Tras el atentado que incendió dos vehículos frente a su vivienda, el periodista Rolando Rodríguez relata cómo ocurrió el ataque, la protección que recibirá su familia y las implicaciones para la libertad de expresión.

¿Qué ocurrió esta madrugada?

Recibí una llamada de mi esposa a las 2:40 a.m. El fuego ya llevaba unos 20 minutos consumiendo los vehículos del estacionamiento. Ella logró salir con dificultad, pasando junto a las llamas, luego de despertarse por el ruido y el intenso olor a humo. Los bomberos llegaron cuando el fuego empezaba a afectar las paredes exteriores de la casa.

Un vecino entregó un video de seguridad en el que se observa un vehículo estacionarse cerca de la vivienda y a un individuo bajar con un recipiente u objeto en el pecho, caminar hacia la casa y salir del encuadre. Segundos después se produjo el fuego. El artefacto fue dirigido a mi carro. Para mí, esto demuestra que sabían dónde vivía y cuál era mi vehículo; no fue un hecho fortuito.

¿Qué respuesta han dado las autoridades y qué medidas tomará?

El Ministerio Público ofreció protección para mi casa y mi familia. Considera que somos víctimas en peligro y ha dispuesto custodia policial para los bienes y para nosotros. He decidido aceptar esa protección, porque mi familia la merece en estas circunstancias. La Fiscalía y la Policía aún mantienen diligencias en la vivienda.

¿Qué mensaje deja este hecho?

Aunque fue un atentado contra mí y mi familia, sus consecuencias pueden ir más allá. No solo busca silenciar a periodistas y medios de comunicación; puede proyectarse contra líderes de la sociedad civil, políticos y otros actores. También puede afectar la libertad de expresión del ciudadano común, que podría sentir temor de opinar si percibe que incluso un periodista puede ser atacado.

INDIGNACIÓN Y CONDENAS

El atentado contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa y periodista de investigación, ocurrido la madrugada de este sábado 14 de noviembre, generó una condena de organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, que exigieron a las autoridades panameñas esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad del comunicador y su familia.

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y muchos más, rechazaron enérgicamente el ataque, al considerar que representa un hecho de gravedad para el ejercicio del periodismo en Panamá y para la democracia en general.