La discusión en primer debate del proyecto de ley N.° 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, se reinició este martes 19 de mayo con la participación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, dijo ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional que el debate sobre sustancia económica “ya no es opción” para Panamá, sino una discusión impostergable dentro del contexto de la fiscalización internacional.
Recordó que hoy el mundo ha cambiado y ya no basta con tener una posición privilegiada, puesto que los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras.
“Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en el activo más importante para atraer inversiones sostenibles”, indicó.
Al tiempo que presentó algunas propuestas de modificación, De Sanctis resaltó que esta es una oportunidad para que el país avale la propuesta, la cual no solo es un mecanismo para recaudar más impuestos, sino también para consolidar “nuestra reputación y mitigar el riesgo país” que enfrentamos al permanecer en las listas grises.
Planteó incorporar definiciones técnicas y medibles que faciliten una interpretación uniforme, así como revisar algunos aspectos relacionados con la tercerización de servicios legítimos y precisar la unidad técnica encargada de implementar la normativa dentro del Ministerio de Economía y Finanzas.
También sugirió la creación de un mecanismo voluntario de precalificación de sustancia económica, inspirado en modelos internacionales como el de Hong Kong, que permita brindar mayor certeza jurídica a empresas e inversionistas.
Adjuntos
Propuesta APEDE.pdfEl proyecto, impulsado por el Ejecutivo, endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos, con el fin de que la Unión Europea excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.
Panamá perdió inversión extranjera
Durante la sesión también intervino el economista de Apede, Eric Molino, quien presentó cifras sobre la caída de la inversión extranjera directa (IED) en el país y sostuvo que este tipo de iniciativas legislativas son clave para recuperar la reputación de Panamá y volver a convertirlo en un destino atractivo para los capitales internacionales.
Molino explicó que entre 2015 y 2019 Panamá captó alrededor de 23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que equivalía al 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, tras la pandemia, entre 2021 y 2025 el flujo acumulado se redujo a 10 mil millones de dólares, una contracción de aproximadamente 56%, y la relación IED-PIB bajó a un promedio cercano al 2.5%.
En términos absolutos, destacó que el país dejó de recibir cerca de 13 mil millones de dólares en ese quinquenio, lo cual ha tenido repercusiones en la generación de empleo y el crecimiento económico. A su juicio, Panamá no puede perder de vista que, como hub logístico y financiero, mantener la atracción de inversión extranjera debe seguir siendo parte central de la estrategia nacional.
El economista también advirtió que la composición de la IED reciente evidencia una debilidad: del flujo recibido entre 2021 y 2025, el 57% correspondió a reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, el 40.8% a préstamos entre compañías y apenas el 2% a nuevo capital.
Según Molino, esto significa que la inversión extranjera directa reciente no ha representado “capital fresco” que aumente la capacidad productiva del país, sino principalmente movimientos de empresas que ya operan en Panamá.
Añadió que, si bien estar en listas fiscales no es la única causa, Panamá ha perdido terreno frente a países vecinos. Como ejemplo, indicó que mientras Panamá redujo su IED en 56%, Costa Rica aumentó 66% y República Dominicana 47% en el mismo periodo.
Molino sostuvo además que Europa continúa invirtiendo en Centroamérica y el Caribe, pero Panamá ha recibido niveles inferiores de inversión procedente de la Unión Europea incluso frente a países como Guatemala y El Salvador, pese a ventajas como la dolarización, el Canal y su plataforma financiera internacional.
Afirmó que el debate sobre la ley va más allá de un tema fiscal y se centra en recuperar la reputación del país para reducir fricciones y atraer inversionistas. Señaló que multinacionales instaladas en Panamá han solicitado una legislación de este tipo porque brindaría mayor estabilidad.
“El principio rector es claro: la tributación debe seguir la actividad económica real, no la estructura jurídica”, afirmó Molino.
Intercambio de información
En la sesión también participó José Abel Almengor, jefe de Intercambio de Información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien se refirió a los desafíos y avances del país en materia de cooperación tributaria internacional.
Antes de su intervención, Lilibeth Enseñat, jefa de Convenios Tributarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), advirtió que el proyecto requiere ajustes adicionales para que su ejecución sea efectiva y no se limite a una reforma en papel.
“Tenemos que hacer adecuaciones no solamente al capítulo que habla de sustancia, sino a las herramientas, a las mancuernas que nos van a permitir completar el engranaje de la ejecución de esto. Porque primero viene cuando se aprueba la ley, después vamos a ejecutar y si nosotros no tenemos cómo dar la información de que Panamá pudo ejecutar, entonces realmente el esfuerzo que estamos haciendo sobre el proyecto de ley como tal va a ser en vano y vamos a pasar de nuevo entonces a la lista”, expresó Enseñat.
Tras sus palabras, presentó a Almengor como el funcionario encargado del área que atiende estos asuntos de intercambio de información con otras jurisdicciones.
Almengor agradeció a la comisión por el “debate de altura” y aseguró que el MEF ha revisado las propuestas presentadas para incorporar aquellas que sean viables y compatibles con los estándares internacionales.
Durante su exposición explicó que el intercambio de información tributaria se maneja por dos vías: a requerimiento y automático. Detalló que el intercambio a requerimiento se produce cuando otro país solicita información específica en el marco de una auditoría, al detectar vínculos con Panamá, pero no puede obtener datos suficientes en su propia jurisdicción.
El funcionario señaló que uno de los problemas históricos era que cuando se solicitaba información sobre entidades con rentas de fuente extranjera, Panamá no podía suministrarla debido a que esas entidades no eran consideradas contribuyentes y no presentaban declaraciones ante la DGI, lo cual podía ser interpretado por otros países como falta de cooperación.
Almengor presentó estadísticas para ilustrar los avances. Indicó que en 2019 Panamá registraba un incumplimiento del 19.57% en solicitudes de información recibidas, debido a factores como entidades suspendidas o disueltas, y ausencia de obligaciones claras para mantener documentación.
En ese periodo, dijo, el 59% de las solicitudes se respondían dentro de los 180 días permitidos por el estándar internacional, mientras que el 21% se respondía después de ese plazo.
Sin embargo, aseguró que con los cambios introducidos mediante la Ley 254 de 2021, la situación ha mejorado. Según Almengor, al cierre del 31 de diciembre de 2025 Panamá alcanzó un cumplimiento del 92.15% respondiendo en menos de 180 días, mientras que el incumplimiento se redujo del 20% al 6%, y solo el 1% de las solicitudes se contestó fuera del plazo.
“El Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Dirección General de Ingresos, tienen un plan integral”, sostuvo.
Almengor dijo que el proyecto de sustancia económica forma parte de un engranaje más amplio para atender las exigencias internacionales y fortalecer la reputación del país.
En cuanto al intercambio automático de información, el funcionario recordó que Panamá fue evaluada como “no cumplidora”, pero afirmó que el año pasado logró mejorar su calificación a “parcialmente cumplidora” y que para noviembre de 2026 esperan alcanzar el estatus de “altamente cumplidora”, una vez se completen las adecuaciones recomendadas por el foro internacional.
Sobre el intercambio de información a requerimiento, explicó que el 30 de abril de 2026 Panamá solicitó formalmente una revisión profunda en esta materia, y que las jurisdicciones tenían hasta el 3 de junio para emitir comentarios sobre los avances del país, paso previo a una nueva evaluación que podría permitir el ascenso de “parcialmente cumplidor” a “altamente cumplidor”.
Almengor detalló que los principales aspectos evaluados son la disponibilidad de información de beneficiarios finales (A1), los registros contables (A2) y la oportunidad de respuesta (C5). Indicó que el país ha logrado mejoras en A1 con la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, y en C5 al reducir el incumplimiento del 20% al 7%.
Respecto al componente A2, señaló que aunque inicialmente existía resistencia para que los agentes residentes asumieran la obligación de conservar registros contables, afirmó que han cumplido y que Panamá defenderá este avance en el proceso de evaluación internacional.
Antes de terminar su intervención, reiteró que la ley no resolverá por sí sola todos los problemas, pero es parte esencial de una estrategia para salir de las listas.
El presidente de la Comisión, el diputado independiente Eduardo Gaitán, decretó un receso hasta este miércoles 20 de mayo para continuar con la discusión en primer debate. La comisión ha recibido más de 150 propuestas de modificación al documento y los diputados trabajan para afinarlas e incorporarlas.
