La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, rechazó la decisión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el servicio de recolección de basura en el distrito, al considerar que se trata de una medida improvisada que desconoce el trabajo técnico y la planificación desarrollados por el municipio para enfrentar uno de los problemas más sensibles que afectan a la población.
La reacción de la alcaldesa se produjo este miércoles 14 de enero, cuando convocó a una conferencia de prensa a las 7:00 a.m., un día después de que la Junta Directiva de la AAUD aprobara la Resolución No. 01-2026, del 13 de enero de 2026, mediante la cual se autoriza a su administrador general, Ovil Moreno, a ejecutar un plan de contingencia y asumir la recolección y disposición de los residuos sólidos en San Miguelito.
La resolución también establece que la AAUD asumirá la titularidad del cobro y la recaudación de la tasa de aseo en el distrito. Esta medida afecta a unos 70 mil usuarios que mantenían contrato con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), cuyo contrato de concesión, vigente desde 2001, vence el próximo 18 de enero.
De los clientes que mantenía Revisalud, el 65% no cumple con el pago de la tasa de aseo. Según fuentes de la Alcaldía de San Miguelito, en reiteradas ocasiones se solicitó a la empresa información financiera, específicamente sobre la recaudación de la tasa de aseo, sin que esta fuera remitida.
La medida tomó por sorpresa a Hernández, quien aseguró que desconocía la decisión y sostuvo que se ha vulnerado la autonomía municipal, por lo que evalúa la presentación de acciones legales. “San Miguelito merece respeto, soluciones planificadas y un servicio de aseo eficiente que responda a las necesidades reales de sus vecinos”, afirmó.
Licitación en curso y contratos temporales
La intervención de la AAUD ocurre mientras el Municipio de San Miguelito desarrolla, de manera paralela, un proceso de licitación pública para adjudicar una nueva concesión del servicio de recolección de basura, ante el vencimiento del contrato con Revisalud, tras 25 años de concesión.
Ante la falta de una adjudicación definitiva, el Consejo Municipal de San Miguelito aprobó la contratación temporal de tres empresas por un monto total de $3.8 millones, con el fin de garantizar el servicio durante seis meses a partir del 19 de enero. Según la alcaldesa, estos recursos ya fueron aprobados por el Consejo Económico Nacional (CENA) y solo falta el refrendo de la Contraloría General de la República.
Las empresas seleccionadas son Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro–Voltranc, las cuales, de acuerdo con Hernández, ya realizaron inversiones, contrataron personal, alquilaron equipos y coordinaron rutas con las juntas comunales, quedando pendiente únicamente el aval de la Contraloría.
Respecto a los contratos pendientes, el contralor general de la República, Anel Flores, explicó que estos ingresaron a la Contraloría el martes 13 de enero, lo que hace inviable su revisión y refrendo inmediato. “No puedo firmar algo que no ha llegado. Pretender que yo firme en los últimos días es llevar esto a una crisis para presionar al contralor, y eso no va a suceder”, advirtió.
El contralor reiteró que no es posible refrendar los contratos antes del 18 de enero y cuestionó que el municipio solicite que el Gobierno Central asuma el pago de los $3.8 millones, mientras retiene los ingresos por la tasa de aseo. “No se puede pretender recibir los ingresos sin asumir los gastos. Eso no es correcto”, subrayó.
Según la entidad fiscalizadora, no todos los contratos fueron presentados en su totalidad el pasado 8 de enero. Dos de los tres contratos fueron recibidos a las 3:50 p.m., de ese día, en la oficina de Fiscalización del Municipio, mientras que el ingreso formal de los expedientes a la Contraloría se realizo el 13 de enero, fecha a partir de la cual iniciaron su proceso regular.
Cuestionamientos por llamada del contralor
Durante su conferencia de prensa, la alcaldesa Hernández reveló que el pasado 4 de diciembre recibió una llamada del contralor general, solicitándole que atendiera a la propietaria de la empresa Revisalud.
“El contralor me llamó para solicitarme una reunión con la dueña de Revisalud, con el fin de escuchar sus consideraciones. Y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si es lo correcto y si es ético”, cuestionó Hernández.
Añadió que le preocupa si esa llamada guarda relación con la falta de refrendo de los contratos temporales. “¿Cuáles son los intereses detrás de sostener una reunión como esta por parte de la Contraloría?”, planteó.
Por su parte, el contralor reconoció que contactó a Hernández para facilitar un encuentro con la propietaria de Revisalud, identificada como Sandra Vélez, quien se encontraba en Panamá y, según indicó, llevaba semanas intentando obtener una cita con la alcaldesa.
“Yo llamé con mucho respeto para que se escuchara a la persona. No tengo ningún interés. Lo único que hice fue servir de puente para que pudiera ser atendida”, afirmó Flores en una entrevista concedida al programa Mesa de Periodistas, de TVN.
El contralor negó que su actuación represente una injerencia indebida y aseguró que Revisalud no participó ni tiene intención de participar en nuevas licitaciones en el país.
Incertidumbre en el distrito
La alcaldesa también criticó que la Junta Directiva de la AAUD, presidida por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ignore el trabajo previo del municipio y genere incertidumbre entre los residentes, al no aclarar si la intervención será temporal o permanente, cómo se cobrará la tasa de aseo ni qué empresas prestarán el servicio.
Asimismo, Hernández cuestionó la capacidad operativa de la AAUD para atender simultáneamente los distritos de Panamá y San Miguelito, cuya compleja topografía y población superior a 300 mil habitantes representan un desafío adicional. Solo el costo de la recolección y el alquiler de equipos por parte de la AAUD representó la suma de 700 mil dólares de gastos en 18 días de recolección de la basura.
Mientras tanto, la AAUD asumirá a partir del lunes 19 de enero todo el control y la operación completa del servicio con el objetivo de evitar una crisis sanitaria.
Este escenario está marcado por tensiones institucionales y falta de consenso sobre el manejo de uno de los servicios públicos más sensibles del distrito.
