu, Meneses se negó sistemáticamente a revelar quiénes eran los beneficiarios de los auxilios no reembolsables, los cuales se entregaban de forma discrecional y sin evaluar indicadores como promedio académico, nivel socioeconómico o situación de riesgo social. Incluso invocó la ley de protección de datos personales como excusa para no divulgar la información, ignorando reiteradas instrucciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y de la Procuraduría de la Administración. para eliminar las trabas y divulgar los nombres.
Ingrese a la base de datos de los auxilios económicos del Ifarhu aquí.
Sorteando estos obstáculos, La Prensa armó y publicó una base de datos interactiva con los auxilios económicos repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, en la que ya se evidenciaba que entre los beneficiarios había funcionarios y familiares del entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, así como ministros, diputados, diplomáticos y contratistas del Estado, entre otros.
Meneses renunció al Ifarhu el 28 de febrero de 2023 para hacer campaña como candidato a diputado por el PRD en el circuito 13-1. No ganó la elección.

Desde entonces, la única ocupación que se le conoce es la de profesor en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, donde devenga un salario mensual de $620.10.
Meneses siempre ha negado estos señalamientos y, en abril pasado, su abogado Ángel Álvarez escribió una nota a La Prensa en la que informó que estos hallazgos eran revisados por la Contraloría, a solicitud de su defendido.
Procurador Luis Carlos Gómez se refiere a la detención de Bernardo Meneses por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 8, 2025
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