El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, advirtió sobre la urgencia de alcanzar acuerdos que eviten una crisis social en Bocas del Toro, donde más de 30 mil empleos —entre directos e indirectos— estarían en riesgo debido a los cierres de vías y las protestas que ya se extienden por 21 días en el país.
Su declaración se da luego de confirmarse que el diálogo entre los manifestantes y el Gobierno no logró un acuerdo, mientras la provincia registra más de 25 bloqueos en diferentes puntos.
Leblanc reconoció el derecho ciudadano a la protesta social, pero enfatizó que este no puede vulnerar otros derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación, la salud y el trabajo. “Debe prevalecer el bienestar colectivo de todas las personas”, sostuvo.
Asimismo, hizo un llamado a la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Elena Cruz, y a la presidenta del Congreso General, Juliana Santiago Santos, para que ejerzan su liderazgo e intervengan en favor de la gobernabilidad. Les pidió permitir el paso de ambulancias, insumos de agua, oxígeno y otros productos esenciales hacia hospitales de Chiriquí y Changuinola.
“Todos sufrimos las consecuencias de los cierres en 2022 y 2023. Panamá no soportaría una situación similar. Debemos evitar repetir una historia dolorosa como la de Puerto Armuelles en 2003, cuando el cierre de las bananeras provocó un colapso económico y social”, advirtió Leblanc.
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El defensor también alertó sobre el riesgo de una crisis aún más profunda en Bocas del Toro, una provincia que ya enfrenta altos niveles de desempleo. Recordó que cerca del 90% de la mano de obra en el sector bananero proviene de la comarca Ngäbe Buglé, lo que agrava el impacto social de los bloqueos.
Árboles derribados, piedras y barricadas improvisadas impiden el paso vehicular en varias zonas de Bocas del Toro. “Estamos totalmente paralizados en la provincia. No podemos comercializar nuestras cosechas en este momento. Estamos secuestrados”, denunció el productor independiente Adonai Quezada en declaraciones a La Prensa.
