El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) reconsiderar la decisión de suspender temporalmente nuevas plazas de residencia de Cirugía General y reubicar a los residentes de primero y segundo año.
La petición fue presentada el pasado 24 de agosto, luego de que una comunicación interna del Complejo cuestionara varios de los señalamientos utilizados para sustentar la Resolución No. 248 del 6 de agosto de 2026, emitida por la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos.
El Complejo advierte que la reubicación de los residentes de primero y segundo año y la suspensión temporal de nuevas plazas podrían afectar la operación del hospital, la cobertura de turnos, la distribución de la carga asistencial y la capacidad docente del programa de Cirugía General.
En esa comunicación, a la que La Prensa tuvo acceso, se señala que el programa no habría sido objeto de una evaluación presencial que permitiera a sus responsables presentar información, aclaraciones o descargos antes de la adopción de las medidas.
El documento también cuestiona que la resolución haga referencia a reuniones, revisión de evidencias, visitas de supervisión y entrevistas con responsables de docencia y residentes, cuando, según la comunicación, no se habría realizado una visita de supervisión de esa naturaleza al programa de Cirugía General del Complejo.
Lea aquí la Resolución No. 248 del 6 de agosto de 2026:
Evaluaciones de los residentes
Entre los aspectos señalados están las calificaciones de los médicos residentes.
La resolución reporta retrasos en la entrega de evaluaciones mensuales. La comunicación sostiene que, cuando se han producido, han sido mínimos y que la mayoría de las evaluaciones está al día.
También indica que se han realizado hasta cuatro evaluaciones anuales, aunque el programa contempla dos, y que las calificaciones se registran mediante los formularios establecidos en el Programa Nacional de Residencia en Cirugía General, aprobado por la Universidad de Panamá.
El centro hospitalario pide precisar los períodos evaluados, los casos concretos y la documentación utilizada como sustento antes de utilizar estos aspectos como evidencia general de incumplimiento.
Otro de los puntos se refiere a las bitácoras de los médicos residentes.
Según la comunicación, el llenado de estos registros corresponde directamente a los residentes, mientras que los docentes tienen funciones de supervisión, orientación y revisión.
Además, cuestiona la interpretación de las disposiciones sobre horarios regulares y extraordinarios de trabajo y sostiene que las normas aplicables a la formación en Cirugía General deben analizarse de manera conjunta antes de establecer un supuesto incumplimiento.
La comunicación rechaza, además, el señalamiento de un supuesto retraso en la firma de los sustentadores necesarios para el pago de turnos extraordinarios y bonos de productividad. Según el documento, este aspecto puede contrastarse con la documentación administrativa y las fechas de los trámites correspondientes.
En cuanto a las denuncias de acoso laboral, se señala que estas se encuentran en proceso de apelación y que todavía no existe una respuesta definitiva del Departamento de Recursos Humanos.
Por ello, el Complejo cuestiona que esos casos sean considerados hechos administrativos concluidos mientras no exista un pronunciamiento de la instancia competente.
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Renuncias y cambios de unidad formadora
Otro de los señalamientos se refiere al supuesto aumento de las renuncias y solicitudes de cambio de unidad formadora.
La comunicación solicita precisar cuántas renuncias se registraron, en qué período se produjo el supuesto aumento, con qué otros hospitales se realizó la comparación y cuáles fueron las causas documentadas, si este elemento fue utilizado para sustentar las medidas adoptadas.
También cuestiona que las solicitudes de cambio de unidad puedan interpretarse, por sí solas, como evidencia de una deficiencia del programa sin analizar las circunstancias particulares de cada caso.
La comunicación no cuestiona las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de Docencia. El reclamo se centra en que las medidas se habrían adoptado sin que los responsables del programa tuvieran oportunidad de conocer, aclarar y controvertir los señalamientos antes de la decisión.
A partir de estos argumentos, el Complejo Hospitalario solicitó al Minsa la revisión integral y la revocación de la Resolución No. 248, o que se adopte la vía administrativa correspondiente para dejarla sin efecto. También pidió una evaluación presencial, objetiva y documentada, en la que puedan presentarse los registros y documentos relacionados con los señalamientos.
Hasta el momento, la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos del Minsa no se ha pronunciado sobre la solicitud. La Prensa consultó al Ministerio sobre el pedido, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta.
