Retraso de pagos del Minsa afecta a pacientes renales

Más de 500 pacientes renales atendidos en clínicas privadas contratadas por el Minsa alertaron sobre el riesgo de interrupciones en sus tratamientos debido a retrasos en los pagos a los centros médicos.

Retraso de pagos del Minsa afecta a pacientes renales
Los pacientes piden que el Minsa paguen una deuda de aproximadamente 3 millones de dólares. Archivo

Pacientes de hemodiálisis atendidos mediante un convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y clínicas privadas expresaron su preocupación ante la posible suspensión de sus tratamientos debido a los retrasos en los pagos del Estado a los centros médicos contratados.

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Se trata de más de 500 pacientes que reciben atención a través de esta alianza, establecida por el Minsa desde 2020 con seis clínicas privadas para atender a personas con insuficiencia renal que no podían ser absorbidas por el Hospital Santo Tomás (HST). El acuerdo contemplaba la prestación de los servicios, el suministro de medicamentos por parte del ministerio y las inversiones necesarias para garantizar la atención.

Sin embargo, en los últimos años, dos de las seis clínicas suspendieron los servicios de diálisis por diversas causas, entre ellas la deuda acumulada del Gobierno. Esta situación ha generado una mayor presión sobre las cuatro clínicas restantes, que también mantienen cuentas pendientes por cobrar.

Alexander Pineda, vocero de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (Anpircf), manifestó que actualmente son cuatro las clínicas que continúan brindando los tratamientos: Nephro Health Panamá, Centro de Tratamientos de Enfermedades Renales (Cetrersa), Servicios Profesionales Médicos, S.A. (Sepromesa) y el Centro de Asistencia Renal.

Retraso de pagos del Minsa afecta a pacientes renales

Según Pineda, uno de los principales problemas es que el Minsa requiere la asignación de fondos para efectuar los pagos, por lo que depende de la aprobación presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del refrendo de los contratos por parte de la Contraloría General de la República.

“Necesitamos que refrenden los contratos para que las empresas puedan seguir brindando los servicios de tratamiento de hemodiálisis a los pacientes”, señaló Pineda. De acuerdo con el vocero, la deuda acumulada del Minsa podría rondar los 3 millones de dólares.

A esta situación se suma el ingreso de cerca de 100 nuevos pacientes al programa de diálisis durante este año, cuyos costos no fueron contemplados en el presupuesto de 2026.

Se estima que la atención de cada paciente representa una inversión de 175 dólares por sesión. Considerando que deben someterse al tratamiento unas 13 veces al mes, el costo mensual para estos nuevos pacientes supera los 227 mil dólares.

“Reiteramos nuestra preocupación. Si no se resuelven los pagos correspondientes a los contratos y adendas, los pacientes serán los más afectados por la falta de presupuesto”, advirtió Pineda.

Los pacientes también solicitaron a las autoridades regularizar los pagos pendientes con las clínicas privadas y garantizar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.

Asimismo, pidieron fortalecer los programas de trasplante renal y ampliar la cobertura de los servicios de diálisis hacia las comunidades, con el fin de reducir los costos de traslado y el desgaste físico que enfrentan los pacientes.

Además de la incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos, los pacientes han expresado preocupación por la disminución en el número de trasplantes renales realizados en el país.

Manuel Gómez Calderón informó que en 2018 se efectuaban alrededor de 50 trasplantes renales al año, mientras que en 2026, con seis meses transcurridos, apenas se han realizado entre 10 y 13 procedimientos.

Consorcios piden respiro al Minsa

Por su parte, José Fajardo, apoderado legal del Consorcio Nephro Health Panamá, uno de los proveedores de servicios de hemodiálisis, señaló que el Minsa mantiene una deuda superior a 1.4 millones de dólares debido a retrasos en el refrendo de un contrato que ha sido devuelto en dos ocasiones por la Contraloría a causa de errores en las partidas presupuestarias presentadas por la entidad.

El representante explicó que la empresa comenzó formalmente a prestar el servicio bajo el nuevo contrato el 1 de diciembre de 2025, aunque ya había brindado atención de emergencia durante los meses de octubre y noviembre de ese mismo año.

Detalló que el consorcio contaba con recursos propios para sostener la operación entre 60 y 90 días mientras se completaban los trámites administrativos; sin embargo, la espera se ha prolongado por cerca de nueve meses.

Actualmente, esta clínica atiende a 100 pacientes renales en sus instalaciones ubicadas en la vía Ricardo J. Alfaro.

Fajardo explicó que, aunque cuentan con una tercera sala equipada para atender entre 40 y 50 pacientes adicionales, esta no ha podido habilitarse debido a la falta de garantías de pago.

Nephro Health Panamá asegura que ha continuado prestando los servicios sin suspender tratamientos, pese a que sus costos operativos ascienden a aproximadamente 170 mil dólares mensuales y cada sesión de hemodiálisis tiene un costo cercano a los 176 dólares. Además, la empresa ha asumido gastos en medicamentos e insumos para evitar afectaciones a los pacientes.

El contrato pendiente contempla la prestación del servicio entre 2026 y 2030. Según la empresa, su refrendo permitiría acceder a financiamiento bancario para garantizar la continuidad de las operaciones.

Ante esta situación, el Consorcio Nephro Health Panamá solicitó a las autoridades agilizar la aprobación del contrato y establecer un cronograma de pagos que garantice la continuidad y expansión de los servicios de hemodiálisis.

Además de las clínicas privadas que participan en el convenio con el Minsa, la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás atiende entre 35 y 40 pacientes. La unidad cuenta con 14 máquinas y sus respectivos sillones, donde se realizan procedimientos de hemodiálisis, diálisis y otros tratamientos en dos turnos diarios. En total, la lista de pacientes inscritos en el programa supera las 340 personas.

No obstante, las instalaciones presentan un visible deterioro en su infraestructura, con rajaduras en las paredes, desprendimiento de losas y filtraciones de agua, una situación que también genera preocupación entre los pacientes y sus familiares.

Este medio consultó al Minsa sobre la deuda que mantiene con las clínicas privadas que brindan el servicio, pero al cierre de la nota, no había pronunciamiento formal.


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