La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este 13 de mayo un traslado de partida interinstitucional por $7.5 millones del Ministerio de Educación al Ministerio de Salud (Minsa) para realizar el primer pago por compensación de daños y perjuicios al consorcio Nuevo ION Panamá, integrado por las empresas Acciona Construcción, S.A. —antes Acciona Infraestructuras, S.A.— y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH).
La solicitud llegó a la Comisión de Presupuesto luego de que el Gobierno anunciara, el pasado 21 de abril, un acuerdo transaccional con el consorcio Nuevo ION Panamá para el pago de $14.9 millones, tras la terminación unilateral, por parte del Estado, del proyecto “Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la edificación del nuevo Instituto Oncológico Nacional”, cuyo costo ascendía a $160.8 millones.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que este año se desembolsarán $7.5 millones, mientras que el monto restante, de $7.4 millones, será pagado en 2027, luego de una negociación con la empresa, que reclamaba en un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones una indemnización superior a los $70 millones.
Durante la sustentación del traslado de partida, la diputada de la coalición Vamos, Jannie Prado, preguntó si se había presentado alguna denuncia o auditoría relacionada con un proyecto que pudo haberle costado al Estado más de $70 millones, además de que el nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) nunca se construyó. Ante la consulta, Zambrano respondió que no.
No obstante, el viceministro manifestó, a título personal, que los funcionarios públicos deben responder por sus decisiones administrativas y consideró necesaria una revisión de las leyes y de los niveles de responsabilidad al asumir cargos públicos.
Además, señaló que situaciones como la suspensión de obras, el vencimiento de pólizas o decisiones que terminan afectando económicamente al Estado deberían implicar consecuencias para quienes las autorizaron, aunque aclaró que no podía afirmar si en este caso existieron actos de negligencia o irregularidades administrativas.
En la misma línea que Prado, el diputado de la coalición Vamos, Betserai Richard, cuestionó que el Estado tenga que pagar una indemnización por un proyecto que nunca llegó a construirse. “Sin poner un solo bloque, tener que pagar $14.9 millones no es responsable”, manifestó durante la sesión.
Richard también consultó si el Estado había apelado la decisión; sin embargo, representantes del Minsa explicaron que no se presentó ninguna apelación debido a que se alcanzó un acuerdo con la empresa en medio del proceso arbitral. Según indicaron, las negociaciones se realizaron con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, solicitó al Minsa que precisara las razones por las cuales la empresa presentó la solicitud de indemnización en junio de 2024, nueve años después de la terminación del contrato.
Ante la consulta, las autoridades de Salud respondieron que, tras la rescisión del contrato, el consorcio presentó reclamos extrajudiciales en 2015 y 2023; sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, decidió llevar el caso a instancias internacionales.
Antecedentes del proyecto
El caso se remonta a 2013, cuando se licitó la obra. El proyecto fue adjudicado por el Minsa en abril de 2014; sin embargo, en diciembre de ese mismo año se solicitó al Consejo de Gabinete la terminación del contrato. Finalmente, en enero de 2015, el contrato fue cancelado oficialmente.
Según se informó, ante este escenario el consorcio presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional por un monto superior a los $70 millones.
En ese momento, el entonces ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, alegó en la resolución de terminación del contrato la existencia de “serias anomalías desde el proceso de evaluación hasta su adjudicación”, entre ellas la omisión de 7,500 metros cuadrados de construcción, la exclusión del 70% del equipamiento y modificaciones al pliego de cargos durante el proceso de evaluación.
Además, el plan médico-funcional sufrió una serie de cambios posteriores a su publicación en el pliego de cargos del portal PanamáCompra, los cuales no fueron aprobados por el equipo médico-técnico del ION que lo elaboró.
Posteriormente, Terrientes; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón; y el expresidente Juan Carlos Varela anunciaron que el proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional sería incorporado a la Ciudad de la Salud.
Con la aprobación del primer pago de indemnización, el fallido proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional vuelve al centro del debate público, no solo por el costo económico que representará para el Estado, sino también por los cuestionamientos sobre las decisiones administrativas que llevaron a la cancelación de una obra que nunca llegó a construirse.
Mientras el Gobierno optó por un acuerdo para evitar un arbitraje internacional superior a los $70 millones, diputados insistieron en la necesidad de determinar posibles responsabilidades y esclarecer las actuaciones que derivaron en una indemnización millonaria financiada con fondos públicos.
