Solo dos de los 24 casos de abuso sexual en los que la actuación de la Arquidiócesis de Panamá podría haber sido objeto de escrutinio en su momento tienen una decisión final documentada. Además, en ninguno de los 24 expedientes existe constancia escrita de que una decisión final haya sido notificada formalmente a las partes involucradas.
Esta data forma parte de un informe presentado este martes 22 de septiembre sobre la actuación de la Arquidiócesis frente a denuncias de abusos sexuales vinculados a miembros o ámbitos de la Iglesia católica y conocidos por la institución entre 2001 y 2025.
En los archivos de la Arquidiócesis constan 37 denuncias. De ese universo, el equipo evaluador determinó que en 24 casos la actuación de la institución podía ser examinada. De estos, en nueve hubo al menos una víctima menor de edad y en 11, personas adultas en situación de vulnerabilidad, explicó Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis de Panamá.
La evaluación fue solicitada por la propia Arquidiócesis de Panamá y realizada por un equipo académico internacional e interdisciplinario de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España. El análisis incluyó los ámbitos jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural.
Un problema de trazabilidad
Uno de los principales hallazgos del informe, de 128 páginas, es que la Arquidiócesis no siempre pudo reconstruir documentalmente qué ocurrió con las denuncias que recibió.
El equipo identificó como un problema central no solo la manera en que se escuchaba a las víctimas, sino también “una cultura administrativa que no dejaba registro”.
En los primeros años analizados, algunas denuncias eran manejadas de manera privada entre el arzobispo y el sacerdote señalado, con un alto nivel de informalidad. En determinados casos se iniciaban actuaciones sin que quedara documentado formalmente el comienzo del procedimiento.
A partir de 2015 se observa una mayor incorporación de procedimientos y documentación, aunque la evaluación señala que la trazabilidad sigue siendo incompleta.
Solo siete casos tienen documentada la apertura de una investigación previa
De los 24 casos evaluados, solo siete cuentan con documentación que permite acreditar la apertura de una investigación previa canónica.
En solo dos de los 24 expedientes consta una resolución o sentencia final por escrito. La ausencia de ese documento en los demás expedientes no permite concluir que no hubo una decisión o que no se aplicó una medida, pero sí impide verificar documentalmente cómo terminó cada caso.
La evaluación señala, además, que no existe constancia escrita de que una decisión final haya sido notificada formalmente a las partes en ninguno de los 24 casos.
No siempre se pueden conocer las consecuencias
La falta de registros también dificulta determinar qué ocurrió después de las investigaciones.
El equipo evaluador no pudo reconstruir en todos los casos qué consecuencias se impusieron a los denunciados ni cómo fueron supervisadas.
La documentación revisada tampoco permite determinar en todos los expedientes si las situaciones fueron comunicadas a las autoridades civiles.
Las obligaciones de denuncia cambiaron de manera importante durante los 25 años analizados. Por esa razón, el informe señala que en algunos casos no es posible afirmar ni negar si existió colaboración con las autoridades competentes.
La reparación, otro vacío
La evaluación encontró además una ausencia documental en materia de reparación.
En ninguno de los 24 casos existe constancia de que se haya evaluado el daño sufrido por la víctima y, a partir de esa valoración, se haya adoptado una medida reparativa.
El informe identifica una experiencia completa de acompañamiento en 2015, realizada por una congregación religiosa. Para los evaluadores, ese caso muestra que el acompañamiento a una víctima era posible dentro de las normas y procedimientos existentes en ese momento.
Además, el documento detalla que durante buena parte de los 25 años analizados el sistema estuvo centrado principalmente en el procedimiento y en el acusado, mientras que la víctima comenzó a recibir mayor atención posteriormente.
El derecho canónico tampoco reconoce a la víctima como parte del procedimiento en los mismos términos que al acusado.
La abolición del secreto pontificio en 2019 abrió la posibilidad de proporcionar más información a las víctimas, pero los evaluadores consideran que esto no resuelve por sí solo las limitaciones relacionadas con su participación y la documentación de los procesos.
La evaluación subraya que escuchar y acoger a las víctimas nunca estuvo prohibido.
Temor y falta de confianza para denunciar
La evaluación también incluyó una encuesta interna en la que participaron 383 personas. De ellas, 45 dijeron conocer o sospechar de situaciones de abuso y solo 21 señalaron que las habían comunicado.
Entre los obstáculos identificados aparecen la falta de claridad sobre cómo denunciar, el temor a represalias, la percepción de que comunicar el caso no serviría de nada y la presión para proteger a la institución.
Cambios recientes y 24 recomendaciones
Desde 2024, la Arquidiócesis cuenta con la Pastoral del Cuidado y Prevención y la Oficina de Escucha. El informe considera que todavía es pronto para evaluar su funcionamiento y sus resultados a largo plazo.
El equipo evaluador formuló 24 recomendaciones agrupadas en cuatro áreas: trazabilidad de los casos; derechos de las víctimas; prevención y formación; y gobernanza y rendición de cuentas.
Entre las prioridades para los próximos 12 meses están establecer un sistema único de registro y trazabilidad, completar y organizar los expedientes y garantizar mecanismos para que las víctimas conozcan el estado y resultado de sus casos.
También se recomienda designar a una persona encargada de mantener informada a la víctima y fortalecer el acompañamiento y la información que recibe durante el procedimiento.
Las recomendaciones no constituyen decisiones ya adoptadas por la Arquidiócesis. Corresponde al arzobispo y a sus colaboradores determinar cuáles serán implementadas y de qué manera.
Durante la presentación del informe, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió perdón por los casos en los que miembros de la Iglesia causaron daño y por las ocasiones en que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar.
La evaluación plantea uno de los principales desafíos para la institución: dejar constancia suficiente de cada actuación para que, aun años después, pueda reconstruirse qué ocurrió con una denuncia, qué decisión se tomó y qué seguimiento recibió.
