El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, reapareció este viernes 7 de noviembre con un mensaje que volvió a colocar en el centro del debate público la llamada “distorsión fiscal” que, según él, mantiene asfixiada a su provincia.
En declaraciones ofrecidas el pasado 5 de noviembre, el jefe del gobierno local advirtió que el actual modelo económico —en el cual se exonera del pago de impuestos municipales a varias empresas— “deja sin recursos a la institución que tiene la obligación constitucional de atender la ciudad”, una afirmación que reaviva las críticas al sistema tributario que rige en Colón.
En esta nueva aparición pública, el alcalde detalló: “Yo quise mostrarle al país otras perspectivas que no nos permiten avanzar”, explicó al referirse a las razones que lo llevaron a abrir la discusión sobre el tema.
Para Galván, el problema no radica únicamente en la falta de inversión, sino en la estructura tributaria nacional que, a su juicio, debilita la autonomía financiera del Municipio de Colón.
El alcalde criticó, en el noticiero de Telemetro Reporta, que el modelo tributario vigente “debilita la economía del municipio” al impedir que los ingresos generados dentro de la provincia se traduzcan en beneficios locales.
“Ya existe la Ley de Zona Libre, que permite que los inversionistas que han tenido negocios en ese sector no paguen impuestos en su momento. Ese es un modelo para atraer inversión, pero además de eso hay decisiones nacionales que promueven el no pago de impuestos municipales”, explicó.
Realidad municipal
Galván reveló que, al inicio de su administración, la recaudación municipal apenas alcanzaba los 500 mil dólares mensuales. “Cuando tomamos la Alcaldía, teníamos una recaudación de cerca de medio millón de dólares mensuales. Ahora estamos sostenidos en un millón de dólares mensuales”, informó. Sin embargo, aclaró que los gastos operativos del municipio consumen la totalidad de esos ingresos.
“El municipio no tiene recursos adicionales para atender la ciudad de manera eficiente”, advirtió. Detalló que la Alcaldía cuenta con alrededor de 700 funcionarios, menos de la mitad de los 1,416 empleados que tenía anteriormente.
“Los representantes de corregimiento, a lo sumo, tienen cinco o siete personas para atender todo el tema de cortes de hierba en sus sectores. Cada representante debería tener una planilla de no menos de veinticinco personas, pero no la podemos pagar”, señaló.
Según Galván, su intervención pública buscó “llamar la atención” y generar un debate sobre la sostenibilidad del modelo económico que opera en Colón. “Podemos discutir el modelo económico que se ha desarrollado en esta provincia, pero también tenemos que entender que esta región le genera tantas riquezas al país a través de la Zona Libre, los puertos y otros enclaves comerciales que no promueven desarrollo local”, advirtió.
Ley de 1997
El alcalde insistió en que el Gobierno Nacional debe adoptar una postura más comprometida con la realidad colonense. “Un Gobierno con liderazgo, un Gobierno que realmente diga: ‘De allá estamos sacando dinero, de allá estamos creciendo como país; debemos generar una renta sustitutiva porque la ciudad se está cayendo”, expresó.
Consultado sobre si sería necesario modificar la ley de la Zona Libre de Colón, Galván respondió que no, pero recordó la existencia de la Ley 32 de 1997, creada precisamente para corregir las distorsiones fiscales en el distrito.
“Esa ley, liderada por el padre [Guillermo Chapman] del hoy ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, estableció que todos los impuestos de bienes inmuebles recaudados por el Gobierno Central debían regresar al gobierno local para ser administrados desde el municipio”, explicó.
Sin embargo, el alcalde reconoció que esa normativa no se cumple. “Esa ley está vigente, pero no se ejecuta”, lamentó. Recordó además que la Ley 37 de Descentralización complementa ese principio al establecer que un porcentaje de los impuestos de bienes inmuebles debe regresar a los distritos, aunque “tampoco está siendo respetado en su totalidad”.
Galván apeló a la voluntad del Ejecutivo. “Colón tiene una particularidad y por eso se estableció esta Ley 32 del 97. Conversamos con el jefe de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas al principio del gobierno, pero entendimos que estábamos todos comenzando, golpeados. Hemos tenido paciencia porque necesitamos que el Gobierno Nacional ejecute esta ley que está vigente”, remarcó.
La Ley 32 de 1997 establece un mandato claro sobre el destino de los ingresos fiscales generados en el distrito de Colón: todos los fondos recaudados por concepto del impuesto de bienes inmuebles —incluidos terrenos, edificaciones y construcciones permanentes— deben ser transferidos al presupuesto de inversiones del Municipio de Colón. Según la norma, esas transferencias deben realizarse en partidas cuatrimestrales dentro de los cinco días siguientes al cierre de cada período de cobro, con el objetivo de garantizar que los recursos locales se reinviertan en obras y programas administrados por la Alcaldía.
Posiciones divididas
Las declaraciones de Galván generaron posiciones divididas. Figuras como el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, Dovi Eisenman, y el alcalde del distrito de Panamá consideraron que el discurso del alcalde colonense atacó al sector empresarial y desconoció los incentivos legales para la Zona Libre.
Mientras tanto, alcaldes como la de San Miguelito, Irma Hernández, y la de Arraiján, Estefany Peñalba, coincidieron en que se trata de una realidad que viven muchos municipios del país, afectados por leyes especiales que rigen en zonas francas.
Estas leyes exoneran del pago de impuestos municipales dentro de las zonas libres o áreas de comercio internacional, según lo dispuesto en la Ley 9 de 1958 y una sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En compensación por la restricción tributaria municipal, la Nación se compromete a reconocer a favor de los municipios afectados un subsidio anual.
