Mientras los estudiantes de 770 escuelas oficiales del país retoman sus clases este miércoles 21 de octubre, tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, en las provincias centrales el timbre escolar está lejos de sonar.
Detrás de la imagen de normalidad que proyecta la reapertura del país, se esconde una fractura profunda: 619 escuelas sufrieron daños y 35 quedaron completamente destruidas o inutilizables.
Esto ha dejado a más de 3,000 niños sin salón a tan solo mes y medio de terminar el año escolar, en un sistema que ya arrastraba casi 500 días de pérdidas en clases presenciales tras la crisis de la pandemia y las protestas docentes de los últimos años.
Un informe técnico y una propuesta de política pública elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) da cuenta de la dramática situación para los estudiantes, mayormente, de Herrera, Veraguas, Los Santos y Coclé.
La destrucción se encarnó con especial dureza en las zonas rurales del interior.
Parte de lo que refleja el documento es que el terremoto no golpeó a un sistema sano, sino a uno donde la mayoría de los estudiantes ya asistía a clases por debajo del nivel correspondiente a su grado. En el país, apenas el 16% de los jóvenes alcanzaba el nivel mínimo de competencia en matemáticas en las pruebas PISA 2022 y un 42% en lectura.
El dilema del aula multigrado
Las 35 escuelas que colapsaron compartían el mismo perfil: eran oficiales, rurales, de difícil acceso y bajo la modalidad multigrado.
Otro factor relevantes es que en comunidades apartadas, la educación a distancia o virtual no ha sido una alternativa real ante la falta de conectividad y equipos. Sin embargo, el tamaño pequeño de estos planteles (muchos con entre 10 y 25 alumnos) representa también su mayor fortaleza para la recuperación.
En el análisis se considera que justo este sistema permite habilitar aulas comunitarias en un plazo de 10 días en casas comunales, iglesias o estructuras temporales para no interrumpir el vínculo educativo.
El gobierno aún no ha dicho qué hará en esas zonas y cuál podría ser el plan a mediano y largo plazo para atender a los estudiante.
El paso a paso después del terremoto
La propuesta de Jóvenes Unidos por la Educación y Fudespa no se limita a recuperar los espacios físicos. También plantea reorganizar el regreso a clases para atender las consecuencias emocionales del terremoto y evitar que la emergencia profundice las brechas de aprendizaje.
El primer paso sería dedicar las dos primeras semanas de retorno a la acogida socioemocional, sin evaluaciones formales. La rutina escolar, el juego y la expresión de lo vivido tendrían prioridad durante ese período, mientras los docentes recibirían capacitación rápida en primeros auxilios psicológicos para brindar apoyo inicial y derivar los casos graves a especialistas.
La recuperación de la sensación de seguridad también formaría parte del proceso. El informe propone practicar el protocolo “agáchate, cúbrete y sujétate” como una herramienta para que los estudiantes recuperen la confianza, en lugar de asociar los simulacros con una nueva amenaza.
Para el cierre del año escolar 2026, la propuesta contempla evaluar rápidamente el nivel de lectura y matemáticas de cada estudiante.
Antes del 6 de noviembre, se debería aplicar una prueba oral de unos 10 minutos por alumno, con el propósito de organizar a los niños según su nivel de desempeño y no únicamente por el grado que cursan.
A partir de ese diagnóstico, los docentes priorizarían los aprendizajes fundamentales necesarios para el siguiente año lectivo.
El documento también propone modificar el criterio para calcular las calificaciones finales de 2026.
La nota de cada estudiante sería la más favorable entre el promedio de los dos primeros trimestres y el resultado del tercero, con el objetivo de evitar que un alumno repita el año por las consecuencias del desastre.
La recuperación académica no terminaría con el cierre del calendario escolar.
Para enero y febrero de 2027, el informe plantea organizar una escuela de verano voluntaria, con jornadas de entre cuatro y seis semanas dedicadas a tutorías en grupos pequeños y refuerzo académico en las zonas afectadas.
En las comunidades donde las escuelas no estén listas para marzo de 2027, la propuesta contempla instalar aulas modulares seguras y publicar un cronograma de reconstrucción que permita conocer los plazos de las obras.
Para los planteles que deban reconstruirse, también propone aplicar normas sísmicas estrictas, elaborar mapas de riesgo por escuela e incorporar la gestión de desastres al currículo nacional.
El desafío −según las medidas planteadas en el informe− no consiste únicamente en devolver a los estudiantes a las aulas, sino en evitar que el terremoto se traduzca en una nueva pérdida de aprendizajes para una generación que ya enfrentaba rezagos.
