La Procuraduría de la Administración confirmó la interpretación legal de que el presidente y el secretario general de la Asamblea Nacional tienen la potestad para gestionar aspectos clave de la administración interna de la institución, incluyendo asuntos del registro obligatorio de asistencia de los funcionarios.
En la nota C-051-26, fechada el pasado 9 de abril, la procuradora Grettel Villalaz respondió una consulta del contralor Anel Flores sobre el alcance del artículo 161 del Reglamento de Recursos Humanos del Servicio Legislativo.
En su respuesta, la procuradora concluyó que tanto el presidente de la Asamblea como el secretario general tienen la facultad “exclusiva” de exceptuar a determinados funcionarios del deber de marcar las entradas y salidas cuando así lo consideren.
La procuradora recordó que la norma obliga a la Asamblea a mantener un registro de asistencia y puntualidad del personal. Sin embargo, añadió que el reglamento también “faculta en términos amplios” tanto al presidente como al secretario general, de manera independiente, para exonerar a funcionarios específicos.
Villalaz también defendió la vigencia jurídica del artículo cuestionado. Según explicó, la disposición mantiene presunción de legalidad mientras no sea declarada contraria a la Constitución o a las leyes.
Adjuntos
Opinión de la Procuraduría.pdf“El artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos, aprobado por el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo, objeto de su consulta, tal como quedó modificado por la Resolución No. 178 de 30 de junio de 2010, es un instrumento jurídico reglamentario revestido de la presunción de legalidad”, se lee en la nota.
El Reglamento de Administración de Recursos Humanos, adoptado en el año 2010, consta que el registro obligatorio de la asistencia del personal podrá llevarse a cabo a través de reloj, pero también con lista “o cualquier otro medio, previamente notificado, que asegure la veracidad de las horas de entrada y de salida de los servidores públicos”.
La controversia con Vamos
El pronunciamiento de la Procuraduría se conoce en medio de la disputa entre diputados de la bancada Vamos y el contralor Anel Flores por la retención de salarios a 43 funcionarios de la Asamblea, varios de los cuales no cobran desde diciembre pasado.
La Contraloría ha dicho que se trata de procesos de “verificación e investigación” iniciados desde marzo y relacionados con el control de asistencia.
Sin embargo, diputados de Vamos aseguran que las retenciones constituyen una represalia política por las críticas de la bancada independiente a decisiones del gobierno de José Raúl Mulino.
Entre esas diferencias mencionan la oposición al proyecto impulsado por el Ejecutivo para reafirmar la obligatoriedad del etanol en Panamá. La familia Flores es propietaria de una de las cuatro centrales azucareras interesadas en la producción del aditivo. Tras las críticas y cuestionamientos al proyecto, la Asamblea suspendió la discusión de la iniciativa.
Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, emplazó al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, para que intervenga y busque una salida al conflicto por la retención de salarios.
El contralor Flores dijo el pasado viernes que adoptó la medida, que ha sido señalada como violatoria de la ley de carrera administrativa, porque sospecha que esos funcionarios no cumplen el “horario” de trabajo y, por tanto, la Contraloría se vio obligada a “intervenir”, ya que -según él- podría configurarse un posible peculado de uso.
“El panameño que se para a las tres de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y marcar su entrada... ¿por qué no lo pueden hacer estos señores nombrados por diputados?”, manifestó el contralor.
Sin embargo, Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, ha explicado que en el Legislativo no existe “un formato único obligatorio” aplicable de manera uniforme a los despachos de los diputados.
