El presupuesto de las universidades públicas experimentaría una recuperación significativa en 2027, luego de la reducción registrada este año. Las seis instituciones pasarían de administrar $597.3 millones en 2026 a $756.5 millones en 2027, un incremento de $159.2 millones, equivalente al 26.7%.
El aumento devolvería el financiamiento universitario a un nivel similar al de 2025, cuando las seis universidades recibieron en conjunto $746.5 millones.
Esto significa que, después de una reducción de $149.2 millones entre 2025 y 2026, el proyecto presupuestario para 2027 no solo recuperaría esos recursos, sino que colocaría la asignación total unos $10 millones por encima de la registrada hace dos años.
La distribución
La mayor parte de los nuevos recursos se concentra en la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
La UP pasaría de $317.5 millones en 2026 a $379.4 millones en 2027, un incremento de $61.9 millones, equivalente al 19.5%.
La UTP, en tanto, subiría de $144 millones a $198.3 millones, con $54.3 millones adicionales, un aumento del 37.7%.
Entre ambas instituciones concentran $116.2 millones de los $159.2 millones en que crecería el presupuesto universitario, es decir, cerca de tres cuartas partes del incremento total.
La distribución también está relacionada con el tamaño de ambas universidades: la UP y la UTP concentran la mayor matrícula dentro del sistema público universitario, por lo que atienden a una población estudiantil mayor y tienen necesidades de funcionamiento, infraestructura y servicios considerablemente más amplias.
La Universidad de Panamá cuenta con cerca de 90 mil estudiantes, mientras que la UTP tiene una población de unos 30 mil estudiantes.
Polémicas
El contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó el año pasado la gestión de la Universidad de Panamá y la eficiencia en el uso de un presupuesto que supera los $300 millones anuales.
Señaló el deterioro de sus instalaciones, incluidos los baños, y cuestionó la existencia de “clanes familiares” que, según afirmó, concentran puestos dentro de la institución. Sus declaraciones apuntaron a posibles prácticas de nepotismo y a deficiencias en la administración de los recursos públicos.
Los cuestionamientos derivaron, en aquel momento, en cambios en los controles sobre los gastos de la universidad. Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, la Contraloría eliminó una normativa que permitía a supervisores refrendar compras de hasta $50,000, por lo que ahora los gastos deben pasar por la Dirección Nacional de Fiscalización General.
Esa medida fue cuestionada por las autoridades universitarias. La Contraloría levantó las medidas, pero no se explicó en qué quedaron las denuncias previas.
Otras casas de estudios
En el proyecto de presupuesto de 2027, la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) aparece como la tercera institución con mayor incremento en términos absolutos.
Sus fondos pasarían de $36.2 millones en 2026 a $70.8 millones en 2027, lo que representa $34.6 millones adicionales y un crecimiento del 95.5%.
En la práctica, la asignación de la universidad casi se duplicaría en un solo año, después de haber experimentado una reducción considerable entre 2025 y 2026.
El comportamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es muy diferente. Con el dato corregido de $80 millones para 2026, la institución recibiría $80.7 millones en 2027. El aumento sería de $700 mil, equivalente al 0.9%. La Unachi mantendría, por tanto, prácticamente el mismo nivel de financiamiento.
Como se recordará, la gestión de Etelvina Medianero de Bonagas estuvo marcada por investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. En los últimos años, se han denunciado casos de nepotismo, salarios elevados para funcionarios cercanos a su círculo y pagos cuestionables en concepto de primas y bonificaciones.
La Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) investiga actualmente a 90 personas vinculadas a la universidad por posibles conflictos de interés.
Además, el Ministerio Público investiga a familiares de la exrectora y el uso de diplomas de universidades no acreditadas para aumentos y beneficios salariales por parte de algunos funcionarios de la entidad.
Ajustes menores
Las otras dos universidades presentan aumentos menores en términos absolutos. La Universidad Marítima pasaría de $18.1 millones en 2026 a $24.2 millones en 2027, un incremento de $6.1 millones (33.5%). La Universidad de los Pueblos Indígenas, subiría de $1.5 millones a $3.1 millones, es decir, $1.7 millones adicionales, un crecimiento aproximado del 110%.
La fotografía general muestra, así, un cambio importante en la política presupuestaria para la educación superior pública.
El dato que queda por determinar es cómo se utilizarán los $159.2 millones adicionales. El incremento puede traducirse en mayores recursos para infraestructura, investigación, equipamiento y servicios educativos, pero también puede estar dirigido a gastos de funcionamiento y planillas, como ha ocurrido en los últimos años.
Esto se podrá determinar cuando las universidades acudan a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar sus gastos de funcionamiento y de inversión.
