Tras 81 días de huelga, cientos de docentes regresaron este lunes 14 de julio a las aulas, luego de que los gremios magisteriales firmaran un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca). La protesta, convocada desde el 23 de abril en rechazo a la controvertida Ley 462 —que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social—, se convirtió en uno de los conflictos más prolongados para el sector educativo en la historia reciente del país.
Sin embargo, el regreso no ha sido igual para todos. Durante un webinar realizado la noche del domingo, los secretarios generales de los gremios docentes reconocieron que el paro fue “duro” y que muchos educadores atraviesan ahora una situación crítica: no tienen dinero ni siquiera para pagar el pasaje de regreso a sus centros escolares. Esta situación afecta principalmente a docentes del interior del país, en comunidades rurales y pueblos originarios, quienes enfrentan dificultades económicas que limitan su reincorporación.
“Esto no es falta de voluntad. Es un castigo económico y político”, afirmaron dirigentes gremiales, quienes también admitieron que el acuerdo alcanzado con el Meduca no logró cumplir los objetivos iniciales del movimiento. Aun así, defendieron el pacto como una salida necesaria para evitar más sanciones, garantizar un retorno seguro a las aulas y mantener la unidad entre los educadores.
Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), expresó su solidaridad con los docentes más afectados. “Muchos compañeros no tienen cómo volver. No es justo que después de defender nuestras pensiones, hoy estén siendo castigados económicamente”, señaló, lamentando la difícil situación que atraviesan sus colegas.
Los dirigentes magisteriales también reiteraron su compromiso de brindar respaldo gremial y legal a los educadores que enfrentan procesos disciplinarios, han sido notificados formalmente o separados de sus cargos durante la huelga. Expresaron que continuarán luchando para proteger los derechos de los docentes y evitar que se sigan produciendo represalias injustas.
“La Ley 462 sigue viva”, advirtieron, señalando que el verdadero debate apenas comienza cuando se instalen las comisiones técnicas que revisarán el futuro del sistema de seguridad social en Panamá. Por ahora, el retorno a clases ha sido parcial, desigual y cargado de incertidumbre para quienes, durante casi tres meses de protesta, no dictaron clases, lo que afectó a miles de estudiantes en todo el país.
Padres de familia se encontraron este lunes con las puertas del plantel cerradas, pese al anuncio oficial del retorno a clases. Denuncian contradicciones entre las autoridades educativas y la presencia de unidades policiales en el lugar.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/NmpIASUDoR
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 14, 2025
Notificaciones por WhatsApp no son válidas
Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), aclaró aspectos clave sobre los procesos legales abiertos contra algunos docentes. Explicó que, conforme a la ley, las notificaciones legales válidas no incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos ni mensajes de WhatsApp. Por lo tanto, si un docente solo recibió alguna de estas formas de comunicación, no debe considerarse legalmente notificado y puede reintegrarse a su puesto sin inconvenientes.
Detalló que, para que una notificación sea válida, debe seguir un procedimiento específico: el docente debe haber recibido al menos dos visitas domiciliarias en días distintos, debidamente registradas en un informe dentro de su expediente personal. Solo después de estas visitas puede colocarse un edicto en la puerta de su casa o en su centro educativo, lo cual se considera legalmente válido. Además, si el docente se encontraba en casa pero se negó a firmar la notificación en presencia de un testigo, entonces sí se considera notificado.
Los dirigentes también señalaron que los docentes que presentaron recursos de reconsideración ante sus directores escolares pueden esperar respuesta en un plazo máximo de cinco días, tal como establece el acuerdo firmado. Recalcaron que los directores están obligados a justificar con claridad la continuidad o el archivo de los expedientes abiertos, y subrayaron que el ejercicio del derecho a huelga no debe interpretarse como una falta contra la moral o la buena conducta.
