El pleno de la Asamblea Nacional retomó este martes 22 de septiembre la discusión en segundo debate del proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos electorales para la elección de los 71 diputados, en una sesión en la que, a diferencia del lunes, contó con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá, Luis Guerra y Narciso Arellano.
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el TE para consultar a los partidos políticos antes de presentar la propuesta al legislativo.
El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, fue el primero en hablar. Advirtió que el proyecto podría tener un vicio de inconstitucionalidad, al considerar que el tribunal no habría consultado a los partidos políticos sobre todos los cambios incorporados posteriormente a la propuesta.
Cedeño fundamentó su crítica en el último párrafo del artículo 147 de la Constitución, que establece que el Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos legalmente reconocidos, debe elaborar y presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea los circuitos electorales.
“Cuando el constituyente ha establecido normas jurídicas es de forzoso cumplimiento”, sostuvo, quien pidió a los magistrados explicar si todos los cambios incluidos en el proyecto fueron sometidos previamente a consulta.
Según Cedeño, el proyecto que inicialmente fue presentado a los partidos políticos no contemplaba el cambio en Chiriquí que posteriormente fue incorporado.
Fue Rubén Darío González, director nacional de Organización Electoral, quien respondió. Dijo que se convocó una reunión con el Consejo Nacional de Partidos Políticos (CNPP), en la que presentó el proyecto de reforma y posteriormente lo remitió por correo a los colectivos para que formularan observaciones.
Según González, se otorgó un plazo de 15 días para recibir comentarios y únicamente Cambio Democrático (CD) presentó observaciones. También admitió que, cuando se presentó inicialmente el proyecto, este no incluía la modificación correspondiente a Chiriquí.
Cedeño, por su lado, insistió en que el Tribunal Electoral debió consultar a los partidos sobre la totalidad de los cambios.
Prado pide sustento técnico y jurídico
La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, también cuestionó el procedimiento y pidió que el tribunal entregue al pleno la documentación que sustente la consulta realizada a los partidos políticos.
Aclaró que esta petición no busca impedir la reconfiguración de los circuitos electorales, sino contar con los elementos técnicos y jurídicos que permitan conocer las razones detrás de cada modificación.
“Detrás de cada uno de estos números hay comunidades, hay personas, hay nuestros pueblos indígenas”, señaló durante su intervención.
La diputada mencionó además el caso de la comarca Naso. Dijo que durante una visita reciente consultó a integrantes de esa comunidad si habían sido tomados en cuenta en la consulta sobre la nueva configuración de los circuitos y, según relató, le respondieron que no habían sido consultados.
Por ello, solicitó al TE presentar ante el pleno la documentación.
Camacho defiende el procedimiento
Por su lado, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, rechazó los cuestionamientos de Cedeño y Prado. Acto seguido pidió al secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, leer el último párrafo del artículo 147 de la Constitución.
Camacho sostuvo que ese texto constitucional establece la obligación de consultar a los partidos políticos, pero no obliga al Tribunal a incorporar sus propuestas en el proyecto.
“¿La consulta se hizo? Sí. ¿El Tribunal Electoral elaboró el proyecto? Sí. ¿Se presentó a la Asamblea Nacional? Sí. No existe la pretendida violación, como dice el colega”, sostuvo.
Camacho también defendió uno de los cambios incluidos en el proyecto y señaló que a San Miguelito le corresponde pasar de siete a seis diputados.
“Yo en este proyecto, aunque me estoy autraquilando, estoy haciendo lo correcto como lo dice la ley”, agregó.
Una nueva distribución
El proyecto de ley 700 mantiene en 71 el número de diputados, pero eleva de 39 a 41 la cantidad de circuitos electorales. Los circuitos uninominales aumentarían de 26 a 30, mientras que los plurinominales disminuirían de 13 a 11.
La propuesta plantea, entre otros cambios, dividir el circuito único de Bocas del Toro en dos circuitos uninominales y crear un nuevo circuito en Chiriquí, integrado por Tierras Altas y Renacimiento. También reduce de 25 a 23 las curules correspondientes a la provincia de Panamá y redistribuye dos de ellas hacia Panamá Oeste.
El proyecto fue presentado por el TE y aprobado en primer debate el 10 de septiembre, después de una discusión en la Comisión de Gobierno en la que también surgieron cuestionamientos sobre los criterios técnicos y matemáticos utilizados para definir la nueva distribución.
La discusión en el pleno continuó con intervención de los diputados Alaín Cedeño, de RM, y Benicio Robinson, del PRD, quienes pidieron el voto afirmativo a la iniciativa.
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