Lo que comenzó el pasado 23 de abril como una protesta por la derogación de la Ley 462 —reforma al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS)— ha evolucionado hacia una nueva exigencia del gremio docente: la firma de un acuerdo de finiquito de huelga que garantice un regreso a clases sin represalias ni sanciones administrativas.
Aunque la Asamblea Nacional no se ha comprometido a derogar la Ley 462, sí ha aceptado revisar al menos 52 artículos objetados por los gremios magisteriales.
Sin embargo, los educadores advierten que, sin un documento formal que cierre la huelga, siguen expuestos a procesos disciplinarios injustificados. Sostienen que los más de 70 días de paro están protegidos por la Constitución Nacional como un derecho legítimo de los trabajadores.
En la práctica, sin embargo, algunos docentes ya han comenzado a recibir notificaciones por “abandono de cargo”, lo que ha encendido las alarmas en los gremios.
Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), denunció que fue buscado en su propio domicilio para ser notificado, cuando el procedimiento correcto es hacerlo en el centro educativo. “Esto es una forma de presión psicológica contra el docente y su familia. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, declaró.
En el Instituto América, el también dirigente de Asoprof, Armando Barrios, reportó supuestas irregularidades en la distribución de resoluciones disciplinarias. Según él, las autoridades escolares no tienen las notificaciones en su poder, lo que sugiere que el Ministerio de Educación (Meduca) estaría acelerando procesos de reemplazo sin cumplir con el debido proceso.
Desde la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), su vocero Armando Espinosa ha sido enfático en que la falta de voluntad del Meduca para firmar el finiquito está afectando directamente a los estudiantes. “El finiquito no es para ayudar a los docentes, es para que los estudiantes recuperen sus clases”, subrayó.
Según Espinosa, este acuerdo permitiría extender legalmente el calendario escolar, establecer el compromiso de no aplicar represalias y garantizar el pago de los días no laborados.
Aseguró que los educadores están dispuestos a extender el año escolar hasta enero o febrero, si es necesario, pero cuestionó la lógica de exigir recuperación sin ofrecer compensación: “Si no se paga ese tiempo, ¿cómo se imparten esas clases? ¿Quién pierde? Los estudiantes”, mencionó.
Además, denunció que el Meduca está entregando notificaciones directamente en los domicilios de los docentes, una práctica que calificó como “acoso psicológico”.
Espinosa también rechazó los señalamientos de abandono de cargo, reiterando que la huelga está amparada por la Constitución. “No hemos dejado de ser docentes. Estamos ejerciendo un derecho legítimo”, afirmó.
A pesar del clima de tensión, sostuvo que los gremios están listos para regresar a las aulas si se garantiza un retorno sin represalias. “No tiene que ser con la ministra Lucy Molinar. Puede ser con cualquier funcionario del Ejecutivo que tenga disposición al diálogo”, agregó.
En medio de esta tensión entre educadores y el Gobierno están los estudiantes del sector oficial, quienes en los últimos cinco años solo han tenido un año escolar regular: el 2024. En 2020 y 2021, la pandemia mantuvo las escuelas cerradas y las clases se dictaron de forma virtual; en 2022 y 2023 se registraron nuevos paros por protestas sociales y, ahora, en 2025, el paro magisterial ha afectado nuevamente el calendario escolar.
Las protestas de 2022, una de las mayores movilizaciones sociales, incluyeron a gremios docentes, sindicatos, pueblos indígenas, transportistas y grupos cívicos. Se originaron por el alto costo de la vida, el incremento en el precio del combustible, la corrupción y la falta de transparencia.
Posteriormente, en 2023, las manifestaciones se intensificaron tras la aprobación del contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals para explotar la mina Cobre Panamá.
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Lo que piden los docentes
El pasado 3 de julio, representantes de los 23 gremios docentes se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, a quien solicitaron que el Legislativo actúe como mediador. Hasta el momento, el Órgano Ejecutivo no ha accedido a establecer una mesa de negociación.
En ese encuentro, los educadores presentaron una lista de demandas concretas: eliminar las licencias sin sueldo aplicadas durante la huelga, restituir su estatus laboral activo, retirar cualquier intento de judicialización contra quienes participaron del paro y garantizar que no habrá sanciones económicas ni administrativas. También exigen el pago de los salarios retenidos.
A cambio, se comprometieron a recuperar todos los contenidos académicos no impartidos y a extender el calendario escolar si es necesario. Sin embargo, insisten en que sin un acuerdo que respalde ese compromiso, el conflicto seguirá estancado.
“No podemos regresar con las manos vacías. Tenemos que volver con algo seguro, con un documento firmado que garantice el pago de nuestros salarios y el respeto a nuestros derechos”, expresó Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses.
Mientras tanto, el paro continúa y miles de estudiantes permanecen sin clases en todo el país. La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha sostenido una postura inflexible. “Esto no es una huelga, esto es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”, afirmó.
Molinar también ha reiterado que las demandas de los docentes no guardan relación con asuntos del sistema educativo, ya que la protesta surgió en rechazo a la Ley 462. En cuanto al aspecto económico, subrayó: “Si no trabajas, no puedes recibir pago. Eso no se puede permitir”. Esa misma posición ha sido respaldada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y por el contralor general, Anel Flores.
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Apertura de procesos disciplinarios por parte del Meduca
En medio de esta etapa crítica para el sistema educativo nacional, el Meduca anunció ayer domingo la apertura de procesos disciplinarios contra docentes que persisten en actividades políticas y no se han reincorporado a sus funciones.
“Estamos viviendo momentos cruciales para el futuro de la educación del país”, señaló la ministra de Educación. Explicó que la postura adoptada responde a la necesidad de devolver el sistema educativo a su misión fundamental: centrarse en el estudiante y fortalecer su formación integral.
“Hemos invertido una década en aventuras políticas que nos han desviado de la misión más importante que tiene la institución, que es ocuparnos del estudiante y formar mejores ciudadanos para el país”, manifestó Molinar. Por ello, el Meduca sostiene que es momento de sentar un precedente que reafirme el compromiso de los docentes con la tarea educativa.
El Meduca celebró el retorno de miles de maestros a las aulas y expresó su respaldo a los directores que requieren personal comprometido con la enseñanza. “Todo el que ha vuelto está dando clases, y todo el que se quiera reintegrar será recibido con los brazos abiertos”, afirmó la ministra.
Sin embargo, enfatizó que aquellos que insistan en actividades políticas en lugar de regresar a sus funciones enfrentarán procesos disciplinarios, pues consideran vital normalizar el sistema y priorizar el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. “El sistema educativo tiene que estar al servicio de la educación, no de otros intereses”, concluyó.
Los más afectados
El escenario sigue sin un horizonte claro de solución y, mientras se mantienen las posturas encontradas, los más perjudicados siguen siendo los estudiantes panameños.
Este paro docente ha tenido consecuencias graves en la educación pública de Panamá, especialmente para los 800,000 estudiantes del sector oficial. Desde 2020 hasta 2025, los estudiantes han perdido casi 550 días de clases presenciales, lo que representa la interrupción educativa más larga registrada en el país y una de las más graves a nivel mundial.
Según un reciente estudio titulado Sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, esta interrupción educativa tendrá un impacto negativo a largo plazo en el futuro académico, laboral y social de los estudiantes panameños.
El estudio señala que la pérdida de clases afectará la preparación académica de las futuras generaciones y pondrá en peligro su inserción en el mercado laboral. Los efectos podrían ser devastadores, con un aumento en la desigualdad educativa y una disminución de las oportunidades para los jóvenes en el futuro.
A medida que el paro se prolonga, la presión aumenta tanto sobre el Gobierno como sobre los gremios docentes para que encuentren una solución. Los docentes han enfatizado que el regreso a clases está condicionado a una respuesta clara del Ejecutivo, a quien acusan de mantener las puertas cerradas al diálogo.
