La crisis que golpea a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) alcanzó un nuevo punto de tensión tras revelarse que a funcionarios de la institución —entre docentes y administrativos— se les descontó dinero de sus salarios para el pago de préstamos y otros compromisos bancarios, pero los fondos nunca llegaron a las entidades financieras.
El caso ha desatado indignación y temor entre los afectados, quienes ahora enfrentan reportes de morosidad y posibles afectaciones a su historial crediticio, pese a que las deducciones fueron aplicadas directamente en sus quincenas.
La molestia quedó en evidencia este martes 19 de mayo, cuando decenas de trabajadores realizaron una manifestación dentro del campus universitario para exigir explicaciones y una solución inmediata por parte de las autoridades.
Entre consignas y reclamos, los funcionarios denunciaron sentirse desprotegidos ante una situación que, aseguran, compromete su estabilidad económica y evidencia un grave desorden administrativo dentro de la universidad.
Manifestación en la UNACHI por el descuento de los compromisos económicos, pero los mismos no han llegado a la entidad destino.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/mIFMIpeklj
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 19, 2026
La Unachi mantiene una planilla de poco más de 2 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo, con un costo mensual cercano a los 6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El escándalo añade presión a una institución que, en los últimos años, ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con su manejo financiero y administrativo.
Deuda con la CSS
A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. Recientemente, durante una sustentación en la Asamblea Nacional, el vicerrector Pedro González advirtió que existe “un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones de dólares”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones de dólares en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social (CSS) y 265 mil dólares con el SIACAP”. Según explicó, estas obligaciones no fueron transferidas oportunamente y han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026.
En 2025, el presupuesto asignado a la Unachi fue de 72 millones de dólares, pero el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró González, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año.
Hasta el momento, ninguna autoridad de la Unachi ha salido a explicar qué ocurre con los descuentos aplicados a los funcionarios.
Todo esto ocurre mientras, de forma paralela, profesores y estudiantes de la Unachi han solicitado la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, debido a su falta de presencia en la casa de estudios superiores.
Ambos grupos sostienen que esa ausencia física constituye una “renuncia implícita” a la responsabilidad “de dar la cara” por una gestión que hoy presenta un gasto ejecutado de 91 millones de dólares frente a un presupuesto de apenas 72 millones, “evidenciando una situación deficiente que compromete la operatividad básica” de la universidad.
La comunidad universitaria recordó, además, que la institución mantiene una deuda con la Caja de Seguro Social, la cual asciende a 12 millones de dólares. A esto se suma, aseguran, el impacto de la contención del gasto en la compra de insumos básicos para las cafeterías, situación que ha afectado a unos 22 mil 500 estudiantes.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Chiriquí informó, a través de un comunicado, que la Cuenta Única del Tesoro Nacional únicamente transfirió el monto neto correspondiente a los salarios, por lo que la institución no dispone de los fondos necesarios para hacer frente a los compromisos adquiridos con las entidades bancarias.
La universidad sostuvo que esta situación ha impedido efectuar las transferencias relacionadas con los descuentos aplicados a los funcionarios, en medio de la creciente preocupación de docentes y administrativos afectados.
