La comparecencia del rector de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), Demetrio Santamaría, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, reveló disparidades e irregularidades en la gestión de la institución: salarios elevados, docentes que no han recibido pagos y la ausencia de elecciones para renovar autoridades.
Desde el inicio, la diputada Janine Prado, de Vamos, cuestionó los altos salarios y gastos de representación, señalando que el rector devenga $6,000 mensuales, más $2,000 en concepto de representación, mientras su periodo y el de toda la junta directiva están vencidos desde noviembre de 2024.
Prado criticó que estos pagos se mantuvieran a pesar de la falta de elecciones y de transparencia en la contratación del personal.
El derroche continuaría en los planes de 2026. Los gastos de representación solicitados ascienden a $103,200, destinados a 11 funcionarios, incluidos el rector, los vicerrectores y los directores de escuela. Para la diputada, estos montos resultan injustificados frente a la baja ejecución presupuestaria y la población estudiantil, en caída.
La estructura administrativa también generó cuestionamientos. Se enumeraron cargos y salarios, señalando la existencia de un abogado con $1,800 y planificadores con $1,650, mientras los docentes carecen de contratos vigentes.
Ante esto, y peor aún, el planificador de la universidad, Benito Pineda, explicó que la formalización de los docentes no se había completado, aunque la Contraloría sí había desembolsado pagos.
La matrícula
Otro tema central en la discusión fue la reducción de la matrícula. En 2024, la universidad contaba con 244 estudiantes, cifra que cayó a 123 en 2025.
La diputada destacó esta disminución como otra evidencia de deficiencia en la gestión académica, subrayando que los números no coinciden con los planteamientos de continuidad y crecimiento de la universidad.
Sobre la oferta académica, Santamaría detalló dos licenciaturas vigentes: Educación Bilingüe e Intercultural, además de Endoturismo Histórico y Territorial. Sin embargo, los datos de distribución por semestre no coincidían, lo que generó más dudas sobre la planificación y la capacidad de seguimiento del personal administrativo.
Prado también interrogó sobre la autogestión de matrícula, a lo que el rector respondió que cobraban 35 dólares por estudiante. El Ministerio de Economía aclaró que no existe registro formal de estos ingresos, revelando un vacío en la rendición de cuentas y evidenciando la falta de control sobre los recursos propios de la universidad.
Las elecciones
El principio democrático fue otro foco de cuestionamiento. Las elecciones internas debieron realizarse en noviembre de 2024, pero no se concretaron.
Santamaría explicó que la mayoría de los estudiantes y docentes no había cumplido con los requisitos para participar, lo que retrasó la organización del proceso electoral y mantiene a la junta directiva en funciones vencidas.
Prado exigió una fecha concreta para las elecciones y destacó que la falta de cumplimiento de los estatutos refleja un déficit en la gobernanza universitaria. El rector solo indicó que se conformaría una comisión electoral especial en 2025 para organizar el cronograma y reglamento, sin precisar plazos.
En materia presupuestaria, la diputada cuestionó la solicitud de aumento de 2.8 millones a 4.1 millones de dólares para 2026, motivada por la apertura de dos nuevas licenciaturas: Educación para la Salud y Tecnología Agropecuaria.
La ejecución presupuestaria fue otro punto crítico. Hasta septiembre de 2025, solo se había certificado un 3.2% de ejecución, lo que Prado calificó como evidencia de incapacidad o falta de voluntad para cumplir con los compromisos financieros de la universidad, incluyendo la digitalización y la mejora tecnológica prometidas.
Seguro
El gasto en seguros también generó polémica. Prado preguntó sobre los 40,000 dólares solicitados, que incluirían cobertura de vida, salud y accidentes para el personal administrativo y los docentes. La coordinadora Jennifer Reyes indicó que actualmente solo los estudiantes cuentan con un seguro colectivo, mientras se proyectaba cobertura para los empleados debido a la difícil ubicación de la universidad.
A lo largo de la sesión, varios diputados insistieron en la necesidad de intervención del Ministerio de Educación para garantizar elecciones legales, planificación y supervisión del presupuesto. En la Comisión de Presupuesto se dejó claro que los estudiantes indígenas tienen derecho a recibir educación de calidad y que los fondos públicos no deben destinarse a cubrir deficiencias administrativas.
La sesión evidenció un patrón de opacidad, falta de planificación y deficiencias en la ejecución presupuestaria. Prado concluyó que, sin elecciones, contratos claros y transparencia en la rendición de cuentas, la universidad no puede justificar la solicitud de 4.1 millones de dólares para 2026, y que es urgente establecer medidas correctivas antes de que la situación afecte a los estudiantes.
