En las calles del distrito de Panamá, salir de la adicción no siempre comienza con la decisión de cambiar. A veces, la ayuda llega y se rechaza; otras, quienes la necesitan abandonan los lugares donde intentaron recuperarse y regresan a la calle.
En Las Garzas, seis personas han comenzado un proceso de recuperación en el primer Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle del país, que abrió sus puertas esta semana. Detrás de esos seis ingresos hay meses de acercamientos, intentos fallidos y una pregunta difícil: ¿qué hace falta para que una persona acepte salir de la calle y logre mantenerse fuera de ella?
Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, reconoce que se trata de una realidad compleja. Según las cifras de la Alcaldía, desde 2024 se ha contactado a 1,070 personas en situación de calle, de las cuales el 98% presenta trastornos por consumo de sustancias.
El recinto tiene capacidad para 250 personas, pero el ingreso requiere un proceso previo que puede tomar meses antes de que comience el tratamiento.
Las características
El centro no está diseñado para recibir directamente a todas las personas que viven en las calles. Está dirigido a quienes presentan problemas de consumo de alcohol o drogas y han pasado por una etapa previa de desintoxicación.
Cunningham explicó que, cuando los equipos municipales las contactan en la calle, muchas todavía consumen de manera constante y no están dispuestas a iniciar un tratamiento. «Ellos quieren permanecer en la calle», señaló.
Para ingresar, cada persona debe firmar un consentimiento informado que confirme su voluntad de participar en el proceso. Nadie puede ser obligado a entrar ni privado de su libertad una vez dentro del centro.
Antes de ingresar, sin embargo, debe superar la fase de desintoxicación. Esta puede llevarse a cabo con el apoyo de organizaciones que trabajan con el municipio, como el Centro Juan Pablo II, en Calidonia, vinculado a la Iglesia católica, y entidades evangélicas como Clamor en el Barrio.
El ingreso
Una vez que la persona está preparada para ingresar, comienza otra fase. El centro elaborará un plan individual de desarrollo para cada usuario, con la participación de profesionales de psicología, psiquiatría, medicina general, enfermería especializada en adicciones y trabajo social. La permanencia prevista oscila entre seis y 12 meses.
La llegada de los primeros seis usuarios no fue inmediata. Cunningham contó que inicialmente se había previsto el ingreso de 16 personas, pero diez decidieron posponerlo. Algunas pidieron que los equipos regresaran en otra fecha, mientras que otras personas, vinculadas a distintas organizaciones, también han manifestado interés en ingresar.
Desde 2024, los equipos municipales han contactado a 1,070 personas en situación de calle. Cunningham aclaró que esta cifra corresponde a quienes han conocido y atendido durante sus recorridos, por lo que no necesariamente representa el total de personas que viven en esa condición en el distrito.
La directora también señaló que entre las personas contactadas hay adultos mayores en situación de abandono y migrantes en situación irregular, para quienes se han gestionado respuestas distintas. Además, indicó que alrededor del 7% presenta trastornos mentales junto con consumo de drogas, una condición que plantea dificultades adicionales para su atención.
La población
Otro dato que preocupa a la directora es la edad de quienes viven en las calles. Según las estimaciones que maneja la Alcaldía, la mayoría tiene entre 36 y 54 años, un rango que coincide con la edad productiva.
La atención también implica un costo considerable. Cunningham calculó que atender a una población de 50 personas en el centro podría representar entre $400,000 y casi $500,000 al año.
La Alcaldía aportaría el local, la metodología y la asistencia técnica. El Ministerio de Salud asumiría la atención sanitaria, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social contribuiría con recursos humanos y apoyo institucional. La Iglesia católica participaría en la administración del recinto.
La operación se financiaría con recursos de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, vinculada al Ministerio Público, y subsidios del Ministerio de Desarrollo Social.
