Las tres etapas que integran la cinta costera así como la calzada de Amador, una zona turística muy concurrida en la ciudad de Panamá, serán rehabilitadas.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a una licitación pública por mejor valor que busca adjudicar un contrato cuyo precio de referencia es por 26.1 millones de dólares para el mantenimiento integral, recuperación de estas zonas y sus infraestructuras.
Esta licitación no solo contempla labores superficiales de limpieza y ornato, sino una intervención completa, rehabilitación estructural, supervisión “constante y protocolos operativos en tiempo real”, según la institución.
La cinta costera y la calzada de Amador han sido por años escenario de eventos masivos, actividades deportivas, ferias, protestas, carnavales capitalinos y circuitos turísticos internacionales.
Ambas zonas son reconocidas por la ciudadanía como símbolos urbanos funcionales y activos, cuya utilización se extiende desde el amanecer hasta la medianoche, con usuarios que van desde familias, ciclistas, turistas y deportistas, hasta trabajadores informales.
La utilización diaria y masiva de este espacio público pasa factura a las estructuras. En la zona de juegos infantiles y en los gazebos, por ejemplo, ya se observa el desgaste, y en los baños públicos el deterioro es marcado; la mayoría no funciona.
Los detalles
Las autoridades reconocen en esta licitación que estos espacios no pueden seguir manejándose como parques de uso tradicional, sino como sitios urbanos vivos que requieren un esquema de mantenimiento similar al de un aeropuerto, con respuestas inmediatas, equipos permanentes y supervisión digitalizada.
En el caso de la Cinta Costera, el contrato abarca más de diez kilómetros continuos de infraestructura entre sus tres fases principales, desde el área próxima a la avenida de los Poetas y el viaducto de la avenida de los Mártires, hasta los accesos más cercanos al puente de las Américas.
Esta cobertura incluye la rehabilitación y remozamiento de las actuales plazas, ciclovías, estacionamientos públicos, canchas deportivas, zonas infantiles, pasos peatonales, miradores frente al mar, sistemas de riego, iluminación inferior de viaductos, bombas de agua, espacios para skateparks, áreas de sombra y mobiliario público como bancas, pérgolas y bebederos.
También contempla la construcción de la nueva fuente Anayansi y un sistema de chorros interactivos.
Uno de los puntos más sensibles, de acuerdo el pliego de cargos, es la iluminación, dado que la cinta costera funciona hasta altas horas de la noche y la apertura al paso peatonal depende directamente del buen funcionamiento eléctrico, incluyendo cámaras de seguridad, sensores, tableros de control y luminarias estratégicas en la franja costera. En la actualidad, hay áreas oscuras o poco iluminadas. Muchos usuarios, incluso, han denunciado el hurto de artículos que tenían dentro de sus vehículos.
Más tecnología
El contrato exige que toda la infraestructura sea inventariada y georreferenciada mediante plataformas digitales de cartografía avanzada, como ArcGIS o QGIS. Esta tecnología no se limita a tener una base visual, sino que obliga al contratista a documentar el estado exacto, ubicación y características técnicas de cada elemento, desde una luminaria hasta un baño público, pasando por adoquines, fuentes, pérgolas o árboles de gran porte, detalla el pliego.
Esto permite que el mantenimiento deje de depender de llamadas de emergencia y pase a un esquema autogestionado, donde el Estado tiene control visual y digital del estado actual de la infraestructura casi en tiempo real.
La licitación también incorpora el Mirador del Pacífico, una zona que se ha convertido en espacio de eventos multitudinarios y que requiere un esquema de supervisión reforzado durante fines de semana y temporada alta. El pliego deja claro que el contratista deberá responder no solo a labores de limpieza o poda, sino a reparaciones integrales que devuelvan las instalaciones a su estado original o, si es necesario, a una versión modernizada, siempre que ello respete la coherencia paisajística del proyecto.
El Causeway
En paralelo, la Calzada de Amador -conocida como Causeway- también tendrá una intervención igualmente “profunda”. En este caso, se trata de un tramo aproximado de cuatro kilómetros, desde la rotonda del BioMuseo hasta la isla Flamenco, donde el Estado exige no solamente restaurar áreas visibles como aceras, vallados o luminarias, sino introducir un sistema de control sanitario, riego paisajístico y modernización de mobiliario urbano que garantice “su funcionamiento sin interrupciones”. Incluye el reemplazo de bancas.
En el pliego se especifica que los baños públicos deberán estar atendidos como mínimo cinco días a la semana, los juegos infantiles deberán mantenerse en condiciones seguras, y los estacionamientos públicos deben conservar demarcaciones limpias y visibles. No es una limpieza esporádica, sino una obligación de operación continua que deberá asumir el contratista. En la actualidad, sus tres baños públicos presentan algún daño y no cuentan con vigilancia permanente.
La Calzada de Amador ha funcionado como espacio de entrenamiento para ciclistas, como corredor turístico para peatones y como sede de actos culturales, lo que ha multiplicado su nivel de desgaste por uso intensivo.
El MOP exige, además, la instalación y supervisión permanente de cámaras de seguridad enlazadas a centros de monitoreo, sin delegar esa responsabilidad a dependencias externas. Uno de los elementos claves es que se requiere presencia técnica fija: personal de plomería, eléctrico, operativo y de respuesta inmediata deberá estar disponible todos los meses, sin depender de avisos reactivos.
Este modelo de licitación sugiere que el gobierno busca replantear la manera en que se entiende el mantenimiento urbano. En lugar de contratos parciales que atienden emergencias específicas o “intervenciones anuales” con carácter superficial, se propone un esquema de administración total. El pliego detalla que, en caso de inundaciones, averías eléctricas, vandalismo o rotura de mobiliario, el contratista deberá actuar sin esperar una orden formal del Estado, bajo una cláusula de respuesta obligatoria.
En la práctica, esto implica que el administrador del contrato deberá funcionar como una especie de operador urbano con base técnica in situ. La licitación obliga a que todos los registros de revisión, reparación o sustitución sean sistematizados digitalmente, lo que permitirá al MOP tener trazabilidad exacta de cada intervención.
El acto público está previsto para el 17 de noviembre. El pasado 8 de octubre, el ministerio realizó la reunión de homologación y 30 empresas que mostraron interés se presentaron ese día.
