Mientras otras entidades consiguieron partidas para comenzar a pagar, aunque de forma parcial, la prima de antigüedad adeudada a sus exfuncionarios, en el Ministerio de Salud (Minsa) la cuenta seguirá pendiente.
Son cerca de 7 mil extrabajadores que esperan este pago; algunos, desde 2014. Para 2027, el Minsa pidió $42.2 millones para atender la deuda, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) eliminó ese rubro: recomendó cero.
La situación fue expuesta durante una reunión entre autoridades del Minsa y representantes de los extrabajadores, quienes reclaman el pago de una prestación que, según indicaron, permanece pendiente desde hace 12 años.
Las explicaciones del Minsa
Julio Arosemena, secretario general del Minsa, explicó que la institución ha realizado gestiones ante el MEF para conseguir los recursos necesarios y se comprometió a continuar con ese proceso.
Rosalva de Castro, directora de Recursos Humanos del Minsa, señaló que, hasta 2026, permanecía pendiente el pago a aproximadamente 7 mil exfuncionarios. Añadió que el Minsa continuará gestionando los fondos ante el MEF para cumplir con esta obligación.
Durante la reunión, Aura Valdés de Adames, representante de los exfuncionarios del Minsa en Panamá Oeste, pidió a las autoridades mantener las gestiones para encontrar una vía que permita saldar la deuda.
Rosalva de Castro, directora de Recursos Humanos del Minsa.
“Hasta 2026, permanecía pendiente el pago a aproximadamente 7 mil exfuncionarios.”
Los extrabajadores reclaman una prestación contemplada en la legislación vigente cuyo pago, según plantearon durante el encuentro, permanece pendiente desde hace más de una década.
De hecho, la prima de antigüedad no es una concesión del Estado, sino un derecho de los servidores públicos cuando termina su relación laboral. La Ley 241 de 2021 establece que corresponde al pago de una semana del último salario por cada año laborado, más la proporción por los años incompletos, y señala que la última institución donde trabajó el funcionario debe asumir el pago.
En julio de 2026, además, la Corte Suprema declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que excluían a determinados servidores del beneficio, al considerar que esas restricciones vulneraban el principio de igualdad.
La deuda del Minsa también ha aumentado: en 2025 era de $40 millones y ahora asciende a $42.2 millones.
La realidad a nivel estatal
La Prensa había revelado que las entidades estatales solicitaron $182.2 millones para cubrir el pago de primas de antigüedad durante 2027. Sin embargo, el MEF recomendó $82.3 millones, casi $100 millones menos de lo solicitado. Esta cifra todavía puede cambiar, ya que la propuesta presupuestaria debe ser discutida y aprobada por la Asamblea Nacional.
Mientras otras instituciones con numerosos funcionarios que dejaron sus cargos, ya sea por renuncia o despido, obtuvieron recursos para cubrir parte de estas obligaciones, el Minsa no recibió asignación. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, reporta una deuda de $76 millones y obtuvo $10 millones. Meduca recibió $25 millones, mientras que la Caja de Seguro Social obtuvo $10.7 millones para atender estos compromisos.
Documentos en poder de La Prensa muestran que los $82.3 millones recomendados por el MEF incluyen partidas para entidades descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. De ese monto, $25 millones corresponden a las instituciones descentralizadas, $5.6 millones a las empresas públicas y $3.7 millones a los intermediarios financieros.
Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Justo Botacio, director de Presupuesto del MEF, reconoció que el Gobierno todavía no cuenta con un registro completo de las obligaciones pendientes con exfuncionarios. Por ello, el MEF solicitó a las instituciones información actualizada sobre los montos adeudados y la cantidad de personas que aún esperan recibir este pago.
El diputado del Movimiento Otro Camino (Moca) y miembro de la Comisión de Presupuesto, José Pérez Barboni, cuestionó que el Estado mantenga deudas por servicios ya prestados mientras destina recursos a viáticos, alquileres y dietas. A su juicio, también debe establecerse una prioridad para saldar las obligaciones pendientes con los exfuncionarios.
