Durante años, los fondos públicos destinados a la capacitación de cúpulas sindicales fluyeron sin una rendición de cuentas clara. Esa práctica es ahora cuestionada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien asegura que organizaciones como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) recibieron recursos estatales durante años sin presentar informes sobre su uso.
En su respuesta, emitida a finales de marzo de 2026, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, señaló que ambas organizaciones sindicales deben rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos, puesto que la autonomía sindical no constituye un cheque en blanco cuando se trata de fondos provenientes del presupuesto nacional.
Historia y montos
La historia de estos recursos se remonta a la creación del seguro educativo en 1971, un fondo nutrido por aportes de empleadores, trabajadores y trabajadores independientes. De este fondo, una parte específica se destina a la educación sindical, administrada por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). La modificación del artículo 1066 del Código de Trabajo en 2010 elevó la partida anual a un total de 24 mil dólares: 18 mil para Conato y 6 mil para Conusi, entregados mediante desembolsos mensuales.
Jackeline Muñoz
Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral
"No puedo ser irresponsable entregando fondos públicos sin sustento legal"
La rendición de cuentas exigida no es un trámite superficial. Los reportes deben identificar las organizaciones beneficiadas, las temáticas desarrolladas y el número de trabajadores participantes en cada actividad. El brazo fiscalizador de la Contraloría también juega un papel clave, ya que los fondos están sujetos a control previo y posterior.
Lo que deben cumplir las organizaciones sindicales
Presentar informes trimestrales de gastos con documentación de respaldo de todas las actividades realizadas con los fondos recibidos.
Detallar cursos, seminarios o conferencias, identificando las organizaciones beneficiadas, las temáticas desarrolladas y el número de trabajadores participantes.
Someterse al control previo y posterior de la Contraloría General de la República, que ya inició una auditoría por el período 2012–2024.
Cumplir con los mecanismos de rendición de cuentas como condición previa e indispensable para recibir cualquier desembolso del Estado.
Atender el concepto vinculante de la Procuraduría de la Administración, que señala que la autonomía sindical no exime de rendir cuentas sobre fondos nacionales.
La auditoría y el Fondo de Capacitación Sindical
Además de los aportes mensuales del artículo 1066, existe un segundo mecanismo de financiamiento mucho más significativo: el Fondo de Capacitación Sindical, también nutrido con recursos del seguro educativo. Este fondo distribuye anualmente entre 10 y 14 millones de dólares entre organizaciones sindicales, dependiendo de variables como el comportamiento económico y la recaudación.
Un informe preliminar de la Contraloría detectó irregularidades que podrían alcanzar los 7 millones de dólares, correspondientes a manejos registrados entre 2012 y 2024. La auditoría abarca el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024.
"La autonomía sindical no constituye un cheque en blanco cuando se trata de fondos provenientes del presupuesto nacional."
La posición de los sindicatos
Marco Andrade, secretario general de Conusi, rechazó los señalamientos del Ministerio de Trabajo y aseguró que la organización ha cumplido con la entrega de informes. Sostuvo que, desde el inicio de este Gobierno, no se han desembolsado recursos del seguro educativo a Conusi. Andrade indicó que su organización ha presentado dos informes correspondientes a 2024 y uno de 2025.
La ministra Muñoz dejó claro que cualquier desembolso futuro estará condicionado al cumplimiento estricto de los mecanismos de rendición de cuentas. La Procuraduría advirtió que el incumplimiento en la entrega de informes provocará la suspensión de las partidas, cerrando así la posibilidad de continuar recibiendo recursos públicos sin transparencia.
