El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se encuentra preparando la nueva licitación de la fase B del proyecto de rehabilitación vial y circunvalación costera en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, luego de la rescisión del contrato original adjudicado en la administración pasada.
El proceso contempla volver a licitar la obra con ajustes solicitados por el Ministerio de Ambiente (Miambiente). “En estos momentos, nos encontramos en el proceso de armar la licitación”, indicó la entidad.
Sin embargo, la nueva convocatoria no solo implicaría una reactivación administrativa del proyecto, sino también la incorporación de ajustes en el diseño, un elemento que ya había sido advertido —y cuestionado— desde etapas tempranas.
La obra contempla la conexión entre playa Paunch, playa Bluff y Boca del Drago, además de intervenciones en calles internas, drenajes, ciclovía y sistemas de protección costera, y fue originalmente concebida por un monto de $55.9 millones.
El contrato fue adjudicado en mayo de 2023, bajo la administración de Rafael Sabonge, y posteriormente rescindido el año pasado por la actual administración de José Luis Andrade, en medio de desacuerdos técnicos, financieros y legales entre el MOP y la empresa Constructora Santa Fe Limitada.
El caso escaló al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), donde una serie de resoluciones no solo confirmó la rescisión del contrato, sino que además concluyó que el bajo nivel de ejecución de la obra no era imputable a la contratista.
El tribunal anuló la inhabilitación por cuatro años y determinó que tampoco procedía la ejecución de la fianza de cumplimiento, al no existir culpa o dolo atribuible a la empresa.
En su decisión, el tribunal reconoció que “el bajo porcentaje de ejecución de la obra no es imputable a la contratista”, sino que obedeció a una serie de “hallazgos que impidieron que la contratista pudiera ejecutar la obra de acuerdo con los términos inicialmente pactados en el contrato, el cual, a su vez, se confeccionó con base en las disposiciones del pliego de cargos”.
Asimismo, el tribunal dispuso que no se puede “achacar al actual contratista los errores de diseño y conceptualización de una obra que, desde varios puntos de vista (entre ellos el jurídico), no puede ser viable”.
El artículo 1009 del Código Civil establece, además, que “no se le puede reprochar una obligación a quien en nada o poco haya tenido que ver con la imposibilidad de su cumplimiento”.
En paralelo a la disputa contractual, el proyecto arrastraba cuestionamientos sobre su diseño y su impacto ambiental.
Un proyecto cuestionado desde el diseño
Organizaciones ambientales como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtieron desde etapas tempranas que la obra, especialmente en su trazado de una cinta costera de aproximadamente 17 kilómetros entre playa Paunch y Boca del Drago, fue aprobada con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no identificaba con claridad la afectación a humedales ni a ecosistemas sensibles como manglares.
Estas observaciones no se limitaron a la fase de ejecución. En abril de 2024, durante la administración del entonces ministro Sabonge, ya se había reconocido la necesidad de introducir cambios en el diseño de la fase B del proyecto.
En ese momento, se planteó modificar el alineamiento de la vía para evitar intervenir directamente sobre humedales y áreas de manglar, así como ajustar elementos de protección costera y drenajes.
Las discusiones sobre el rediseño no son nuevas y forman parte del historial técnico del proyecto, incluso antes de su actual etapa de rescisión y relanzamiento.
Cambios que se evaluaron
En ese momento, Sabonge y su equipo técnico plantearon que los ajustes evaluados contemplaban modificaciones en al menos cuatro componentes del diseño. Entre ellos, cambios en el trazado para reducir el impacto sobre zonas ambientalmente sensibles, la incorporación de sistemas de protección costera más eficientes y la actualización del sistema de drenajes para mitigar riesgos de inundación.
También se evaluaba el uso de tramos ya existentes como parte del alineamiento vial, así como la incorporación de soluciones de ingeniería como enrocados para disipar la energía del oleaje y reducir la erosión costera.
Sin embargo, la administración actual no ha detallado el alcance final de estos cambios ni si retoma exactamente las modificaciones planteadas en 2024 o si se trata de un rediseño más amplio.
Un proceso que viene desde 2021
El origen del proyecto se remonta a procesos de consulta iniciados en 2021, con audiencias públicas de participación limitada debido a las restricciones de la pandemia. Posteriormente, el EIA fue aprobado en 2023 mediante resolución oficial, dando paso a la ejecución del contrato que posteriormente fue rescindido.
El MOP ha sostenido que el proyecto busca impulsar la conectividad vial y el desarrollo turístico de Isla Colón, en una provincia con altos índices de pobreza multidimensional y fuerte dependencia del turismo como motor económico.
No obstante, residentes y sectores ambientales han advertido que la intervención podría afectar ecosistemas costeros sensibles, especialmente en áreas como Playa Bluff, La Estrella y Mimitimbi, donde se registran altos niveles de biodiversidad.
Con la rescisión del contrato, la anulación de sanciones y la imposibilidad de ejecutar la fianza, el Estado deberá reiniciar el proceso de contratación. Esta vez, el proyecto no parte de cero: lo hará bajo un escenario en el que el diseño original ya ha sido cuestionado técnica, legal y ambientalmente.
La discusión ahora no se centra únicamente en quién ejecutará la obra, sino en cómo será ejecutada. El rediseño de la fase B se ha convertido en el eje central de la nueva licitación, en un proyecto marcado desde su origen por ajustes, advertencias ambientales y controversias contractuales.
