Luego de una noche marcada por saqueos, incendios y destrucción de propiedad pública y privada en Changuinola, el presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro.
La medida, publicada este viernes 20 de junio en Gaceta Oficial 30305, responde a lo que el Ejecutivo califica como una grave alteración del orden público que amenaza la seguridad ciudadana y la democracia.
El documento menciona que “grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana, la institucionalidad democrática (...)”.
En consecuencia, el decreto faculta a las autoridades a adoptar medidas excepcionales en un intento por restablecer el control. Aunque el término “estado de urgencia” no figura literalmente en la Constitución Política del país, la figura sí está contemplada bajo la posibilidad de suspender o restringir garantías fundamentales, de acuerdo con el artículo 55 de la Carta Magna, en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación del orden.
¿Qué significa esta medida?
La declaración de estado de urgencia implica que se podrá limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos constitucionales en el territorio afectado. Esto puede incluir, por ejemplo:
Restricciones a la libertad de tránsito,
Mayor presencia y acción de fuerzas de seguridad.
Controles en el ingreso y salida de personas.
Eventualmente, detenciones sin orden judicial bajo ciertos parámetros legales.
Hasta el momento, el gobierno no ha detallado si el toque de queda decretado para menores el pasado viernes 13 de junio, se extenderá a toda la población, ni qué garantías quedarán formalmente suspendidas, pero el decreto deja abierta la posibilidad de aplicar medidas progresivas conforme a la evolución de los hechos.
El estado de urgencia, según explicaron los ministros en una conferencia de prensa este viernes 20 de junio, tendrá una duración de cinco días.
El contexto: violencia inédita
La decisión del Ejecutivo llega tras una jornada de violencia sin precedentes en Changuinola. La noche del jueves, grupos de vándalos atacaron la sede de la empresa Naturgy, destruyeron parte de las instalaciones del aeropuerto local, irrumpieron en oficinas de Chiquita Panamá y saquearon comercios en la Plaza Changuinola, entre ellos una boutique de ropa.
Este viernes, la población amaneció paralizada. Negocios cerrados, oficinas públicas inactivas, bancos sin atención y familias que abandonaron sus hogares por miedo a nuevos disturbios son parte del escenario que motivó al Ejecutivo a intervenir de forma más enérgica.
Por ahora, Bocas del Toro se convierte en la primera región del país bajo esta condición excepcional durante la administración Mulino.
‘Acciones criminales’
En el decreto, el gobierno del presidente Mulino advirte que los hechos ocurridos en la noche del jueves 19 de junio “son inaceptables y no representan una protesta legítima pues se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia”.
